Fiscalía de Lesa Humanidad apeló fallo judicial que consideró prescriptos delitos

DESAPARECIDOS

Fiscalía de Lesa Humanidad apeló fallo judicial que consideró prescriptos delitos.

 

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, presentó un recurso de recusación y apelación contra un fallo del Juez Letrado de Maldonado de 10º Turno que consideró prescriptos los delitos imputados a dos hombres por parte del fiscal.

En el texto, Perciballe solicitó se “revoque por contrario imperio la resolución atacada y en forma inmediata resuelva la solicitud de procesamiento pendiente respecto de los imputados”.

El fiscal agrega que “si se mantiene la posición, eleve los presentes al Tribunal de Apelaciones que corresponda”.

Esta causa se encuentra al amparo del Proceso Penal anterior.

 

 

PUBLICIDAD COMERO SUSPENSION MEDICAMENTOS

CLINICA CAPILAR DR. LUIS PALMARINO

PUBLICIDAD HR AUDIOVISUALES

ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA. EMMILY LONG

 

 

 

IUE: 288-835/2011
JUZGADO: JUZGADO LETRADO DEL INTERIOR
TIPO: EN DESPACHO
CARÁTULA: A.E., P.G.. UN DELITO CONTINUADO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS B.C., A.W. DOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. 8 PIEZAS CON AGREGADOS 523-320/2018 EN 1 PIEZA, 523- 323/2018 EN 1 PIEZA, 523-10/2019 Y
523-2/2019.
N.º DE ACTUACIÓN: 101

SR. JUEZ LETRADO DE MALDONADO DE 10° TURNO.

El Fiscal Letrado Nacional especializado en Crímenes de Lesa Humanidad en la causa “A.E.P.G. UN DELITO CONTINUADO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS B.C.A.W. DOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. IUE 288-835/2011 al Sr.
Juez DICE:
I.- Que en tiempo y forma se presenta a interponer recursos de reposición y apelación contra el decreto N.º 775/2020 de fecha 17 de Junio de 2020, por el cual se declaró que los delitos requeridos por la Fiscalía respecto de J.L.B. y
V.H.S. se encuentran prescriptos. Razón por la cual dispuso la clausura y el archivo de las actuaciones a su respecto.

II.- El decreto referenciado le fue notificado electrónicamente el día 18 de
Junio del 2020, conforme C.N° 1321/2020, por lo que se encuentra en plazo para interponer los presentes.

III. La Fiscalía discrepa enfáticamente con la postura asumida por la Sede, habida cuenta que ésta desconoce ostensiblemente un conjunto de normas de carácter internacional protectivas de los derechos humanos, así como la jurisprudencia nacional e internacional que a lo largo de los años se fue construyendo en la materia. Anejo a ello, también soslaya lo resuelto en autos, así como la propia vigencia de la Ley 18.831.
El eje de los agravios de la Fiscalía gira en torno a:
1.- La violación de la intangibilidad de la cosa juzgada. 2.- El desconocimiento de la vigencia de la Ley 18.831.
3.- Que hecho se mencione la teoría de la justa causa, pero se le dé una interpretación limitada y contraria a la posición de los máximos órganos de alzada.
4.- La omisión respecto a toda la normativa internacional por la cual fue reconocida la existencia de los crímenes de Lesa Humanidad y fundamentalmente las obligaciones estatales al formar parte del concierto internacional de naciones.
5.- Que se afirme que con la imprescriptibilidad se vulnere el Principio de Legalidad en su vertiente de irretroactividad de la ley penal más perjudicial. 6.- El hecho que se soslaye lo resuelto en la sentencia Gelman vs. Uruguay y con ello las normas en que ésta se fundamenta.
7.- Por último, al pasar por alto el principio -elemental de hermenéutica en materia de protección de los derechos humanos- pro homine o pro persona.

CONSIDERACIONES PREVIAS
La hostilizada, por un conjunto de razones, llama poderosamente la atención de éste representante de la causa pública. A saber:
1.- Por cuanto, en los dos años y medio que se encuentra al frente de la Fiscalía especializada es la primera vez que un Juez decreta la prescripción de una causa.
2.- En dicho lapso decenas (es probable que muy cercano al centenar) de fallos de los tribunales de primer y segundo grado -con distintas argumentaciones por cierto- han resuelto que los crímenes investigados no han prescripto.
3.- Asimismo, en diversas ocasiones se ha expedido la Suprema Corte de Justicia y ha resuelto que tales crímenes tampoco han prescripto. Punto que será analizado en particular cuando se desarrolle todo lo atinente a la posición que deniega la prescripción en razón del principio de que al impedido por justa causa no le corre el plazo.
4.- En razón de lo que viene de verse, lo que más le asombra es que se tome una resolución de tal magnitud sin refutar un solo punto de las posiciones que los tribunales de apelaciones y aún de la Suprema Corte de Justicia han asumido al respecto.
5.- Anejo a lo anterior, se sorprende además, por cuanto toma algunas posiciones en boga (justa causa) empero, le asigna una interpretación diversa a la de los Tribunales de alzada y aún de la Corporación. Y no solo ello, sino por cuanto se recluye únicamente en la normativa nacional desconociendo de esa forma toda la de carácter internacional protectiva de los derechos humanos y la teleología que le da origen a la misma.
6.- Empero, lo que por sobre todo llama la atención es lo sostenido en su capítulo V “A este juez, su formación y conciencia jurídica le imponen aplicar el Derecho en sus justos términos, o por lo menos así intenta hacerlo, pues a ello resulta obligado en un Estado de Derecho…” ¿qué se quiere resaltar con ello? ¿que la Fiscalía no actúa de esa manera? ¿Qué los distintos tribunales que hasta el presente, a largo y ancho del país procedieron distinto, no aplicaron el derecho en “sus justos términos” y conforme a un Estado de Derecho?
7.- Por si ello no fuera suficiente, el A quo no advirtió que el punto en discusión ya fue saldado en autos. A poco que se analicen los presentes se verá que la excepción de prescripción ya se encuentra resuelta. Punto que se especificará infra.
8.- Pero más allá de todo lo que viene de verse, el sentenciante desconoció la vigencia de la Ley 18.831. Es decir lo que ningún magistrado puede hacer.
En razón de lo anterior, bienvenidas las posiciones diversas a las que hasta el presente han primado, empero, si ellas se encuentran sustentadas en fundamentos jurídicos, que no desconozca toda la normativa internacional protectiva de los derechos humanos.

VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA
De un detenido examen de los presentes, se verá que la cuestión que hoy resuelve la impugnada ya se encuentra expresamente saldada en autos y de esa forma se vulnera la intangibilidad de la cosa juzgada.
En tal sentido, no se puede desconocer que los anteriores titulares de la Sede pospusieron la resolución sobre la prescripción de los delitos, hasta la etapa procesal pertinente.
Ver al respecto resoluciones N° 2370 de fs. 634 y 635; N° 2956 de fs. 704 y 705, N° 2043 de fs. 1202 y 1203 y N° 170 de fs. 1287 a 1289, así como la confirmación de éstas últimas por el TAP 2° mediante sentencia N° 328 y aún de la SCJ por sentencia N° 1847 de fs. 1448 y 1449.
En ese marco, la Dra. Verónica Ester Pena por interlocutoria N.º 251/2019 de fecha 18 de Febrero del 2019 dispuso el procesamiento de A.B. y P.A. (fs. 2023 a 2048).
En tanto, en el tema que nos ocupa, en su parte dispositiva resolvió en forma genérica “Desestimase la defensa de prescripción de los delitos imputados” (fs. 2047).
Por su parte, en su RESULTANDO 10.- y en lo que hoy nos convoca estableció “Se diligenció prueba dispuesta por la Sede y fueron oídas las respectivas defensas: Dr. Napoleone, respecto de su defendido, interpone excepción de prescripción” … “En definitiva, solicita el archivo y en subsidio, de recaer procesamiento lo sea sin prisión. (fs.1845)”.
Dra. Figueredo por B. y S., alega que sus defendidos actuaron conforme a la ley, indica que la ley 14.068 era el régimen aplicable. Expresa que no hay prueba suficiente e insiste en su posición de que los delitos están prescriptos por haber transcurrido más de diez años. En definitiva, solicita se archive la causa y en subsidio, solicita recaiga procesamiento sin prisión para sus defendidos”.
De lo anterior es dable sostener que la prescripción dispuesta en la sentencia alcanzó también a B. y a S. desde que éstos (al igual que los procesados) fueron imputados por la Fiscalía. Ergo, quedan comprendidos en lo resuelto por la interlocutoria N° 251/2019 que como señaláramos supra dispuso “Desestimase la defensa de prescripción de los delitos imputados” La Defensa de S. fue notificada de dicha sentencia a fs. 2051 y la de B. a fs. 2052.

