Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno imputó a 5 hombres por la “Operación Océano”

SOCIEDAD - justicia

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, integrada por la fiscal titular Darviña Viera y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó en la tarde del miércoles 13 de mayo a cinco hombres detenidos en el marco de la Operación “Océano”.

Un hombre fue imputado por un delito de prometer pagar a una adolescentes a cambio de la ejecución de actos sexuales, en reiteración real con la modalidad de ofrecimiento de estupefacientes.

A otro se le imputaron reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales, en reiteración real con reiterados delitos de suministro de estupefacientes.

Por último, los tres hombres restantes fueron imputados por reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales.

 

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La Fiscalía solicitó como medida cautelar para todos los imputados la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con la víctima por 180 días.

Además, pidió se disponga la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados respecto de sus hijos y se los inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

En rueda de prensa la fiscal Viera señaló que la investigación del caso continúa.

PEDIDO DE FORMALIZACIÓN

SEÑORA JUEZA LETRADA EN LO PENAL DE MONTEVIDEO DE 33 TURNO.

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica, y de Género de QUINTO Turno, en el expediente con número de ficha 2-13958/2020, en mérito a lo que surge de los artículos 213, 224, 227, 266.7 del C.P.P., a la Señora Jueza Dice:

Que viene a solicitar la formalización de la investigación, respecto de W.U.B., M.A.L.G.,M. A.Z., N.O.D.L. y N.C.L. por los siguientes hechos y fundamentos.

HECHOS

La presente investigación se inicia con denuncia por abuso sexual en contra de H.D.S. En efecto con fecha 28/11/2019 se formula la respectiva denuncia donde surge que el mismo se habría vinculado con la adolescente XXXX en la que esta última expresa que este habría abusado sexualmente de XXXX Asimismo el indagado H.G. presentó denuncia respecto de XXXX por difamación ya que la misma habría subido un video a una red social acusándolo de haber abusado de XXXX, aportando su celular y otros datos para la presente investigación.

Luego de diversas diligencias y pericias que se realizaron a los celulares de la adolescente XXXX, de las pericias del celular de XXXX surgen datos de otras menores de edad las cuales serían víctimas de explotación sexual por diversos hombres mayores de edad, dentro de los cuales se encuentran chats con los imputados, de donde surge que los mismos habrían pagado o prometido pagar a la adolescente XXXX, sumas de dinero, o estupefacientes a cambio de que la misma les realizara actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de contenido sexual.

EVIDENCIA

La Fiscalía cuenta con las siguiente evidencia:

-Declaración de la víctima …

-Registro de los celulares incautados de las adolescentes XXXX

– Declaración de los imputados C., L. y B. en presencia de sus defensas.- Declaración de la madre de XXXX

-Denuncia radicada en Maldonado por parte de H.D., la que se encuentra reservada por decretode Penal de 34 turno, No. 744/2020.

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NORMAS JURÍDICAS APLICABLES AL CASO y CALIFICACIÓN

La conducta desplegada por los imputados O., L., Z., B. y C. encuadra en la figura descripta en los artículos 18, 60, del Código Penal, y art. 4 de la ley 17.815, Retribución o promesa de retribución a persona menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y art. 14 y 15 del CNA, art. 31 y 35 de la ley 14.294 y sus modificativas.

Por lo expuesto, se solicita la formalización de la investigación respecto de B., bajo la imputación del art. 4 de la ley 17.815, por prometer pagar a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real con la modalidad de ofrecimiento de estupefacientes.

C. bajo la imputación de reiterados delitos previstos en el art. 4 de la ley 17.815 por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real con reiterados delitos de suministro de estupefacientes.

O., bajo la imputación de reiterados delitos previstos en el art. 4 de la ley 17.815 por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales.

Z., bajo la imputación de reiterados delitos previstos en el art. 4 de la ley 17.815 por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales.

L., bajo la imputación de reiterados delitos previstos en el art. 4 de la ley 17.815 por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales.

El marco jurídico sobre el que se erige la investigación del caso y la presente formalización se constituye por los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, en concreto de las adolescentes, plasmados en distintos instrumentos: en primer lugar, la Convención de Belem Do Pará en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7, disposiciones estas que además del reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, señalan los deberes de los Estados de establecer mecanismos claros y efectivos para tanto para el acceso a la justicia como para la reparación del daño de parte de las víctimas.

