El Fiscal Jorge Díaz presentó la rendición de cuentas pública de Fiscalía, con nuevo máximo histórico de imputaciones y privados de libertad. Uruguay es uno de los países con mayor proporción de su población encarcelada, con 366 adultos privados de libertad cada 100.000 habitantes.


El Fiscal Jorge Díaz presentó la rendición de cuentas pública de Fiscalía, con nuevo máximo histórico de imputaciones y privados de libertad. Uruguay es uno de los países con mayor proporción de su población encarcelada, con 366 adultos privados de libertad cada 100.000 habitantes.

En la tarde del viernes 16 de octubre se realizó una nueva rendición de cuentas institucional de la Fiscalía General de la Nación con la presentación de datos estadísticos cerrados a setiembre. 

En el informe, elaborado por el director del Departamento de Políticas Públicas, Sebastián Pereyra, se destaca que en el mes de setiembre se registró “un nuevo máximo histórico de imputaciones a personas, llegando a 1.697”.

“Esto implica un incremento del 28% en relación al mismo mes del año anterior y un 24% en relación al promedio mensual del primer semestre”, agrega. 

Tambien se alcanzó un récord de personas privadas de libertad. “Desde julio de 2018 la cifra no ha parado de crecer, identificándose a la fecha en 12.921 adultos privados de libertad, nuevo máximo histórico hasta el momento”, subraya el texto.

Adicionalmente, el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es del 82,7% lo que permitió revertir una tendencia histórica que presentaba Uruguay.

Por otro lado, los tiempos de los procesos se han acelerado notablemente. “La vía procesal más compleja y extensa prevista en el nuevo CPP (juicio oral) está permitiendo resolver casos más de dos veces más rápido que los que sucedía bajo el código inquisitivo en Montevideo y más de tres veces más rápido que en el interior del país en el año 2016”, expresa el documento.

“Por otro lado, la duración promedio por las diferentes vías establecidas en el CPP es de 26,8 días. Esto demuestra que la oralidad del proceso penal y principalmente el mecanismo del proceso abreviado permite que las personas sean condenadas muy poco tiempo después de la formalización”, agrega.

Es posible medir la productividad del sistema penal observando la cantidad de denuncias para las que se logró imputar al menos a un posible responsable. Lamentablemente, este indicador sólo está disponible desde el 1 de noviembre de 2017 dado que anteriormente las denuncias registradas por el Ministerio del Interior no se asociaban a los procesamientos registrados por el Poder Judicial, por lo que no es posible compararlo con el sistema inquisitivo.Los datos presentados permiten observar que la cantidad de denuncias con al menos un imputado sigue una tendencia de crecimiento sostenido. Desde el inicio de la implementación del CPP a setiembre de este año, en todos los meses se ha logrado una cantidad mayor de denuncias con al menos una persona imputada que en igual mes del año anterior.

Las diferencias respecto de igual mes del año anterior muestran desempeños muy positivos tanto en el año 2019 como en el 2020. Si bien en marzo de este año se identifica un crecimiento casi nulo, son destacables los valores obtenidos posteriores a dicho mes, si se tienenen cuenta las restricciones que existieronen el funcionamiento de los juzgados penales producto del régimen especial dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria. Como ya mencionamos, en junio de este año, se identifica el máximo histórico de denuncias con al menos un imputado, llegando a las 1.943, valor que supera en un 45% los datos observados en igual mes del año anterior. En julio de este año, si bien la cantidad de denuncias con al menos un imputado disminuye respecto al mes anterior, se identifica el mayor crecimiento respecto al mismo mes del año anterior con un 54%. En setiembre se observa nuevamente un crecimiento en las denuncias con al menos un imputado, pasando de 1826 en agosto a 1858.

ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA. EMMILY LONG

Para dimensionar cabalmente las cifras sobre imputaciones obtenidas resulta útil compararlas con el total de denuncias registradas en el país, y con el de las denuncias que tienen al menos un indagado identificado en la etapa previa a la formalización. Esas comparaciones constituyen indicadores que sintetizan la eficacia en la imputación del sistema penal uruguayo.La variable denuncias con un indagado identificado (antes de la formalización) se incluye porque, si bien la identificación de un indagado no es una condición suficiente, representa un hito fundamental en cualquier investigación, que hace una gran diferencia en la probabilidad de lograr una resolución judicial exitosa. Esa identificación puede resultar de la detención in fraganti de una persona, puede realizarla la víctima o testigos al momento mismo de registrarse la denuncia, u ocurrir posteriormente como resultado de la investigación realizada por el equipo policial y la fiscalía actuante. En rigor, no significa más que un señalamiento de sospecha de que alguien pudo tener responsabilidad, directa o accesoria, en el delito denunciado. El mismo no tiene, por sí mismo, consecuencia jurídica alguna sobre la persona señalada. No obstante, aún de forma parcial e indirecta, la existencia de un indagado identificado da cuenta de la calidad y/o grado de avance alcanzado en cada investigación y de los elementos con que cuenta la fiscalía actuante para lograr posteriormente la imputación.

Para tener una perspectiva aproximada de lo que sucedía en el sistema anterior, previo a la reforma procesal y aunque los indicadores no son exactamente comparables, el gráfico Nº 3 incluye los procesamientos obtenidos en el marco del código inquisitivo desde 2014 a octubre de 2017, como porcentaje del total de denuncias registradas

Se observa que el promedio mensual del porcentaje de denuncias para las que se logró al menos un imputado sobre el total de denuncias pasó de 3,3% en el primer semestre de 2018 a 8.2% entre julio y setiembre de este año. Esa mejora muy significativa de la eficacia se logra por una doble razón: el aumento de las denuncias con al menos un imputado y por la disminución del total de las denuncias registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. Al respecto, es importante mencionar que,según los datos registrados en dicho sistema, las denuncias han disminuido drásticamente a partir de abril de este año manteniéndose estables los siguientes meses, en el entorno de las 22.300.

Efectos sobre el sistema carcelario.

Por último, nos parece importante actualizar la información referente a la situación del sistema carcelario para adultos.

Uno de los objetivos centrales del CPP fue reducir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena y el largo tiempo en que se mantenía dicha situación, contraria al principio de presunción de inocencia. Esta tendencia se verificaba desde décadas atrás e incluso se había agravado a partir de 2015, resultado directo de que, en el sistema anterior, la gran mayoría de los imputados era procesado con prisión preventiva y, dada la extensión de los procesos judiciales escritos, permanecía sin condena durante largos períodos. En consecuencia, hacia fines de 2017 el 69,8% de los adultos privados de libertad permanecían sin condena. En ese momento Uruguay se encontraba entre el 10% de los países con peor situación en esta dimensión y penúltimo a nivel de América del Sur (Prison Studies, 2020).

Gracias a las audiencias orales y en particular, al instrumento del Proceso Abreviado, el CPP permitió una reversión impactante de esa tendencia histórica. A la fecha el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informa que el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es de 82.7%. De esta manera, Uruguay se coloca, según los datos más recientes disponibles, como el mejor país de América del Sur (Prison Studies, 2020).

Si bien,con la aplicación del CPP se redujo la utilización de la prisión preventiva, esto no tuvo efectos en la cantidad de personas privadas de libertad.El gráfico Nº 6 permite observar la evolución de los adultos privados de libertad desde 2014 la fecha. En este período el nivel promedio de privados de libertad no ha parado de crecer. El único momento en que se identifica una disminución fue en el 2018 enrelación al 2017. La población privada de libertad se redujo un 7,7% en 2018 respecto a los valores identificados en 2017, producto de una reducción que comenzó en julio de 2017 (4 meses antes del inicio de la aplicación del CPP) y continuó hasta junio de 2018. Sin embargo, desde julio de 2018 la cifra no ha dejado de crecer, identificándose a la fecha en 12.921 adultos privados de libertad, nuevo máximo histórico hasta el momento.

Como resultado, Uruguay es uno de los países con mayor proporción de su población encarcelada, con 366 adultos privados de libertad cada 100.000 habitantes. En efecto, los datos más recientes disponibles lo ubican en el primer lugar en América del Sur.