Pese a ello, la misma no fue impugnada por dichas defensas.
En resumidas cuentas, existe cosa juzgada sobre el punto en discusión. Luego, el sentenciante no pudo apartarse de ello.

DESCONOCIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA LEY 18.831
Lo señalado en el capítulo precedente, es por sí mismo suficiente para revocar la sentencia impugnada.
No obstante, se aduna a ello la vigencia irrestricta de la Ley 18.831, por lo que en dicho caso, es ostensible la ilegalidad de lo resuelto.
En efecto.
1.- En lo que refiere a la situación del imputado V.S., su Defensa interpuso la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 18.831. (fs. 921 a 931).
Dicha excepción fue desestimada por la Suprema Corte de Justicia por sentencia N.º 28 del 19 de Febrero del 2014. (fs. 1062 a 1071).
Pese a ello, dicha Defensa volvió a plantear la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 (fs. 1351 a 1362).
Circunstancia que debió conllevar su rechazo in límine por el A quo, y aún por la Suprema Corte de Justicia.
No obstante, se le dio trámite a dicho excepcionamiento, y nuevamente la Suprema Corte de Justicia, por sentencia N° 342 de fecha 21 de Septiembre de de 2016, volvió a desestimar la excepción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensa de S. (fs. 1407 a 1421).
En resumidas cuentas, la Ley 18.831 se encuentra vigente y no fue declarada inconstitucional respecto del imputado S.
Por tanto, el Juez tiene la obligación de aplicarla y por ende de forma alguna se pudo disponer la prescripción y la clausura de las actuaciones en relación a S.
Aún cuando ello es de una claridad meridiana, lo estableció diáfanamente en estos autos, el Tribunal de alzada.
En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones de 2° turno por sentencia N° 328 de fecha 26 de Noviembre de 2015 sostuvo “La instrucción en curso debe proseguir por la sencilla razón del estricto acatamiento a la ley vigente, que no ha sido derogada por más que para determinados asuntos en particular hayan sido declarados inconstitucionales algunos artículos” (fs. 1337 a 1339).
Sentencia que a la vez fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia por sentencia N° 1847 de fecha 21 de Noviembre de 2016. (fs. 1448 y 1449).
2.- En lo que refiere a la situación del imputado B., éste, personalmente o por su Defensa, compareció en diversas ocasiones ante la Sede y en ninguna de ellas interpuso la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 18. 831.
A saber:
A fs. 335 a 349 se realizó la audiencia indagatoria.
A fs. 463 compareció la Defensa y requirió el diligenciamiento de prueba. A fs. 1563 la Defensa solicitó prórroga de audiencia.
A fs. 1845 a 1851 la Defensa contestó la requisitoria fiscal y en dicha instancia solo formuló la excepción de prescripción.
A fs. 1878 a 1881 se realizó la audiencia ratificatoria.
Finalmente a fs. 1987 la Defensa pone en conocimiento de la Sede lo resuelto en otra causa en relación a su defendido.
En resumidas cuentas, en las distintas oportunidades que se ejerció la Defensa material y técnica de B., nunca se interpuso la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 18.831.
En razón de ello, la posición del decisor es gravísima, puesto que al disponer el archivo de las actuaciones por prescripción, desconoció de forma flagrante la vigencia de la Ley 18.831.

AL IMPEDIDO POR JUSTA CAUSA NO LE CORRE EL PLAZO
En una peregrina interpretación del principio elencado en el art. 98 del C.G.P. la impugnada admite parcialmente la doctrina que se elaborara desde los tribunales para computar el lapso de prescripción. Habida cuenta que solo considera el período de la dictadura cívico militar como obstáculo para la actuación de la Justicia.
Pues, a sensu contrario considera “El argumento de que la ley conocida como caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ley 15.848, impedía la persecución de dichos delitos no resulta de recibo, por cuanto dicha ley establecía un procedimiento para ello, es cierto que con limitaciones, pero que ni siquiera se intentó en autos, pues claramente las denuncias que se instruyen fueron presentadas con fecha 31/10/2011” (fs. 2336 y 2337).

Evidentemente, con dicha postura se aparta ostensiblemente de la posición asumida por la Suprema Corte de Justicia y aún de los Tribunales de apelaciones que la han acogido.
En tal sentido, la Corte sostuvo en la sentencia N.º 127/2015 “A juicio de los Dres. Ruibal Pino, Larrieux y Pérez Manrique, debe entenderse que el plazo de prescripción para delitos como los investigados en autos debe situarse a partir de que la Ley N.º 15.848 perdió su vigencia, ya que esa Ley constituyó un impedimento para el libre ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.”
En tanto, en ocasión de la sentencia N.º 935/2015 sostuvo “lo único cierto es que, durante la vigencia de la ley de caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción, situación jurídico procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que detentan el derecho o la potestad de accionar en otras materias. Los delitos objeto de investigación e imputación provisoria en autos son reatos que no requieren la instancia del ofendido, razón por la cual el Ministerio Público se encontraba, ante el conocimiento de éstos, en situación de poder -deber de llevar adelante la correspondiente acción penal, mandato legal que no pudo cumplir mientras existió el obstáculo que significaba para el cumplimiento de sus funciones la vigencia de la Ley 15.848 para el caso concreto.” Posición que fue mantenida en las sentencias N.º 1.061/2015; 259/2016; 1.585/2016; 1846/2016. Adunase a ello, que la propia sentencia de la SCJ N° 1847 dictada en autos, se remite a las anteriores (fs.1448 y 1449). Mas, el momento del cómputo del plazo fue determinado por el TAP 4° turno por sentencia N.º 185/2014 y recogido en sentencias de la Suprema Corte N.º 340/2016; 895/2016; 1252/2016 y a la vez reiterado posteriormente en sentencia N.º 1.381/2016, donde se estableció “Coinciden, entonces, el Dr. Hounie y el redactor con los tribunales de mérito en que el dies a quo del plazo de prescripción de la acción penal debe ubicarse en el momento en el cual habría de entenderse removido el obstáculo que provocaba la suspensión del referido plazo, momento que no es otro que el que se verificó en alguna de las tres hipótesis legales que con absoluta claridad la misma Sala ha sintetizado en Sentencia N.º 185/2014:
⦁ A partir de la fecha, en que eventualmente el Poder Ejecutivo hubiese emitido un nuevo informe en un caso concreto, excluyendo el hecho presuntamente delictivo, de la caducidad operada legalmente;
⦁ A partir de la fecha del dictado de la Resolución N.º 32/2011, -verificada el 30 de junio de 2011-, por la que se revocaron por el Poder Ejecutivo los actos administrativos que dictara anteriormente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 3 de la Ley 15.848, y se declaró que los hechos que ameritaron dichos informes, no estaban comprendidos en el art. 1° de la precitada ley.
⦁ A partir de la fecha de entrada en vigencia del art. 1° de la Ley 18.831, que se estableció a contar desde su promulgación, la que se verificó el 27 de octubre de 2011”.
Esta posición es pacíficamente admitida y fundada extensamente por los Tribunales de Apelaciones de 1º y 4º Turno. En tal sentido entre muchas otras, ver sentencias 276/2017, 189/2017, 31/2018, y 124/2020 del TAP 1º turno, y sentencias 185/2014, 49/2015, 600/2015, 228/2016 y 372/2017, del TAP 4º turno. Amén de las anteriores Sentencia 563/2015 del TAP 3º.
Expresado lo anterior, no quiere avalar con su silencio la innecesariedad que supone el endilgarle a las víctimas que no hayan presentado su denuncia hasta el año 2011, porque todos conocemos lo complejo que fue y sigue siendo la persecución de estos crímenes.
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
La hostilizada descarta la postura del Ministerio Público en cuanto admitir que nos encontramos frente a crímenes de Lesa Humanidad y por ende imprescriptibles, al entender que éstos no existían al momento de acaecimiento de los hechos.
En tal sentido sostiene “La categoría delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad fue introducida recién en nuestro derecho positivo entre 2001 y 2006, período en que se ratificó la Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de lesa humanidad…” (fs. 2339).
En tanto, en el capítulo III referido a las normas aplicables, tras mencionar las mismas destacó “… y 18.026 de fecha 25/09/2006 que crea los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra con modificaciones al Código Penal” (fs. 2335).

