La jueza de Chuy María José Camacho no hizo lugar al pedido del Centro Comercial para que no se construyan los kioscos para los vendedores en la avenida Internacional de Chuy. Al final del fallo, la jueza le solicita a la fiscal que investigue posibles delitos con pagos de plata, segun surge de testigos que declararon en la causa

jueza Maria Jose Camacho 4

La jueza de Chuy María José Camacho no hizo lugar al pedido del Centro Comercial para que no se construyan los kioscos para los vendedores en la avenida Internacional de Chuy. Al final del fallo, la jueza le solicita a la fiscal que investigue posibles delitos con pagos de plata, segun surge de testigos que declararon en la causa.

Chuy, 28 de mayo de 2020.

Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia en
autos caratulados “CENTRO DE COMERCIANTES REGIONAL DE CHUY Y
OTROS C/ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA; MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y MINISTERIO DEL INTERIOR – ACCIÓN DE
AMPARO”, IUE 448–104/2020.
RESULTANDOS:

I. A fojas 45, el 19 de mayo del presente, a las
17.45 horas, se presenta el Centro de Comerciantes Regional de
Chuy, representado por Jeferson Muniz y Renzo Balarezzo; Mauricio
Rey Sención y Carola Beatriz Sosa Caballero; Grupo Veritas Chuy
S.R.L. representada por Oscar Diego Méndez Gianola; Gavialmar S.A.
representada por Silvia Arimon Fernández; y María Magdalena Rocha de
Fonseca, promoviendo acción de amparo contra la Intendencia
Departamental de Rocha, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Ministerio del Interior, expresando, en síntesis, que:

1. se presentan en autos, la parte actora, como un
litisconsorcio activo voluntario, que tienen legitimación por ser
personas físicas o jurídicas que aducen riesgo actual e inminente
para el goce de su derecho al trabajo y a la seguridad.

2. Respecto de la demandada IDR expresa que resulta
legitimada pasivamente, atento a que es la persona jurídica que
mediante su accionar esta atentando de forma inminente contra el
derecho a la seguridad y al goce del trabajo de los
comparecientes. Esta autorizó la realización de una obra de
construcción que limita y restringe de forma manifiestamente
ilegítima los derechos de los comparecientes. Que el tramite
administrativo no se ajusto a la normativa vigente, existiendo

ilicitud en su accionar. Sobre la obra refiere que se instalaran
establecimientos comerciales sobre Avenida Brasil con una
estructura de gran dimensión, haciendo referencia a medidas. Esto
perjudica la operativa de los comercios. Los comparecientes no
fueron notificados de la realización de la obra y de su magnitud.
Los “vendedores ambulantes” que se establecerán se desempeñan
dentro de los mismos rubros de los comerciantes comparecientes.
Esto contribuye a que la Policía y los Bomberos no tengan acceso.
Que existe una ilegitimidad manifiesta, no habiendo el
procedimiento de instalación de los puestos cumplido la normativa,
haciendo análisis de esto;

3. En referencia a la demandada Ministerio del
Interior, expresa que resulta legitimado pasivamente
en virtud de los principios establecidos en el artículo 332 de la
Constitución. La realización de la obra genera una situación de
desmedro del goce de la seguridad, que se establece en la Ley
19.315 artículo 1 y 4. Tampoco hace posible esta obra el
cumplimiento del decreto 211/010, sobre el transporte de valores.
Manifiesta que la omisión imputable al Ministerio del Interior es
no haber tomado las acciones necesarias para hacer efectivo el
cumplimiento de las disposiciones generales que prevé su Ley
Orgánica.

4. En alusión al Ministerio de Relaciones
Exteriores, refiere que por decreto 197/997 le atañe a este la
superintendencia en los temas vinculados a la frontera. La obra se
esta realizando en la Avenida Brasil, límite con el país vecino
Brasil, por lo que debió realizar actos tendientes a controlar si
dicha obra respeta los límites nacionales.

5. Analiza que existe inexistencia de otros medios
judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo

resultado, fundando esto.

