El Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau) se pronunció en el marco del caso de explotación sexual perpetrado contra adolescentes, conocido como “Operación Océano”.

SUINAU

El Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau) se pronunció en el marco del caso de explotación sexual perpetrado contra adolescentes, conocido como “Operación Océano”. Mediante un comunicado, el sindicato indica que los cinco adultos procesados, entre los que se encuentran profesionales, empresarios, ex jueces y políticos, cuentan con recursos económicos y vinculaciones suficientes “que les permitirían fácilmente escapar del país y eludir sus responsabilidades penales”, ya que han sido procesados “sin que se les decrete la prisión preventiva”.

Al mismo tiempo recuerda el Suinau, se está discutiendo en el Parlamento una Ley de Urgente Consideración (LUC), “que incluye en su primer capítulo, dedicado al tema de la Seguridad, una serie de artículos (Arts. 74 al 79) dedicados a las normas sobre “Menores privados de libertad” (sic). Estos artículos pretenden modificar algunas disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 17.823) y del Código del Proceso Penal. Dichas modificaciones van desde el incremento de penas, duplicándolas en muchos casos, hasta la eliminación de la suspensión condicional del proceso”.

 

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Para el sindicato, los cambios propuestos “tienen un carácter meramente punitivo y sancionatorio, sin elementos que apunten a la prevención de las infracciones ni a la rehabilitación de los/las infractores/as”, asegura.

“Esto nos lleva a concluir que, en el tratamiento de la justicia hacia las personas menores de edad, en tanto son víctimas y a pesar de las normas nacionales e internacionales existentes, son desprotegidas frente a victimarios generalmente varones, de clase media o alta, heterosexuales y blancos. Sin embargo, si estas personas menores de edad son las que se comportan como victimarios, se pretende aumentar responsabilización como si fueran adultos”, agrega.

“Estas dos cuestiones (la noticia de la red de explotación sexual a la que aludíamos en un principio) como la reforma propuesta en los artículos 74 al 79 de la LUC, tienen una vinculación directa, ya que dan cuenta de una política de Estado y de un tratamiento de la Justicia que se presenta como menos garantista para los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, señala el sindicato.

“Como trabajadoras y trabajadores, vemos con gran preocupación estos hechos, y en este sentido nos manifestamos, anhelando que se retome por parte del Estado, el camino de la protección efectiva de los NNA, de acuerdo a las normas y tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país”.

 

 

 

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Comunicado 

Ante el procesamiento de al menos cinco personas por reiterados delitos de explotación sexual comercial perpetrados contra adolescentes, hechos que se hicieron públicos en los últimos días, nuestro sindicato entiende pertinente expresarse al respecto, con las siguientes consideraciones.

La explotación sexual comercial de niños, niñas o adolescentes es una forma extrema de abuso sexual y una violación gravísima a los derechos de estas personas. Se considera como una forma de esclavitud moderna, la que se produce en el marco de muchas desigualdades y se configura como una clase de violencia de género y generacional.

En nuestro país, este crimen está penalizado desde el año 2004, por la Ley N° 17.815 y establece penas que van desde los dos a los doce años de penitenciaría, no siendo excarcelable.

De momento, los cinco adultos procesados, entre los que se encuentran profesionales, empresarios, ex jueces y políticos, con recursos económicos y vinculaciones suficientes que les permitirían fácilmente escapar del país y eludir sus responsabilidades penales, han sido procesados sin que se les decrete la prisión preventiva.

Concomitantemente con esto, se está discutiendo en el Parlamento una Ley de Urgente Consideración, que incluye en su primer capítulo, dedicado al tema de la Seguridad, una serie de artículos (Arts. 74 al 79) dedicados a las normas sobre “Menores privados de libertad” (sic). Estos artículos pretenden modificar algunas disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 17.823) y del Código del Proceso Penal.

Dichas modificaciones van desde el incremento de penas, duplicándolas en muchos casos, hasta la eliminación de la suspensión condicional del proceso.

En su esencia, los cambios propuestos, tienen un carácter meramente punitivo y sancionatorio, sin elementos que apunten a la prevención de las infracciones ni a la rehabilitación de los/las infractores/as.

Esto nos lleva a concluir que, en el tratamiento de la justicia hacia las personas menores de edad, en tanto son víctimas y a pesar de las normas nacionales e internacionales existentes, son desprotegidas frente a victimarios generalmente varones, de clase media o alta, heterosexuales y blancos.

Sin embargo, si estas personas menores de edad son las que se comportan como victimarios, se pretende aumentar responsabilización como si fueran adultos.

Cabe agregar que, en la actualidad, el 94% de los delitos en Uruguay son cometidos por personas adultas y que desde hace dos años la cifra de adolescentes que cometen infracciones a la Ley Penal Juvenil, viene descendiendo; dato que hace inexplicable la reforma propuesta.

Estas dos cuestiones (la noticia de la red de explotación sexual a la que aludíamos en un principio) como la reforma propuesta en los artículos 74 al 79 de la LUC, tienen una vinculación directa, ya que dan cuenta de una política de Estado y de un tratamiento de la Justicia que se presenta como menos garantista para los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Como trabajadoras y trabajadores, vemos con gran preocupación estos hechos, y en este sentido nos manifestamos, anhelando que se retome por parte del Estado, el camino de la protección efectiva de los NNA, de acuerdo a las normas y tratados internacionales, que han sido ratificados por nuestro país.

Consejo Directivo Nacional del SUINAU