La Fiscalía discrepa radicalmente con dicho temperamento y obviamente es un craso error sostener que los crímenes de Lesa Humanidad fueron creados por la Ley 18.026.
Y ello, por la sencilla razón que al momento que acaecieron los hechos que nos convocan (año 1975) existía un cúmulo importante de normas, ora de carácter nacional, ora de naturaleza internacional que también se deben considerar.
Para desarrollar las razones que abonan la posición en favor del carácter de Lesa Humanidad, se debe precisar someramente de que estamos hablando. Pues bien, en el sub exámine se investigan las torturas y las privaciones ilegítimas de la libertad a la que fueron sometidos un cúmulo significativo de jóvenes. Tormentos que fueron perpetrados – por agentes del Estado y en una unidad militar- por el solo hecho de resistir a la dictadura cívico militar imperante en dicho momento.
Resulta un hecho inconcuso por la doctrina y jurisprudencia internacional que los crímenes de Lesa Humanidad surgen con el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945 que en su art. 6 C establece “…Los actos siguientes, o cualquiera de entre ellos son crímenes sometidos a la jurisdicción del Tribunal e implican una responsabilidad individual: …. C) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales
o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron…”.
De tal definición y del avance posterior de la normativa internacional protectiva de los derechos humanos, se desprenden sus características básicas que refieren a:
a.- La GRAVEDAD de las conductas al no comprender cualquier delito sino aquellos únicamente previstos en el Estatuto u otros acuerdos internacionales de similar naturaleza (a guisa de ej. la desaparición Forzada de personas, los asesinatos, las torturas, los abusos sexuales, las privaciones ilegítimas de la libertad etc.)
b.- La GENERALIDAD de las acciones, en tanto no se consideran tales las violaciones a los derechos humanos de forma aislada.
c.- El carácter SISTEMÁTICO de las operaciones, que respondan a un plan ordenado tendiente a atentar contra los derechos humanos.
d.- Que se encuentren dirigidos contra la población civil por razones raciales, sociales, ideológicas, políticas, culturales, religiosas etc.
e.- Que no ofendan solo a la víctima sino a la comunidad como un todo.
f.- Y finalmente, que las conductas sean desplegadas por agentes del Estado o bajo la aquiescencia, la omisión o la complicidad de los mismos (a guisa de ejemplo en caso de la actuación de los denominados “escuadrones de la muerte”).
Luego, si nos atenemos a la definición dada por el Estatuto y las generalizaciones desarrolladas por la normativa posterior, no cabe lugar a dudas que lo denunciado en autos reviste la calidad de crimen de Lesa Humanidad y anejo a ello que tal caracterización ya se encontraba reconocida en el año 1975.
Al respecto se debe tener presente que el Uruguay fue uno de los 19 países que ratificó el Estatuto de Nüremberg, habida cuenta que por decreto del día 12 de Noviembre del año 1945 el gobierno uruguayo adhirió a la creación del “Tribunal Militar Internacional destinado al enjuiciamiento y castigo de los principales criminales de guerra del Eje europeo”.
No obstante, Uruguay no solo ratificó dicho Estatuto, sino que dio un paso más, puesto que también en forma inmediata adhirió a la creación de las Naciones Unidas.
En tanto, esta nueva clasificación o si se quiere nueva categoría estatuida por el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg, fue aceptada por la propia organización de Naciones Unidas, desde que por Resolución 95 (I) de fecha
11 de diciembre de 1946 se reconocieron los principios dimanados del Estatuto de Nuremberg, así como lo dispuesto en sus sentencias. En tal sentido establece dicha Resolución “La Asamblea General” … “confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y sus sentencias”.
Ergo, Uruguay como integrante pleno de Naciones Unidas, reconoció la vigencia y el alcance de dicho Estatuto y con ello entre otros los crímenes de Lesa Humanidad.