 

publicidad comunicado coordinaciones quirúrgicas B

PUBLICIDAD CLINICA CAPILAR 3

PUBLICIDAD HR AUDIOVISUALES

ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA. EMMILY LONG

Kiosco Chuy 11

6. Solicita una medida cautelar de prohibición de no
innovar, justificando la misma con los requisitos de la ley y
ofreciendo contracautela.

7. Funda su petición, alega la existencia de
legitimación activa de su parte, pasiva de los demandados, que
existe una lesión o amenaza de lesión, que existe ilegalidad
manifiesta, que existe ineficacia de las vías administrativas o
judiciales que permitan obtener el mismo resultado.

Ofrece prueba: documental que agrega con la demanda,
testimonial, intimación, declaración de parte, por oficios, careo
e inspección ocular (fojas 66 a 70); funda su derecho; y peticiona
se haga lugar a la medida cautelar de prohibición de no innovar y
se acoja la presente demanda.

II. Por decreto No 883/2020, del 20 de mayo de 2020,
se fija Audiencia, según el artículo 6 de la Ley 16011 para el 22
de mayo del presente, se solicita notificaciones a las partes
URGENTE así como el diligenciamiento de la prueba que se producirá
en la Audiencia, se prevén las medidas sanitarias relacionadas a
la Pandemia del COVID19, se dispone sobre toda la prueba y se hace
lugar a la medida cautelar de prohibición de no innovar
solicitada. Se deja constancia el enorme trabajo del equipo de
esta Sede para cumplir con los preceptos de la Ley casi sin
recursos.

III. De fojas 153 a 157 surge la audiencia de
precepto, la que se llevó a cabo el 22 de mayo del presente, a la
que compareció la parte actora y la parte demandada IDR y
Ministerio de Relaciones Exteriores, no así Ministerio del
Interior por no haber recibido con antelación la notificación para
poder llegar. Se deja constancia que los tres demandados se los

debía notificar en otra jurisdicción IDR en Rocha y los
Ministerios en sus Sedes de Montevideo. Por auto 914/2020, en esta
se prorroga la Audiencia por faltar una de las partes Ministerio
del Interior y en forma excepcional se fija otro comparendo para
el 27 de mayo del presente, a las 9.30 realización de Inspección
Ocular y 10.30 comienzo de Audiencia. Se deja constancia que ese
día, antes también se realizo inspección ocular que surge de fojas
142 a 145. En esta Audiencia se mantuvo la medida cautelar hasta
el próximo comparendo, lo que fue recurrida por la co demandada
IDR.

IV. De fojas 618 y siguientes surge la Audiencia de
Acción de Amparo, la que se llevó a cabo el 27 de mayo del
presente, habiendo culminado el día de la fecha a las 00.55 horas.
En esta compareció la parte actora y la parte demandada IDR,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior.
Asimismo, se presentaron la Asociación de Vendedores asistidos por
representante legal, presentando en Audiencia una Tercería
Coadyuvante respecto de la parte demandada.
Previamente a la Audiencia se realizo Inspección Ocular donde se
tomaron todas las medidas y demás que se solicito por las partes
lo que surge de fojas 184 a 187 vto.

V. En Audiencia primero se procedió a resolver sobre
un escrito con prueba presentado por la parte actora el 22 de mayo
del presente, a la que no se hizo lugar y posteriormente a
resolver la Tercería Coadyuvante a la que si se hizo lugar por los
fundamentos descritos en el decreto 938/2020.

VI. Posteriormente en Audiencia, como reza el
artículo 6 de la Ley 16011, se procedió a oír a los demandados y
al tercerista coadyuvante.

La IDR procedió a contestar la demanda en Audiencia

en forma verbal.

Manifiesta en síntesis que opone expeciones, la de
improcedencia de la vía procesal instaurada, el recurso de amparo
no era el único recurso posible de la actora para amparar su
pretendido derecho; falta de legitimación activa esto en cuanto
los actores deben tener un interés personal y no un interés
genérico de personas indeterminadas o de intereses difusos;
defecto formal en el modo de proponer la demanda en referencia a
que no se cumple con algunos requerimientos del artículo 117 del
CGP. Luego contesta la demanda en términos de rechazo a esta, ya
que no fue desconocida la situación por los actores, se previeron
todos los aspectos en el proyecto de construcción y además la IDR
tiene potestades de resolver sobre lo que realiza en los espacios
públicos.

