Intendencia Departamental de Maldonado está de acuerdo con el registro de conductores, establecido en el Decreto Nº 264 emitido por el gobierno el 24 de septiembre, que reglamentaba la Ley Nº 19.824, y que finalmente Presidencia desestimó por considerarlo “un error”, luego de que la opinión pública se expresara contraria al mismo.

Intendencia Departamental de Maldonado está de acuerdo con el registro de conductores, establecido en el Decreto Nº 264 emitido por el gobierno el 24 de septiembre, que reglamentaba la Ley Nº 19.824, y que finalmente Presidencia desestimó por considerarlo “un error”, luego de que la opinión pública se expresara contraria al mismo.

El director general de Tránsito y Transporte de la IDM, Juan Pígola, defendió el decreto que establece que los vehículos solo podían ser conducidos por los titulares o personas que debían ser previamente autorizadas, permite avanzar en materia de fiscalización electrónica al asociar la propiedad del coche a los conductores, así como aportar datos en caso de multas, siniestros o hechos delictivos.

A través de los asesores de tránsito del Congreso de Intendentes “se trata de reglamentar los artículos Nº 39 y 40 de la Ley 19824 fundamentalmente sobre el registro de conductores o poseedores para transparentar el parque automotor que circula en el país”. En ese sentido, Pígola, indicó que existe “una gran cantidad de reclamos por parte de personas que compraron vehículos y que no tienen el registro a su nombre (transferencia) o los que vendieron sus vehículos y al no efectuar la transferencia aparecen con multas de automóviles que ya no poseen”.

El jerarca resaltó que sería una herramienta que permitiría asociar a la persona con el vehículo, lo cual es fundamental también “por un tema de seguridad pública en caso de registrase un siniestro de tránsito o un delito que involucre a ese coche”.

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Pígola hizo hincapié en que “las intendencias podrían ser las que aprueban este tipo de decretos porque está dentro de sus potestades establecer reglamentaciones”. La idea principal es “que los criterios sean universales y comprendan a las 19 intendencias”. En esa línea, se está trabajando para complementar la información y hacerla llegar al Poder Ejecutivo a través de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).

Por otra parte, la Ley 19824 también hace referencia a un sistema de puntaje en la libreta de conducir en donde la persona cuenta con una asignación de puntos y por cada sanción que se le imponga, estos se le irían descontando. Este tipo de sistema ya es aplicado en el mundo, al tiempo que se ha comprobado que es una de las herramientas más eficientes.