Por su parte, esa definición realizada por el Estatuto es la que se ha mantenido a lo largo de los años, puesto que luego de ella los acuerdos internacionales y/o las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas remiten a tal definición.
Tal es el caso de la Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que en su art. I.b reenvía a la definición realizada en el Estatuto.
En línea con lo que viene de verse, por Ley 10.683 del 15 de Diciembre de 1945, Uruguay aprobó la Carta de Naciones Unidas, que en su preámbulo, puntualiza como leit motiv “…reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana…”.
Por su parte, en su art. 1.3 se establece entre los propósitos de la Carta, el respeto por los derechos humanos y por ende el primer atisbo de obligación en tal sentido para los Estados.
En tanto, conforme al art. 2.2 se establece que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas. “Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta”.
Entre tales obligaciones refulgen las dimanadas de las Recomendaciones y/o Resoluciones dictadas por la Asamblea General al amparo de su art. 13.1. b sobre derechos humanos.
El propósito de respeto para con los derechos humanos, se reafirma en su art. 55 y mediante el art. 56 se consolida la idea, pues establece que «Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55»
Corolario de ese propósito de respeto a los derechos humanos, se dictaron innumerables Resoluciones por parte de la Asamblea General en procura de la protección de los derechos humanos en general. Empero, también otras que imponen la obligación de perseguir, juzgar y condenar los crímenes de guerra y de Lesa Humanidad como forma de prevenir y proteger los derechos humanos. Resoluciones todas que de una forma u otra refieren a crímenes de tal naturaleza.
Entre ellas, la Resolución 3 (I) por la que se establece la persecución y extradición de los criminales de guerra, la 95 (1) por la que se confirman los principios reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nûremberg, la 96 (1) que reconoce el crimen de Genocidio, así como la 170 (II) del año 1947, por la que se reitera la necesidad de la persecución de los criminales de guerra y la necesidad de su extradición.
No obstante, con posterioridad a ello, ya en los años 60 y 70 se acentúa dicha tendencia, desde que se hace de la persecución de los criminales de guerra y de Lesa Humanidad una cuestión elemental de protección de los DDHH o si se quiere un principio general de derecho internacional.
En tal sentido, existen sendas resoluciones de la Asamblea General sobre “Cuestiones del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad”. A saber:
La Resolución Nº 2338 (XXII) del 18 de Diciembre de 1967 entre otras consideraciones destacaba “Convencida de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales…” Y tras ello “Recomienda que no se adopten medidas legislativas o de otra índole que puedan menoscabar los objetivos y propósitos de una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad hasta su aprobación por la Asamblea General”.
La Resolución Nº 2391 (XXIII) del 26 de Noviembre de 1968 por la cual se “Aprueba y declara abierta a la firma, ratificación y adhesión la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.
Por su parte, la Resolución Nº 2583 (XXIV) del 15 de Diciembre de 1969 tras reiterar la frase mencionada en la resolución 2338 transcripta supra, en primer lugar, “Insta a todos los Estados a que adopten medidas necesarias para la investigación rigurosa de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad … así como para la identificación, detención extradición y castigo de todos los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que no hayan sido enjuiciados y castigados.”Asimismo “Subraya la necesidad especial de medidas con el fin de asegurar el enjuiciamiento y el castigo de las personas culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad”.
En tanto, la Resolución Nº 2712 (XXV) del 9 de Diciembre de 1970 nuevamente tras realizar la cita de la Resolución 2338 “Encarece a todos los Estados que adopten medidas, de conformidad con principios reconocidos por el derecho internacional para la detención de aquellas personas y su extradición a los países que hayan cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, para entregarlos a la justicia e imponerles un castigo de acuerdo con las leyes de esos países”. De igual forma “Encarece también a todos los Estados a los cuales les incumba que intensifiquen su cooperación en la reunión e intercambio de información que pueda contribuir a la identificación de las personas culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad y a su detención, extradición, enjuiciamiento y castigo”. Y finalmente “Pide de nuevo a todos los Estados a los cuales les incumba, que adopten, si aún no lo han hecho, las medidas necesarias para la investigación rigurosa de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según se definen en el artículo I de la Convención sobre imprecriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, así como para la identificación, la detención, la extradición y el castigo de todos los criminales de guerra y de las personas que hayan cometidos crímenes de lesa humanidad y que no hayan sido aún enjuiciados ni castigados”.
Asimismo, la Resolución Nº 2840 (XXVI) del 18 de Diciembre de 1971, tras mencionar alguna de las citas ya transcriptas en anteriores resoluciones, “Urge a todos los Estados a cumplir las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y a adoptar medidas conformes con el derecho internacional para combatir y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, así como también para asegurar el castigo de todos los culpables de tales crímenes, incluida la extradición a los países en que los cometieron”. De igual modo también “Urge a todos los Estados a cooperar entre sí, especialmente en la reunión y trasmisión de información que pueda contribuir a la identificación de las personas culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad y a su detención, extradición, enjuiciamiento y castigo”.
En línea con lo que viene de verse, la Resolución Nº 3020 (XXVII) del 18 de Diciembre de 1972 bajo el Nomen Iuris de “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de la lesa humanidad” reitera “Convencida de que el castigo efectivo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad constituye un elemento importante para impedir que se cometan tales crímenes y poner fin a los mismos, así como para la mejor protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el desarrollo de la cooperación entre los pueblos, de la paz y de la seguridad internacionales”.
Finalmente la Resolución Nº 3074 (XXVIII) del 30 de Noviembre de 1973 bajo igual nomen uiris que la Resolución 3020 fija los Principios básicos en materia de persecución de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pues en tal sentido establece:
1.- “Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido serán objeto de una investigación y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes, serán buscadas, detenidas enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”.
2.- “Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”.
3.- “Los Estados cooperaran bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin”.
4.- Los Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes y, en caso de ser éstos culpables, de su castigo.
5.- Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en los países donde se hayan cometido esos crímenes. A este respecto los Estados cooperaran entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas”. 6.- Los Estados cooperaran mutuamente en la compilación de informaciones y documentos relativos a la investigación a fin de facilitar el enjuiciamiento de las personas a que se refiere el párrafo 5 supra e intercambiaran tales informaciones”.

7.- De conformidad con el artículo 1 de la Declaración sobre el Asilo Territorial, de 14 de Diciembre de 1967, los Estados no concederán a ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad”.
8.- Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, detención extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad”.
9.- Al cooperar para facilitar la identificación, la detención, la extradición y, en caso de ser reconocidas culpables, el castigo de las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la ejecución de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, los Estados se ceñirán a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conforidad con la Carta de las Naciones Unidas”.

Evidentemente, tales resoluciones pueden considerarse sin hesitación como fuentes subsidiarias de las previstas en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia también aprobado por la Ley 10.683.
Y ello por cuanto, la obligación de perseguir, investigar, juzgar y eventualmente condenar a los responsables de cometer crímenes de Lesa Humanidad y de guerra, constituía ya en 1975 (cuando sucedieran los hechos que nos convocan) una norma imperativa de derecho internacional de carácter ius cogens, con todas las implicancias que ello conlleva.
Y en tal sentido, no se puede soslayar que en dicha fecha también se encontraba vigente en nuestro país el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por Ley 13.751 de fecha 11 de Julio de 1969) que en su art. 15 en lo atinente al Principio de Legalidad admitía la normativa de origen internacional.
Al respecto dicho Pacto establece en su numeral 1 “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional” en tanto que en su numeral 2 reafirma “Nada de lo dispuesto en éste artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

Y como viéramos supra, en el año 1975 ya constituían “principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional” entre otros:
a.- el carácter de Lesa Humanidad de las graves violaciones a los derechos humanos, pues ello surgía del Estatuto de Nüremberg y en sendas resoluciones posteriores de la Asamblea General de Naciones Unidas. b.- la condición de imprescriptibles de los crímenes de Lesa Humanidad, desde que la Convención de Naciones Unidas contra la imprescriptibilidad de los crímenes de tal índole fue aprobada por la Asamblea General el día 26 de noviembre de 1968 por Resolución Nº 2391 (XXIII) y entró en vigencia el 11 de Noviembre de 1970.
c.- Asimismo, que conforme a las distintas resoluciones de Naciones Unidas citadas supra, existía una obligación para todos los Estados Parte de perseguir, juzgar y castigar a todos los responsables de crímenes de Lesa Humanidad, cualquiera sea el lugar y la fecha de su comisión.
d.- Por último, también a partir de tales resoluciones, se instauró en la comunidad internacional el principio general de derecho que la persecución, el juzgamiento y la condena de los crímenes de Lesa Humanidad es una forma de prevenir los mismos y concomitantemente de proteger los derechos humanos.

Al respecto, Gros Espiell consciente de dicho marco normativo y en especial de la Resolución 3074, expresó que “La impunidad penal internacional de los criminales que han atentado contra los Derechos Humanos, como ejecutores materiales de las violaciones, no debe ni puede ser nunca un criterio y menos aún un principio internacional. Estos criminales, que naturalmente deberían, en principio, ser siempre castigados por el Derecho interno, no deben poder regocijarse si este castigo no se produce, si el Estado es omiso o reticente en cumplir su deber penal o si la autoridad estatal no existe, es inoperante o ineficaz. No deben esos criminales impunes, contemplar como la cuestión se reduce al pago de la indemnización a las víctimas por parte del Estado, cuando el asunto llegue a ser objeto de una decisión internacional” (Hector Gros Espiell Responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal individual en la protección internacional de los Derechos Humanos en Rev. Derecho de la Universidad de Montevideo Año 2004 Año 3 Nº 6 pág.).

A fortiori, tampoco se puede soslayar que por Resolución Nº 2081 (XX) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1965, se convocó para el año 1968 (al conmemorarse los 20 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) una Conferencia Internacional para aborda algunas cuestiones sobre ellos.
Así, los representantes de los 120 Estados (entre ellos Uruguay) que participaron en la primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos, reunidos en Teherán del 22 de abril al 13 de mayo de 1968 aprobaron la Proclamación de Teherán que entre otros puntos manifestó que: “3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como otras convenciones y declaraciones en materia de derechos humanos, aprobadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales regionales, han establecido nuevas normas y obligaciones que todas las naciones deben aceptar;
6. Los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales; “Sin perjuicio de ello, Uruguay también
aprobó distintos tratados sobre derechos humanos y derecho
humanitario en consonancia con tales resoluciones de carácter
internacional.
Así, por Ley 13.482 del 7 de Julio de 1966 se aprobó la Convención de Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de Genocidio por la que se declara que se trata de un delito de derecho internacional por lo que los estados partes se obligan a perseguir enjuiciar y sancionar a sus autores, sin importar el lugar de comisión.