Agrega prueba de fojas 318 a 582, peticiona se acoja
el excepcionamiento y se rechace la acción impetrada y se condene
en costas y costos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la
contestación de la demanda por escrito y la prueba documental, lo
que surge de fojas 192 a 317. Oponen excepciones de falta de
legitimación activa entendiendo que quien debe denunciar
incumplimientos al Convenio para la Fijación del Estatuto Jurídico
de la Frontera entre el Uruguay y Brasil, que es del 20 de
diciembre de 1933 son los sujetos intervinientes por la vía
diplomática correspondiente; falta de legitimación pasiva atento a
que de la normativa que rige dicho Ministerio no surge que sea
competencia de este el contralor de las obras que se realicen en
las áreas fronterizas. Asimismo contesta la demanda, fundando en
que dicho Ministerio ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones
relativas a su cometido. Solicita se acojan las excepciones

opuestas y se desestime la acción de amparo.

El Ministerio del Interior presenta la contestación
de la demanda por escrito y la prueba documental, lo que surge de
fojas 583 a 603. Refiere que no se cumple en la demanda con lo
previsto en el artículo 117 del CGP, en lo que respecta al
petitorio que es vinculante para el Juzgador. Existe vaguedad en
la pretensión contenida en la demanda y falta de legitimación
pasiva de este Ministerio. Es ajeno a este demandado la obra en
cuestión, existe falta de legitimación manifiesta del demandado
Ministerio del Interior. La potestad de reglamentación en el uso
de los espacios públicos y las vías de circulación compete también
a los gobiernos departamentales. No existe norma que prevea la
injerencia del Ministerio del Interior en la planificación de
obras como la de autos. No se expresa la ilegitimidad manifiesta
ni la norma de derecho vulnerada. Refiere sobre la existencia de
otras vías procesales eficaces, idóneas o alternativas. Peticiona
que se dicte sentencia declarando la falta de legitimación pasiva
del Ministerio del Interior, desestimando la demanda en todos sus
términos.

El Tercerista Coadyuvante, contesta la Demanda en
forma verbal en Audiencia, expresando en síntesis: que debe verse
si se dan los requisitos para que la acción de amparo sea viable,
si hubo manifiesta ilegitimidad. Refiere a que la IDR actúa en el
marco de sus potestades, artículo 35 de la Ley 9515. Que esta
acció fue presentada fuera de plazo, porque se estaba en
conocimiento de los actores este proyecto, durante 4 años se
realizaron reuniones. Dice que se afecta el derechos de los
comerciantes al trabajo pero no explica como, también refiere
sobre la visibilidad que no estaría afectada al contrario de lo
que dice la actora. Refiere que la acción de amparo no puede

referirse a hechos generales que no sean específicamente
determinados. No refieren la decisión judicial que pretenden.
Agrega prueba de fojas 604 a 617 y peticiona se
desestime la demanda en todos sus términos, con condena en costas
y costos.

VI. En audiencia de precepto, las partes se
ratificaron de sus actos de proposición. No prospera la
conciliación y se fijo el objeto del proceso y de la prueba.
Seguidamente se realizo un pronunciamiento de los medios
probatorios. Se tomo declaración a los testigos propuestos por la
parte actora y por la IDR en el presente. Se produjeron los
alegatos finales por la parte actora, todos los demandados en
autos y el tercerista coadyuvante y por auto 947/2020, fundado en
que no se podía sacar la Sentencia en ese momento por falta de
tiempo material, ya que se agregaron en Audiencia unas 300 fojas
que no se pudieron leer por la Suscrita porque se estuvo tomando
prueba desde las 9 de la mañana a las 0.55 del día de hoy, fijando
Audiencia de Lectura de Sentencia para el día de hoy a las 17.45
horas.

CONSIDERANDO:
I. OBJETO DEL PROCESO Y DE LA PRUEBA
1. Según surge de autos, en la Audiencia de fojas
618 y siguientes, se fijó el objeto del proceso en determinar la
procedencia de la demanda incoada atento a la oposición de los
demandados.
Y el objeto de la prueba en acreditar los hechos alegados y
controvertidos por las partes.
II. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO.