En la CEDAW, en sus artículos 2 y 5, de los que surge la obligación contraída por el Estado uruguayo, tanto para disponer medidas de protección efectivas y oportunas para las mujeres, así como también para modificar los estereotipos de género que resultan perjudiciales y discriminatorios hacia las mujeres.

Las Naciones Unidas definieron como uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la Igualdad de Género y al empoderamiento de las mujeres, esto implica que la problemática de la violencia de género obsta y frena al desarrollo de los pueblos, evidenciándosea la violencia y a la explotación sexual como dos fenómenos que más les ha costado a losEstados superar. (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html).

Asimismo, a este respecto, la Convención de la Eliminación De todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) dispone en su artículo 5 que los Estados se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de modificar los patrones culturales que en definitiva sustentan la discriminación de la mujer y la violencia perpetrada en su contra.

El caso que nos convoca trata de una situación de grave vulneración de los derechos de una adolescente al extremo tal de que se la toma por los encausados como una mercancía, como un objeto del cual, de distintas formas, cada uno de los adultos imputados extrajo de forma ilegítima, beneficios para su propio provecho.

Sobre el fenómeno de la Explotación Sexual Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes, semanifestó Gurises Unidos aseverando que: “La ESCNNA es una de las formas más graves de vulneración de sus derechos ya que constituye una forma de violencia sexual que genera daños a nivel físico, psíquico y social. Es una problemática que tiene como centro las asimetrías y las relaciones desiguales de poder entre los sexos y las generaciones.” (“Explotación sexualcomercial hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Dimensión, características y propuestas de intervención”. Fundación Telefónica MOVISTAR Uruguay. Gurises Unidos, AAV V. Año 2016).

Asimismo, atendiendo a la necesidad de una delimitación de la problemática de la explotación sexual, se ha aceptado la definición que consta en el Plan Nacional para la Erradicación de la ESCNNA, el que la describe como: “(…) Una relación de poder y sexualidad mercantilizada en la que niños/as y adolescentes adquieren el rango de mercancía comerciable, lo cual les ocasiona graves daños biopsicosociales. A través de la explotación sexual comercial los adultos implicados procuran la obtención de provechos a través de redes en las cuales intervienen clientes, intermediarios y otras personas que se benefician del comercio de niños/as yadolescentes.” (Ob. Cit. Gurises Unidos. Pág. 23).

Todo lo solicitado es sin perjuicio de ulterioridades, por la continuación de la investigación. Se solicita se disponga atento a lo preceptuado en el art. 79 de la ley 19580, la suspensión en e lejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados, respecto de sus hijos y se los inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Formalización:

Es la comunicación que hace la Fiscalía que de su investigación surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva) y de quien sería el autor (imputado) y buscará que se lo declare como tal en el juicio respectivo. Esta comunicación se da bajo ciertas condiciones, es decir, en presencia del Juez y estando la persona imputada acompañada y asesorada por un abogado, esto se da en la llamada “audiencia de formalización”. Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral.

Audiencia de Formalización:

Es la instancia que se da ante el Juez donde el Fiscal comunica los hechos y el posible delito por el cual se investiga a la persona que es imputada. Si hay motivos para entender que podrá, fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad el Fiscal podrá solicitarle al Juez que adopte determinadas medidas cautelares. Las mismas pueden ir desde fijar un domicilio determinado, someterse a vigilancia, no concurrir a determinados sitios, entre otras medidas y en última instancia la prisión preventiva.

Prisión Preventiva:

Cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes y se entienda que el imputado puede fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad, el Fiscal podrá pedirle al Juez que decrete la prisión preventiva del imputado, quien deberá esperar el juicio en prisión. Esta decisión no refiere directamente a su culpabilidad (lo que será resuelto en el juicio) sino en la posibilidad que de alguna manera realice actos que afecten el normal desarrollo del juicio.

Juicio Abreviado:

Una vez formalizada la investigación por parte de la Fiscalía, puede darse un acuerdo con el imputado y su defensa, para que el juicio se realice mediante esta forma, donde el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa. Se trata de una decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo al tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el Fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral. El imputado se ve favorecido porque ve reducida su pena y el Fiscal porque asegura una condena al imputado. En audiencia el juez escuchará a las partes, se asegurará que el imputado prestó su consentimiento, en forma libre, voluntaria y debidamente asistido y asesorado por su abogado de los alcances del acuerdo. En ese mismo acto, el juez dictará sentencia y el imputado comenzará a cumplir la condena.

Imputado:

Es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Esta calidad jurídica puede atribuirse desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.