En tanto, la Ley 13.683 de fecha 17 de Septiembre de 1968 aprobó las convenciones suscritas en la Conferencia de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 sobre protección de las víctimas de la guerra. Y precisamente la III Convención relativa a los prisioneros de guerra en su art. 3º establece que “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.”
En tanto en su art. 129 se estatuye “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.
Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios

tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

De éste conjunto de normas internacionales aprobadas por nuestro país, así como del cúmulo de resoluciones y declaraciones de Naciones Unidas referenciadas, se puede inferir sin hesitación, que la caracterización de crímenes de Lesa Humanidad ya se encontraba vigente al momento en que acaecieron los hechos que nos convocan.
Luego, y probablemente a partir de éste conjunto de normas de raigambre internacional el Profesor de Derecho Internacional Público y Privado Manuel A Vieira, en la década del 60 ya reconocía la existencia de crímenes contra la humanidad que los conceptualizaba como “crímenes contra la persona humana no en su individualidad, sino como integrante de la humanidad envilecida por los atentados incalificables, cometidos contra alguno o algunos de sus integrantes”. (Manuel A. Vieira Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal ed. F.C.U. Año 1969 pág. 299) y asimismo los caracterizaba como a) “delitos de Derecho Común, superando la barbarie de su comisión, los presuntos móviles políticos y corresponde su extradición. B) lesionan intereses no solamente nacionales, sino internacionales, pertenecientes a la humanidad “(Manuel A. Vieira Derecho penal internacional ob. cit. Pág. 300).
En tanto, que ya en dicha época ponía en consideración su imprescriptibilidad al sostener, “La proximidad de la prescripción de estos delitos y la impunidad de algunos ex nazis, acusados de crímenes de ésta naturaleza llevaron a países como Alemania y Francia, entre otros a declarar legislativamente la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad” (Manuel A. Vieira Derecho Penal Internacional ob. cit. Pág. 301)
En línea con lo que viene de verse, también en la década del 60 Arendt en ocasión del juicio de Adolf Eichmann en Israel sostenía “…del mismo modo
que el asesinato es objeto de persecución debido a que conculca la ley de la comunidad, y no porque haya privado a tal o cual familia de aquel miembro que con su trabajo ganaba el pan de todos, del esposo y padre, igualmente podemos decir que los modernos asesinos masivos, funcionarios del Estado, deben ser perseguidos debido a que han transgredido el orden imperante en el género humano…”(Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén ed. De Bolsillo Barcelona año 2005 pág. 396).

 

 

 

Publicidad comunicado policlínicas presenciales Cb

CLINICA CAPILAR DR. LUIS PALMARINO

 

 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD/IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
La impugnada -desde una perspectiva si se quiere chovinista de la cuestión jurídica en debate- analiza el problema únicamente a partir de las normas nacionales.
De esa forma desconoce el universo de normas internacionales que interactúan en la materia y fundamentalmente la filosofía que inspira a las mismas.
En tal sentido no se puede soslayar que, los operadores del sistema judicial tenemos muy introyectado que la respuesta punitiva que nos gobierna, hunde sus raíces en los finales del Siglo XVIII y principios del XIX, donde se acuñaron los grandes principios que nos rigen.
Por ello, hoy resulta un lugar común aceptar ciertas premisas que no siempre acompañaron la respuesta punitiva a lo largo de la historia.
En tal sentido, que la persecución penal como la pena sea pública, que se haya expropiado el conflicto a la víctima, así como que ésta sea un mero objeto del Proceso. De igual modo, que reconozcamos la existencia de un fuerte sistema de garantías en favor del imputado. A ello se aneja un principio elemental como el nullum crime/nulla poena sine legge.
A partir de tales consideraciones, el eje del sistema siempre estuvo basado en el imputado, desde que éste era el eslabón más débil frente al poder punitivo del Estado.
No obstante, ello cambió radicalmente a partir de la segunda guerra mundial y fundamentalmente al quedar al descubierto el holocausto nazi contra judíos, gitanos, disidentes políticos, homosexuales etc.
A partir de ello, se comprendió que los grandes violadores de los derechos humanos podrían ser los Estados, mediante los agentes de éstos encaramados en el poder. Ergo, en tales casos, los imputados ya no eran los débiles que se enfrentaban al poder punitivo del Estado, sino quienes usufructuando sus prerrogativas abusaron de éste en perjuicio de las víctimas.