La acción de amparo se encuentra regulada por la ley
N° 16.011, la cual establece los elementos subjetivos y objetivos

de la misma.

Así, el artículo 1 de dicha ley expresa “Cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la
acción de amparo contra todo acto, omisión u hecho de las
autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares
que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja,
altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus
derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la
Constitución (artículo 72), con excepción de los casos en que
proceda la interposición del recurso de “habeas corpus” …”
Y el artículo 2 “La acción de amparo sólo procederá cuando no
existan otros medios judiciales o administrativos que permitan
obtener el mismo resultado previsto en el literal B) del artículo
9 o cuando, si existieren, fueren por las circunstancias
claramente ineficaces para la protección del derecho…”

Tal como establece Viera “Los elementos objetivos
del amparo resultan de los artículos 1 y 2 de la ley. Son: un
acto, hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace
un derecho o libertad, un derecho o libertad reconocida,
expresamente o implícitamente por la Constitución, salvo el
habeas corpus, con manifiesta ilegitimidad, provocando o
amenazando provocar al titular del derecho o libertad un daño
irreparable y, por último que no exista en el ordenamiento
jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan
obtener el mismo resultado que se persigue con el amparo” (“Ley
de Amparo”, Ediciones IDEA Montevideo, Montevideo 1993, pág. 13).
La figura jurídica del amparo, si bien es de
imprescindible acogida en todo orden jurídico, es de aplicación
netamente residual y opera por razones serias de urgencia e
inminencia del daño, y ante una situación de ilegitimidad

manifiesta. El instituto del amparo esta organizado como una vía
de absoluta urgencia en la adopción de medidas destinadas a
corregir los efectos de un acto o de una situación esencialmente
injusta o para cautelar el peligro de agravio.

III. SE PROCEDERÁ A ANALIZAR POR SEPARADO LA

SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS DEMANDADOS EN AUTOS.
1) INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA.
i) La IDR al contestar la demanda en Audiencia opone la excepción
de improcedencia de la vía procesal instaurada: acción de amparo;
falta de legitimación activa y defecto en el modo de proponer la
demanda. Entraremos al análisis de estas, a efectos de resolverlas
a efectos de dilucidar si se debe entrar a la circunstancia de
fondo.
ii) Sobre la primera excepción de improcedencia de la vía procesal
instaurada se debe decir:
Tal como surge de la ley 16.011, para que proceda la acción de
amparo deben darse todos los elementos objetivos en su conjunto,
es decir la carencia de uno sella el destino de la pretensión, ya
que hace imposible su acogimiento.
No se probó en autos la inexistencia de otros medios o la
ineficacia de ellos para lograr el mismo resultado, lo que esta
previsto en el artículo 2 de la Ley 16011.
El amparo solo procede cuando no existen otros remedios legales,
idóneos y eficaces, en orden a la protección del derecho o de la
libertad que se procura tutelar o cuando, aún existiendo, la
ocurrencia de los mismos provoca un serio e irreparable gravamen,
por función de su insuficiencia o ineficiencia.
Para mayor claridad, se hará referencia a la sentencia N° 92/2004
dictada por el TAC 5°, cuyos fundamentos son aplicables al caso de
autos (Caso 133057, la Justicia Uruguaya): “Ha dicho la Sala, en

conceptos trasladables a la subcausa, que si existen otras vías
previstas por el ordenamiento jurídico para la protección de los
derechos invocados en hipótesis como la que se configura en
autos, el amparo pretendido no puede prosperar. Y esas otras vías
son las que de regla ha de seguirse para la tutela pretendida,
porque legalmente el amparo únicamente constituye mecanismo
residual, procedente cuando circunstancias excepcionales
determinan la “clara” ineficacia de los instrumentos procesales
comunes (art. 2 de la Ley No 16011 de 19/12/1988).”
“… Obviamente, no fue esa la situación tenida en cuenta por
el legislador al reglamentar el procedimiento del amparo, como
remedio excepcional, que reservó para situaciones de real
urgencia y patente ineficacia de las vías comunes de protección,
en que estuvieren involucrados los derechos de mayor relevancia,
por su expresa consagración constitucional; tal como destacan
doctrina y jurisprudencia, que por lo conocidas no se reproduce
en aras de la brevedad.
En el subiudice (…) puede concluirse sin esfuerzo que la vía
elegida para la deducción de la pretensión no sólo no es la
procedente, sino que resulta manifiestamente improcedente, y que
se la ha utilizado de modo que cabe rechazar enfáticamente, so
pena de tolerar el uso bastardo de un instrumento de importancia
capital en un sistema democrático.
La parte actora dispone de diversos mecanismos para
perseguir la tuición que aquí pretende; según como se interprete
la plataforma fáctico-jurídica y se ejercite los derechos que se
postula, puede acceder a procesos ordinarios o monitorios y, como
tutela preventiva adosada a cualesquiera de ellos, al amplio
régimen legal de cautelas en sentido estricto (de no innovar o
innovativas), medidas provisionales y anticipadas, que permiten