Por ello, es que se crea un verdadero corpus iuris internacional, precisamente para poner coto a la actuación de los estados, y precisamente que las graves violaciones a los derechos humanos sean perseguidas, en cualquier lugar y tiempo.
Y ¿Por qué ha de primar esa normativa internacional en desmedro de la nacional? Pues precisamente para darle mayor protección a las víctimas frente a la actuación ilegítima de los agentes del Estado.
Y ello, por la sencilla razón que la persecución de tan viles actos no puede quedar al albur de los estados, ni a los vaivenes políticos internos de éstos, y fundamentalmente al poder que los victimarios mantengan dentro de la estructura estatal.
Por eso es que se crea todo éste cúmulo de normas internacionales y aún los organismos internacionales protectivos de los derechos humanos, precisamente para dar protección internacional a los seres humanos frente al avasallamiento de sus derechos en el ámbito interno.
Por otra parte, ¿quién no puede coincidir con las consideraciones realizadas por el sentenciante?
Ellas resultan el a b c del Derecho Penal, o si se quiere en términos más coloquiales, ellas están en la tapa de cualquier manual en la materia.
Ahora bien, lo discutible es si tales premisas son trasladables de forma diáfana al sub lite, así como a todas las gravísimas violaciones a los derechos humanos acaecidas en la última dictadura cívico militar que rigiera nuestro país entre los años 1973 y 1985.
Nuevamente nos enfrentamos a la misma disyuntiva anterior.
Mirada desde la norma nacional, versus mirada sistemática a partir de la norma nacional en relación a la estrechamente imbricada de raigambre internacional.
En efecto, no cabe lugar a dudas que en la actualidad sigue firme el Principio ensayado por Feuerbach a principios del Siglo XIX “nullum crimen sine lege, nulla poena sine praevia lege poenali”, conforme al cual, nadie puede ser penado por una conducta que al momento de su comisión no estuviera prevista legalmente.
No obstante, en el presente, dicho principio debe interpretarse conforme a la nueva normativa dimanada del Derecho Penal Internacional, del Derecho Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Pues, nadie puede soslayar el cúmulo de normas de raigambre internacional que sobrevinieron a partir del holocausto nazi y de la creación de las Naciones Unidas.
En tal sentido, el artículo 11. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de fecha 10 de Diciembre de 1948 establece que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”.
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de fecha 16 de Diciembre de 1966 y aprobado por Ley 13.751 de fecha 11 de Julio de 1969, en su artículo 15 estatuye
⦁ Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.
⦁ Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.”
A poco que se analicen dichos textos, se verá que aún cuando no se establezca nomen iuris, lo cierto es que consagran el Principio de Legalidad y de irretroactividad de la norma más perjudicial. Empero, al mismo tiempo habilitan la condena conforme al “derecho nacional o internacional”. Y el Pacto avanza aún más en la materia, desde que en el numeral 2 establece una verdadera excepción al Principio de Legalidad.
Al respecto, se debe tomar en consideración el comentario al Proyecto de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos redactado en 1955, donde se afirmaba sobre el artículo 15 que “quería dejar claro que nadie podía escapar del castigo de un crimen de derecho internacional argumentando que el acto es legal bajo su propia ley nacional, y aseguraba además que la inclusión beneficiaba al individuo frente a posibles abusos de una organización internacional” (citado por Alicia Gil Gil La excepción al Principio de legalidad del número 2 del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en ADPCP VOL. LXIII año 2010 pág. 137).
Ahora bien, sin detenernos en el inciso 2º del art. 15 del Pacto, (que por cierto conforme a la doctrina más recibida tiene estrecha relación con el castigo a los criminales nazis) lo cierto es que las normas internacionales citadas introducen al Derecho Internacional en sede de Principio de Legalidad. En virtud de ello, hoy resulta un lugar común reconocer -por parte principalmente de los internacionalistas- que el Principio ensayado por Feuerbach se debe entender como “nullum crimen sine iure, nulla pena sine iure”. (Kai Ambos Nulla Poena sine Lege en Derecho Penal Internacional en Revista de la Asociación de Ciencia Penales de osta Rica año 21 Nº 26, 2009 págs. 31 a 44; Rodrigo Lledó El Principio de Legalidad en el Derecho Internacional en Revista en Cultura de la Legalidad Nº 11 Oct. 2016 Marzo 2017 págs. 246 a 263).
A fortiori, a partir del art. 11.2 de la Declaración Universal de derechos humanos y del art. 15 del PIDC y P es perfectamente sostenible incluir como fuentes del derecho penal, aquellas provenientes del Derecho Internacional. Huelga resaltar fundamentalmente los tratados y la costumbre internacional en tanto ésta alcance la calidad de opinio iuris, así como los principios generales de derecho.
En tal sentido, se debe tener presente que mediante la Ley 10.683, al tiempo que se aprobó la Carta de Naciones Unidas, Uruguay también adhirió al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que en su art. 38 establece “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
⦁ las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
⦁ la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
⦁ los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
⦁ las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, …”
A partir de dicho artículo, es aceptado en materia de Derecho Internacional en general, pero que alcanza al Derecho Internacional de los derechos humanos en particular, que entre las fuentes de derecho de tal naturaleza, se admitan los tratados Internacionales, la costumbre, los principios generales de derecho internacional. (Hector Olásolo El Principio nullum crimen sine iure en el derecho internacional contemporáneo en Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal Vol. I pág. 27; Hormazabal Malarée Crímenes internacionales, jurisdicción y principio de legalidad penal en Derecho Penal, Constitución y Derechos AAVV ed. Bosch Barcelona pág. 256; Rodrigo Lledó El Principio de Legalidad en el Derecho Internacional en Revista en Cultura de la Legalidad Nº 11 Oct. 2016 Marzo 2017 pág. 256).
Es evidente que ello contrasta abiertamente con los países de tradición romano germánica que asientan el Principio sobre la base de la existencia de normas con rango de ley a la que en doctrina se le adicionan los adjetivos de scripta, praevia, certa, y stricta.
Por tal motivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como forma de morigerar la amplitud derivada del art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (muy similar al art. 15 del PIDCy P) que incluye al Derecho internacional como fuente, ha recurrido a los requisitos de accesibilidad y previsibilidad para efectivizar el juicio sobre el conocimiento de la antijuridicidad material exigido al agente.
Ello, para que se cumpla con la correspondiente seguridad jurídica, o en otras palabras, para que la persona sepa a qué atenerse.
Tales requisitos fueron exigidos en forma constante en diversos casos. A saber entre otros:
⦁ Caso Streletz, Kessler y Krenz contra Alemania, Nros. 34044/96, 35532/97 y 44801/9 que refieren a la responsabilidad de los centinelas del muro de Berlin;
⦁ Caso Korbely contra Hungría, Nº 9174/02 que analiza la muerte de distintas personas en el levantamiento en Hungría contra la URSS en el año 1956; y
⦁ Caso Kononov contra Letonia, Nº 36376/04, donde se analiza la responsabilidad de un partisano soviético en la muerte de varias personas que en el año 1949 habían colaborado con los nazis.
Mediante ambas exigencias, que a la sazón, se encuentran estrechamente imbricadas, se requiere que la norma alcance la debida publicidad para que sea accesible a la persona y de esa forma a la vez obtenga la calidad de previsible.
En otras palabras, lo que se exige es que el agente pueda acceder a la norma, para de esa forma introyectarse la posibilidad que la conducta ilícita sea alcanzada por la misma.
En el sub causae, no cabe lugar a dudas que al momento de acaecidos los hechos se encontraban vigentes diversas normas que los indagados en su calidad de oficiales del ejército, debieron tener presente.
Huelga resaltar que, en la medida que se trata de delitos mala in se, los indagados debieron tener presente, los artículos 281, 286, 316 y 317 del C. Penal, así como los Convenios de Ginebra de 1949 que le alcanzan en su condición de militares. Luego, no se puede decir que la conducta desplegada por los indagados al momento de los hechos, no se hallaba contemplada como delictiva y que su accionar no era pasible de ser penado.
Lo único objeto a discusión sería si tales delitos eran en ese momento imprescriptibles.
Pues bien, como hemos señalado supra, en el año 1975 se encontraban vigente los Principios dimanados del Estatuto y las sentencias del Tribunal de Nuremberg, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que admitía la incorporación del Derecho Internacional como fuente del Principio de Legalidad) y el Convenio internacional sobre derecho de los tratados.
En tanto, pese a que Uruguay no había ratificado la Convención sobre imprescriptibilidad, era un hecho público y notorio que al amparo de ella se continuaban las persecuciones a los criminales nazis.
Circunstancias, que permiten inferir sin hesitación, que cualquier persona de la época y en especial, los oficiales del ejército nacional, debieron considerar seriamente la posibilidad que su conducta sea juzgada en cualquier lugar y momento. Habida cuenta que, la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad era en ese tiempo, un principio general del derecho internacional, y como norma ius congens devenía imperativa e inderogable.
En línea con lo que viene de verse, no puede soslayarse que, el 23 de Mayo de 1969, el concierto de naciones aprobó en Viena, la Convención sobre derecho de los Tratados, que se convirtió en un gran hito para el derecho internacional público en general y para los derechos humanos en particular.
Dicha Convención fue aprobada por el Dec. Ley 15.195 de fecha 19 de Octubre de 1981.
Mediante dicho acuerdo internacional, se positivizaron un conjunto muy importante de principios de derecho internacional público, que hasta esa fecha formaban parte de la costumbre internacional.
De ellos, sobre el punto que nos interesa, y en orden de importancia creciente, refulgen tres:
En primer lugar conforme al art. 31 se establece el principio de interpretación de buena fe “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.
En segundo lugar, a partir de lo establecido en los arts. 53 y 64 se reconoce en forma expresa el carácter particular de las normas de ius cogens y su preeminencia, aún respecto de los tratados que se contrapongan a la misma. En efecto, mediante el art. 53 se establece que es nulo todo tratado que se oponga a una norma de ius cogens “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general.”
En tanto, mediante el art. 64 se reitera la preeminencia de la norma de ius cogens sobre el tratado que se oponga a la misma. “Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.”
Este principio es de suma importancia, puesto que a partir de su vigencia Uruguay debe necesariamente tomar en consideración las normas imperativas de derecho internacional general “ius cogens” existentes a la fecha. Entre ellas resaltan, las atinentes a la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad y de guerra y su persecución en cualquier lugar y tiempo, así como todas las relativas a las graves violaciones a los derechos humanos en particular (mediante las que se anatemizan la tortura, la desaparición forzada, el genocidio, el homicidio político, las privaciones ilegítimas de la libertad etc.).
Finalmente, mediante el art. 27 del Convenio de Viena se establece como principio la prohibición para los Estados de alegar el derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Así se estatuye que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Dicho principio es de suma importancia, por cuanto a la fecha de aprobación de la Convención ya existían distintos tratados vigentes que de forma alguna se pueden soslayar. Entre estos fundamentalmente tres:
a.- el derecho humanitario establecido en las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 aprobadas por Uruguay el día 17 de Septiembre de 1968 por ley 13.683.
En efecto, las cuatro convenciones tienen un artículo en común, el 3º que en caso de conflicto nacional, veda toda violación a los derechos humanos de los prisioneros. Entre ellas, el homicidio, los atentados contra la integridad física, las torturas, los tratos humillantes o degradantes, las ejecuciones y las condenas sin previo juicio etc.
En resumidas cuentas, los militares debían tener presente en 1975 que amén de las normas del Código Penal también existían las Convenciones de Ginebra que prohibían los malos tratos a los prisioneros, más aún la muerte y/o la desaparición forzada de ellos.
b.- de igual forma el PIDC y P y en especial su art. 15 ya analizado que en sede de Principio de legalidad admite el derecho internacional.
c.- Y finalmente, aún cuando no se encontraba aprobado por Uruguay, ya existía la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobada por la Asamblea General el día 26 de noviembre de 1968 por Resolución Nº 2391 (XXIII) que entrara en vigencia el 11 de Noviembre de 1970.
En razón de lo que viene de verse, resulta evidente que al momento de los hechos que nos convocan, el principio general de derecho internacional de la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad ya existía como tal, por lo que mal puede sostenerse que exista una conculcación al principio de irretroactividad de la ley penal.