precaverse de hipotéticos perjuicios, puramente patrimoniales
como el que se invocó.
Se subvertiría entonces todo el régimen procesal ordinario,
e incluso el de tutela diferenciada que caracteriza a las
estructuras monitorias o al moderno sistema cautelar legal, si se
habilitara la sustitución de esas vías por la de amparo, ante la
mera alegación de ineficacia, fundada exclusiva y pobremente en
la consideración del tiempo que insume la tramitación de los
mecanismos comunes, que tampoco es tanto como el que se sostiene
por la parte accionante … ” (cf. sentencia No 116/2002,
Resolución No 568/2002 y sentencia No 90/2002)”.
No surge de autos la clara ineficacia de otros instrumentos
procesales que impidan a la parte accionante obtener la tutela
pretendida, la que deberá encontrarse en la vía administrativa o
judicial.
Por lo dicho se hará lugar a esta excepción.
Iii) Sobre la segunda excepción de falta de legitimación activa, la
IDR refiere que los actores deben de tener un interés directo,
personal y legítimo. Respecto de esto puede discutirse, ya que el
artículo 1 de la Ley 16011 habla de que cualquier “persona física
o jurídica” por lo que la comparecencia del Centro Comercial de
Chuy, como tal estaría amparada y no sería de recibo para esta
Suscrita.
iv) En referencia a la excepción del modo de proponer la demanda,
es cierto que la misma no es del todo clara, dentro de esta se
hace un Capítulo sobre lo que debería fallarse cuando debió
realizarse en el Petitorio, no se cumplieron con formalidades que
la Ley de Amparo específicamente refiere.
Si es cierto que no cumple con el artículo 117 en su totalidad,
por lo que se hará lugar a esta excepción.

v) Sin perjuicio de lo ya dicho, para que la Acción de Amparo,
Proceso Especialisimo previsto en la Ley 16.011 tenga lugar se
deben dar ciertos requisitos excluyentes.
Debe existir un acto manifiestamente ilegítimo para que proceda la
acción de amparo.

Tal como establece Viera para saber si un acto es
“legítimo o ilegítimo depende de la valoración que haga el juez
de las circunstancias de cada caso a la luz de las normas que lo
regulan. Se trata de un examen de jurisdicidad, no de
conveniencia u oportunidad” (Ob. Cit. Pág. 17).

Es decir que es necesario valorar el acto a la luz

de las normas que lo regulan.

Dicha ilegitimidad debe tener otra característica

más y esto es que sea manifiesta.

Respecto a esta característica señala Viera que “La
ilegitimidad debe resultar clara, evidente, inequívoca, grosera.
Que prácticamente se probara de inmediato, “in continenti”” (Ob.
Cit. Pág. 17).