SENTENCIA GELMAN VS. URUGUAY
La atacada cuestiona lo atinente al control de convencionalidad y en forma concordante con ello, la obligatoriedad de aplicar los alcances de la sentencia Gelman vs. Uruguay.
De esa forma, no solo desconoce el alcance y contenido de la sentencia, sino las normas internacionales que obligan al Estado uruguayo a actuar en consecuencia.
En efecto.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy precisa en ocasión de condenar al Estado uruguayo en el caso Gelman vs. Uruguay.
En dicha instancia, señaló con precisión que Uruguay debía investigar, juzgar, y eventualmente condenar, las graves violaciones de los derechos humanos acaecidas en el pasado reciente. Correlato de ello, también sostuvo que todos los órganos del Estado debían abstenerse de aplicar institutos tales como la cosa juzgada, irretroactividad de la ley, prescripción, non bis in idem u otras causales que obstaculicen dichas investigaciones.
Así sostuvo: “Para ello, dado que la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Estado deberá asegurar que aquélla no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay. (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso GELMAN VS. URUGUAY Sentencia de 24 de Febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones. Parr. 253).
“En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo.”(Sentencia caso GELMAN VS. URUGUAY Parr. 254). Huelga resaltar que el decisor soslayó lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Empero, no solo ello, concomitantemente también desconoció todas las normas y principios estatuidos en los arts. 26, 31, 53 y 64 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los tratados. Y en especial su art. 27, de allí que Risso, en ocasión de tratar los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman Vs. Uruguay destacó que “… la solución de principio es que se debe cumplir íntegramente con las sentencias (con las nacionales y las internacionales) y no podrán invocarse normas internas para eludir las obligaciones internacionales (art. 27 de la Convención de Viena)” y más adelante concluyó “Las sentencias de la CIDH podrán compartirse, podrán criticarse pero, como toda sentencia, deben ser cumplidas en su totalidad” (Martin Risso Ferrand Cumplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman. Después de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley interpretativa 18.831 en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano año 2013 págs. 639 a 654).
No obstante, más allá de este desconocimiento de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, la hostilizada también pasó por alto, distintas normas de la Convención Americana que obligan a los Estados Parte, a cumplir las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales creados a los efectos de brindar una mejor protección de los Derechos Humanos. En efecto, mediante la impugnada se vulneraron los arts. 62.3, 67 y 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pues, de ellos se extrae con meridiana claridad que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los Estados Parte que sometieron la contienda ante ella.
Así el art. 62. 3 estatuye los parámetros sobre los que se resuelve la cuestión “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”
El art. 67 establece el carácter de definitivo e inapelable del fallo “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”
Y por último, el art. 68.1 corporiza la obligación de cumplimiento para los Estados Parte “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”
En tal sentido, no se puede soslayar, que la más prestigiosa doctrina nacional e internacional, es conteste en señalar la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana cuando ésta ejerce su competencia contenciosa.
Así, en el ámbito nacional ver, Martin Risso Ferrand Cumplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman ob. cit; Hector Gros Espiel Los métodos de interpretación utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia contenciosa en La Corte y el sistema Interamericano de Derechos Humanos San José de Costa Rica año 1994 pág.
223 y s.s; Fernando Urioste Braga Control Internacional de Legalidad. Jurisprudencia en Derechos Humanos en Revista de la Facultad de Derecho N° 10 págs. 233 y ss; Daniel Ochs Olazabal El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Gelman con Uruguay en Rev. La Ley Uruguay N° 7 año 2011 pág. 881 y Pablo Galain Palermo La influencia de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de protección en Revista Penal México N° 6 Marzo Agosto año 2014 pág. 142.
En tanto, en lo internacional ver German Bidart Campos La interpretación de los Derechos Humanos en la jurisdicción internacional y en la jurisdicción interna en V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional ed. UNAM pág. 101; Néstor Pedro Sagües Obligaciones Internacionales y control de convencionalidad ob. cit. págs. 285 y 286; Juan Carlos Hitters ¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (Control de constitucionalidad y convencionalidad) en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Nro. 10 Julio- Diciembre 2008 págs. 131 y s.s; Humberto Nogueira Alcalá Diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano Año XIX Bogotá págs.. 511 y s.s;)
De lo anterior, se infiere que la atacada, al proceder en forma contraria a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman Vs. Uruguay, (y aún de la Resolución de la Corte de supervisión de cumplimiento de dicha sentencia) no solo incumplió lo ordenado por ésta, sino que concomitantemente a ello, vulneró los arts. 62.3, 67 y 68.1 de la Convención Americana.

A modo de colofón del tema, ¿cree efectivamente el sentenciante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento del falo que nos ocupa no tomó en consideración el Principio de Legalidad y uno de sus correlatos de irretroactividad de la norma penal más perjudicial? ¿Cree que no contempló nuestro ordenamiento jurídico?
Es evidente que los tuvo presente. No obstante, optó por el camino asumido por cuanto éste es el correcto desde la normativa internacional y entre otros al tener presente los principios generales de derecho internacional según los cuales;
a.- los crímenes de Lesa Humanidad son perseguibles en todo momento y en cualquier lugar donde estos hayan ocurrido.
Sobre el punto la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas Nº 3074 (XXVIII) del 30 de Noviembre de 1973 bajo igual nomen uiris que la Resolución 3020 fija los Principios básicos en materia de persecución de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pues en tal sentido establece: 1.- “Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido serán objeto de una investigación y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes, serán buscadas, detenidas enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”
b.- que la persecución de los mismos es una garantía para que éstos no se repitan y en definitiva una forma de protección para los derechos humanos. En tal sentido se debe tener presente la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas Nº 3020 (XXVII) del 18 de Diciembre de 1972 bajo el Nomen Iuris de “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de la lesa humanidad “Convencida de que el castigo efectivo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad constituye un elemento importante para impedir que se cometan tales crímenes y poner fin a los mismos, así como para la mejor protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el desarrollo de la cooperación entre los pueblos, de la paz y de la seguridad internacionales”

IN DUBIO PRO REO Y PRINCIPIO PRO HOMINE
La recurrida cierra su línea argumental mediante la contraposición entre el Principio de Legalidad y los crímenes de lesa humanidad y opta por aquel en desmedro de éstos. Para ello se recluye en el principio in dubio pro reo.
Al respecto sostiene “Ahora bien, el principio de legalidad con todas sus consecuencias está en nuestra Constitución y también en los pactos de Derechos Humanos, incluso se sostiene que también forma parte del jus cogens, al igual que la categoría lesa humanidad según la interpretación que así lo establece, por lo que en relación a la cuestión a resolver habría un conflicto de interpretaciones, y aquí es donde juega otro principio caro al Derecho Penal conocido como el in dubio pro reo” (fs. 2342).
En primer lugar, el principio in dubio pro reo, rige únicamente en cuestiones fácticas y en el marco de la certeza que el Juez debe tener al momento de la sentencia definitiva. Habida cuenta que el mismo deriva del Principio o estado de inocencia. A sensu contrario, éste no aplica en materia de interpretaciones jurídicas. (Julio B. J. Maier Derecho Procesal Penal T. I Fundamentos ed. Del Puerto s.r.l. Buenos Aires año 1999 pág. 505; Alberto M. Binder Introducción al Derecho Procesal Penal ed. Ad Hoc Buenos Aires año 1993 pág. 123; José
I. Cafferata Nores La prueba en el Proceso Penal ed. Depalma Buenos Aires año 1988 págs. 10 y 11; Eduardo M. Jauchen La prueba en materia penal ed. Rubinzal Culzoni Santa Fé año 1996 pág. 48).
Pese a lo anterior, desde lo filosófico, no se logra comprender ¿porqué motivos se prioriza el derecho de los victimarios sobre el derecho de las víctimas a que se conozca la verdad y se haga justicia? O en otros términos,
¿porqué se prioriza la impunidad ante la justicia?
Más allá de ello, lo que nos interesa resaltar es la inapropiada interpretación realizada por el Tribunal y en especial el desconocimiento del principio hermenéutico pro homine o pro persona.
En efecto, dicho Principio surge reconocido de forma explícita o implícita en diversos tratados sobre derechos humanos. A saber en el art. 29 de la C.A.DH; art. 5 del PIDCyP; art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales; Art. 1.1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y del art. 41 de la Convención sobre los Derechos del niño.
Según el mismo “se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de derechos” (Mónica Pinto El Principio Pro Homine criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos en Martin Abregú y Christian Courtis (compiladores.) La aplicación internacional del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales- Ed. Del Puerto Buenos Aires año 1997 pág. 163).
En un sentido muy similar se ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC 5/85 Parr. 52.
De esta forma, en materia de derechos humanos, quien se encuentre llamado a resolver una controversia, deberá optar por la norma, o en su caso la interpretación, que de mejor forma logre asegurar, proteger y/o garantizar el o los derechos humanos en consideración.
Del texto de los acuerdos internacionales se infieren dos dimensiones del Principio, la atinente a la preferencia interpretativa y la que refiere a la preferencia normativa.
En lo atinente a la preferencia interpretativa operan a su vez ciertas guías de actuación o si se quiere sub principios. Entre ellos:
a.- el “favor debilis” (víctimas) que obliga a poner especial énfasis en la protección de éstos (Martin Risso Ferrand Interrelación entre el Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional N° 16 año 2012 Madrid pág. 313; Nestor Pedro Sagüés La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacionales e internacionales Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales Buenos Aires año 1998 pág. 7 y s.s; Antonio Candado Trindade La interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en la protección de los Derechos Humanos en El Juez y la defensa de la Democracia. Un enfoque a partir de los Derechos Humanos AA.VV. San José de Costa Rica año 1993 pág. 226; Gonzalo Aguilar Cavallo y Humberto Nogueira Alcalá El principio favor persona en el derecho internacional y en el derecho interno como regla de interpretación y de preferencia normativa en Rev. de Derecho Público de la Univ. de Chile Santiago N° 84 1er. semestre año 2016 pág. 16; Humberto Nogueira Alcalá El Principio o postulado Pro Homine o favor persona como estándar en materia de Derechos Humanos en Rev. Do curso de Direito Sao Luis (Brasil) año III N°6 Jul/Dez 2013 págs. 134 y 135).
b.- Asimismo el “in dubbio pro actione” o “favor actione” que dará siempre prioridad a la acción frente a situaciones que tiendan a restringirla. Ello implica dar eficacia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva favoreciendo de ese modo el acceso a la Justicia. (Gonzalo Aguilar Cavallo y Humberto Nogueira Alcalá El principio favor persona ob. cit. pág. 16; Humberto Nogueira Alcalá El Principio o postulado Pro Homine o favor persona ob. cit. págs. 134 y 135).
En razón de ello, siempre se dará preferencia a una interpretación que tienda a dar protección a las víctimas y que viabilice su acceso a la justicia.
En lo que refiere a la preferencia normativa, se desplazan los inveterados conflictos entre normas de carácter interno versus las de origen internacional, así como entre normas de diversa jerarquía. Pues, a partir del principio a estudio, lo relevante a considerar, es la norma que mejor y mayor protección otorgue al derecho, sin tomar en consideración su origen o rango jerárquico. En virtud de ello, no importa la jerarquía de la norma a aplicar, desde que en el caso siempre debe regir la que conlleve un alcance más abarcativo de derechos, o de protección hacia la persona.
Huelga resaltar que la posición de la Corte Interamericana lo que interpreta, y por ende busca con su postura, es brindar mayor protección a las víctimas de tan aberrantes actos.
En tal sentido en su Opinión Consultiva OC 2/82 sostuvo: “La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.”

A fortiori, como todo tratado la Convención Americana en general y éste art.
29 en particular se debe interpretar conforme a las pautas hermenéuticas establecidas en los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena.
Y en ellos se establece que un tratado debe ser interpretado de buena fe y tomando en consideración el objeto y fin para el que fue creado el propio tratado.
Pues bien, a partir de ello resulta de perogrullo resaltar que la Convención Americana de Derechos Humanos fue acordada con el objeto y fin de darle protección a tales derechos.
Ello surge en forma palmaria de su Preámbulo cuando sostiene “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.
En tanto, una de las formas de brindar protección a la violación de los derechos humanos en general y las gravísimas en particular -que se da en ocasión de crímenes de Lesa Humanidad- es precisamente la persecución, la investigación, el juzgamiento y el castigo de sus responsables.
Y éste es un principio general de Derecho internacional reconocido por Naciones Unidas en distintas Resoluciones. Como ya lo hemos desarrollado supra, entre otras en las resoluciones 2338 (XXII); 3020 (XXVII) y 3074 (XXVIII).
En línea con lo que viene de verse, el representante regional adjunto para América del Sur de ACNUDH Humberto Henderson tras transcribir las normas atinentes al Principio pro homine y entre éstas al art. 29 de la Convención Americana señaló “De la lectura de estos instrumentos internacionales resulta evidente que el objetivo primordial es reconocer derechos al ser humano, por lo que la interpretación debe hacerse a favor del individuo, o en otras palabras debe hacerse aquello que mejor proteja al individuo o a la víctima de una violación a los derechos humanos” … “Este principio se basa en que los derechos inherentes a la persona humana reconocidos por la conciencia jurídica internacional, deben ser protegidos frente al accionar ilegítimo del Estado, así como frente a la institucionalidad estatal, a sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, las cadenas de mando, los grupos clandestinos e irregulares a su servicio, así como la red de relaciones que favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos humanos en un escenario de impunidad” (Humberto Henderson Los tratados de derechos humanos en el orden interno: La importancia del Principio pro homine en Rev. del Instituto Interamericano Vol. 39 pág. 91).

En atención a lo que viene de verse al Sr. Juez PIDE:
Que lo tenga por presentado en tiempo y forma y por interpuesto los recursos de reposición y apelación en subsidio.
Que en definitiva revoque por contrario imperio la resolución atacada y en forma inmediata resuelva la solicitud de procesamiento pendiente respecto de los imputados J.L.B. y V.H.S. Habida cuenta que la misma lamentablemente y sin que exista una causa que lo justifique, se encuentra pendiente desde el 3 de Mayo de 2018. (fs.1689 a 1995).
Si pese a los argumentos vertidos supra, si se mantiene la posición, eleve los presentes al Tribunal de Apelaciones que corresponda a los efectos que éste resuelva lo planteado.

Montevideo, 26 de junio de 2020