La ilegitimidad manifiesta exigida por el artículo 1
de la Ley 16.011, impone la necesidad que el vicio denunciado
posea una entidad de tal magnitud que resulte posible reconocerlo
sin el menor análisis, dada la sumariedad del trámite. Vicio que
debe ser inequívoco, incontestable, notorio (Sagues, Néstor,
Acción de Amparo, página 115 y siguientes; Palacio, Lino, Derecho
Procesal Civil, Tomo VII, página 144; Anuario de Jurisprudencia de
Derecho Procesal 2009, página 250).
Para Véscovi este requisito tiende a restringir el uso de la vía
excepcional y, resulta indispensable en un proceso rápido que no
amerita más que una cognitio sumaria. Por esto debe resultar clara
esa ilegitimidad y surgir del acto mismo o del expediente a través

de una prueba sumaria (Principales perfiles del amparo en el
Derecho Uruguayo, RUDP 4/86, página 486 y siguientes).
Manifiesta es clara, notoria, indudable, cierta, ostensible,
palmaria (Bidart Campos, Régimen legal y jurisprudencia del
amparo, página 254; Viera, Ley de Amparo, página 22).
El Tribunal debe limitarse exclusivamente a captar la ilegalidad
si esta aflora a la superficie del conflicto, si se exterioriza
con claridad y contundencia, si es manifiesta, pero nunca debe
buscarla (Rivas, A propósito de la nueva Ley de Amparo Uruguaya,
Revista de la Judicatura No25-26, página 42; RUDP 2-3/1994, caso
697 TAC 5o).

Cabe preguntarse ¿cuál es el acto ilegítimo de la
IDR que afecta a los actores?. Esto no surge indudable de la
demanda ni de la prueba incorporada.
De la prueba de autos surge que hace unos 30 años o más existen
vendedores ambulantes en la ciudad de Chuy, los que ahora se
transformaron en una Asociación y son Vendedores Establecidos.
Actualmente y según se pudo apreciar en la Inspección Ocular,
trabajan en decks de hierro y madera en las veredas de la Avenida
Brasil, frente a distintos comercios de la zona, ocupando más o
menos extensión de la vereda. También surge de autos que desde el
2016 se viene trabajando en distintas reuniones: IDR, Municipio,
Comerciantes y Vendedores Ambulantes o Establecidos respecto a su
reubicación en un lugar específico. Se manejaron varios proyectos
y desde el 2018 se maneja este, el cual era de conocimiento de los
comerciantes según las declaraciones claras de autos, en las que
algunos no decidieron apoyar porque era resorte del Gobierno
Departamental y otros si con dinero, sobre lo que no se ahondará
por lo que se fallará.
Sobre los espacios públicos prevé la Ley Orgánica Municipal 9515

que es competencia de los Gobiernos Departamentales disponer sobre
estos, estando establecido por ley nos guste o no el Proyecto en
el que se esta trabajando, lo cual es extra ley.
Para la Suscrita no queda claro cual es el acto lesivo, que en
este momento les causa un perjuicio en su interés, directo,
personal y legítimo.
A saber: los vendedores objeto de este proceso existen desde años
y están en las veredas de sus comercios, sobre el proyecto sabían
con un plazo mayor al de los 30 días que estipula la ley, saben
desde el año 2018 y participaron activamente.
Si el acto ilegítimo es el expediente administrativo en el que
mediante resolución se aprueba el proyecto y se llama a
licitación, lo que saben desde hace tiempo podrían haber utilizado
vías alternativas a este proceso como administrativas, recursivas,
jurisdiccionales como daños y perjuicios y medidas cautelares
previas, procesos que no se hicieron. No surge a criterio de la
Suscrita ningún acto o hecho ilegítimo alguno de la IDR.

Sin perjuicio de lo anterior, para que la conducta de
la demandada fuera manifiestamente ilegítima la colisión de
aquella con las normas debe ser claro, lo cual no surge de autos.
No se probó siendo su cargo hacerlo: artículo 139 del CGP.
vi) Tampoco se cumplió en este caso para la Suscrita con lo
referido en el artículo 4 de la Ley 16011, respecto del plazo de
presentación. Surge claro que del proyecto se tenia conocimiento
por los propios comerciantes desde mediados del 2018 (el actual).
A criterio de la Suscrita el acto, hecho u omisión no se produjo
al comenzar a construir las obras, las que según declaración de un
testigo se comenzaron 35 días antes desde que fuera dispuesta la
medida cautelar de no innovar. Este acto era el proyecto, el cual
por su ubicación ahora que comenzó la construcción les causa

perjuicio.
En suma, la pretensión de amparo debe ser rechazada por ausencia
de uno de los presupuestos esenciales, que justifique acudir a
una vía de tal sumariedad que el ordenamiento le propone como de
extrema excepcionalidad.

2) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

i) En autos este demandado opone las excepciones de falta de
legitimación activa y pasiva correspondiendo pronunciarnos sobre
estas, previo a todo análisis de fondo.
ii) La legitimación en la causa es la consideración especial que
tiene la ley dentro de cada proceso a las personas que se hallan
en una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud
de lo cual, exige para que determinada pretensión de fondo pueda
ser examinada, que sean dichas personas las que figuran como parte
del proceso (Guasp, “Derecho Procesal Civil”, Tomo I, página 185).
Según enseña la doctrina la legitimación se resuelve en una
situación determinada, por la particular posición del sujeto
frente al objeto, la legitimación es ajena a la condición de parte
y deriva de la situación jurídica o relación sustancial. Se
determina por la relación sustancial, pese a ser un concepto
procesal. Por ende, la legitimación no consiste como la capacidad,
en una condición o cualidad intrínseca del sujeto, sino en una
cualidad extrínseca en la relación del sujeto con el objeto: que
es el de la pretensión. Es la posición que permite a un sujeto
obtener una providencia eficaz sobre el punto litigioso. Es
entonces, un concepto procesal pero referido a la pretensión, esto
es, al derecho sustancial reclamado (conceptos de Enrique Véscovi,
Derecho Procesal Civil, Tomo II, Página 162; Enrique Véscovi, “Los
sujetos del proceso. Las Partes”, en cuadernos del IUDP, Tomo I,
página 298; Enrique Véscovi, Código General del Proceso Anotado,

Comentado y Concordado, Tomo I, página 228).
iii) Respecto de la falta de legitimación activa de este
demandado, esta Magistrada entiende que se debe hacer lugar a la
misma.
El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene injerencia en el
objeto de este amparo: la construcción de las obras por Avenida
Brasil.
Según surge de la prueba agregada en autos, existe un “Convenio
para la fijación del Estatuto Jurídico de la Frontera entre el
Uruguay y Brasil”, que data del año 1933 entre ambos Estados. En
un convenio internacional y por ende lo que pueda resultar de
este: omisiones, incumplimientos, acciones no favorables, no
pueden existir reclamaciones, en el caso de que las hubiera de
particulares, sino que por las reglas del Derecho Internacional
Público, se hace entre países.
Por lo dicho, la parte actora en total, Centro Comercial de Chuy y
los demás comerciantes presentados por si, no tienen legitimación
para solicitar esto, carecen de legitimación.
iv) Respecto de la falta de legitimación pasiva que oponen, esta
Sentenciante también hará lugar a la misma.
La reglamentación citada: Decreto 197/997 en la redacción dada por
el Decreto 355/2014, establece dentro de los cometidos de este
demandado controlar la política de frontera, limítrofe o marítima,
así como coordinar, planificar y ejecutar la política nacional de
frontera limítrofe. Esto es, analizando el cometido el Ministerio
de Relaciones Exteriores debe implementar políticas de frontera.
La Dirección General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes
y Marítimos tiene dentro de sus cometidos con las Comisiones
Mixtas las gestiones y la actuación de delegaciones nacionales en
temas limítrofes, marítimos y de frontera.

No está dentro de los cometidos del Ministerio de Relaciones
Exteriores el control de obras sobre la Avenida Brasil, que
claramente es territorio uruguayo. Asimismo las construcciones no
se encuentran en la linea divisoria, no es una zona limítrofe que
se deba controlar, por ende no esta obligada ni facultada a ello.
La prueba documental de por si sola prueba lo que se esta
refiriendo, por lo que carece realizar más análisis al respecto.
Al no estar dentro de sus funciones el control de esta obra objeto
de autos, carece absolutamente de legitimación pasiva.

3) MINISTERIO DEL INTERIOR.

i) El Ministerio del Interior al contestar la demanda de acción de
amparo opone la excepción de falta de legitimación pasiva, que es
la que entiende esta Suscrita que primero debe resolver sin entrar
al fondo del asunto y las demás precisiones que refiere dicho
Ministerio.
ii) Ya vimos precedentemente, lo que es la legitimación su
definición y los alcances de esta.
iii) Sin perjuicio de la identificación del acto lesivo que ya se
analizo, cuando se refirió a la Intendencia Departamental de
Rocha, en este caso el Ministerio del Interior no tiene injerencia
en el control o no de obras realizadas en espacios públicos y
dispuestas por la autoridad competente.
Las funciones del Ministerio del Interior con otras y están en la
Ley 19315, en lo que hace referencia al orden y la seguridad
pública interna.
Primero la obra esta en construcción y hasta el momento no se pudo
probar la omisión del Ministerio del Interior en las funciones
antes dichas al estar finalizada la misma. Tampoco se probó que
finalizada la obra, se pueda afectar la función de este
Ministerio, sería algo se hacer futurismo que no corresponde a

esta Sede.
El Ministerio del Interior no tiene potestades ni funciones de
contralor de obras que sean autorizadas por el Gobierno
Departamental, existiendo órganos específicos para ellos.
No se probó que el Ministerio este cumpliendo o podría incumplir
las funciones establecidas en su Ley Orgánica, así como tampoco que
tenga funciones de contralor de obras, por lo que la falta de
legitimación pasiva es elocuente, no entendiendo que se deba
analizar otras circunstancias.

 

Publicidad comunicado policlínicas presenciales Cb

PUBLICIDAD CLINICA CAPILAR 2

PUBLICIDAD CLINICA CAPILAR 1

Kiosco Chuy 9

4) VENDEDORES ESTABLECIDOS.
Ellos se incorporaron al proceso como terceros
coadyuvantes a la parte demnandada, por lo que por lo analizado y
el Fallo, no se hara referencia a lo expresado por ellos, no solo
por la falta de tiempo para culminar la Sentencia sino porque es
superabundante con todo lo que ya se dijo respecto de los
demandados.

V. CONDENA EN COSTAS Y COSTOS.
Esta Suscrita no realizara en esta instancia condena

en costas y costos.

Por los fundamentos expuestos, y en base a la
normativa citada, normas concordantes y complementarias, se FALLA:
EN REFERENCIA A LA DEMANDADA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
ROCHA HACER LUGAR A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS DE IMPROCEDENCIA DE
LA VIA PROCESAL Y DE DEFECTO FORMAL EN EL MODO DE PROPONER LA
DEMANDA, SIN PERJUICIO DE QUE NO SE CUMPLIÓ CON EL ACTO LESIVO,
LA ILEGITIMIDAD MANIFIESTA NI EL PLAZO REQUERIDO, DESESTIMANDO LA
ACCIÓN DE AMPARO INCOADA A SU RESPECTO, POR LO YA REFERIDO.
RESPECTO AL CO DEMANDADO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
HACER LUGAR A LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y
DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA Y POR ENDE DESESTIMAR LA ACCIÓN

DE AMPARO INCOADA A SU RESPECTO POR LO FUNDADO UT SUPRA.
Y EN REFERENCIA AL CO DEMANDADO MINISTERIO DEL INTERIOR
HACER LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA Y POR
ENDE DESESTIMAR LA ACCIÓN DE AMPARO INCOADA A SU RESPECTO POR LO
FUNDADO PRECEDENTEMENTE.

ATENTO AL FALLO DE ESTA SUSCRITA PROCÉDASE AL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE NO INNOVAR
DISPUESTA.

ATENTO A LA CALIDAD DE ESTA MAGISTRADA Y LAS
DECLARACIONES VERTIDAS EN AUTOS, FÓRMESE PIEZA DE ESTAS
ACTUACIONES Y EXPÍDASE TESTIMONIO, EL QUE SERA REMITIDO A LA
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE CHUY, A EFECTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE
ALGÚN PRESUNTO HECHO ILÍCITO, EN EL OFRECIMIENTO DE PRESUNTOS
“PAGOS” QUE SURGEN DE VARIAS DE LAS DECLARACIONES, SALVAGUARDANDO
MI RESPONSABILIDAD FUNCIONAL COMO MAGISTRADA Y FUNCIONARIA
PÚBLICA.
COSTAS Y COSTOS POR SU ORDEN.
HONORARIOS FICTOS A LOS EFECTOS FISCALES 3 BPC.
EJECUTORIADA, EXPÍDASE TESTIMONIO Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.