EL fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió prisión para Raúl Sendic por abuso de funciones en ANCAP

 

EL fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió prisión para Raúl Sendic por abuso de funciones en ANCAP, Pacheco solicito 18 meses de cárcel y 4 años de inhabilitación, más una multa de 500 UR.

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo del fiscal Luis Pacheco, solicitó a la Justicia la condena del ex presidente de ANCAP, Raúl Sendic, por el delito de abuso innominado de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, mientras estuvo al frente de la petrolera estatal. 

Pacheco solicitó a la Jueza de Crimen Organizado de 1º turno, Adriana Chamsarian, que condene al ex presidente de ANCAP a la pena de 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación especial y una multa de 500 Unidades Reajustables.

En el régimen del viejo Código del Proceso Penal -aplicable a la causa por tratarse de un proceso iniciado en 2016- si en definitiva recayera una sentencia de condena, los condenados que hubieran sido procesados sin prisión o que hubieran obtenido la excarcelación provisional durante el transcurso del proceso, y que en consecuencia se encuentren en libertad al tiempo de la sentencia condenatoria, tienen derecho a cumplir la pena -o el saldo de pena- en libertad condicional.

El Juez de la causa resuelve sobre la concesión del beneficio de la libertad condicional, sobre la base de la planilla de antecedentes judiciales y de informes sobre formas y condiciones de vida del condenado, que permitan arribar a un pronóstico favorable (artículo 131 del Código Penal y artículo 327 del viejo Código del Proceso Penal). 

Sendic había sido procesado sin prisión por abuso de funciones en mayo de 2018. Desde entonces el proceso siguió su curso y en esta oportunidad el fiscal Pacheco presentó la acusación correspondiente.


ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA. EMMILY LONG

           


SEÑORA JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1º TURNO.-
El Fiscal Letrado Especializado en Crimen Organizado, compareciendo en
los autos caratulados: “S.R.,R.F. – Un delito de abuso innominado de
funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de
peculado, en calidad de autor” (Ficha I.U.E. 2-13757/2016), evacuando el
traslado conferido y deduciendo demanda acusación, a la Sra. Juez DICE:
I) ANTECEDENTES
1°) El día 19 de abril de 2016, los entonces Senadores AD, LAH, LALP, JL y
JS -en representación del Partido Nacional-; los entonces Senadores JPB y
JAB -en representación del Partido Colorado-; el entonces Senador PM, el
entonces Diputado IP y DR -en representación del Partido Independiente-; y el
entonces Diputado EJRV, GMA y GGLL -en representación del Partido Unidad
Popular-, promovieron respectivas denuncias penales, para la investigación de
presuntos hechos delictivos cometidos en la gestión del ente autónomo
Adminstración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (A.N.C.A.P.), a
partir de las conclusiones de la Comisión Investigadora parlamentaria formada
para analizar la actuación del Directorio del ente entre los años 2010 y 2015.
2°) Las denuncias versaban sobre múltiples y variados aspectos de la gestión
del ente petrolero estatal, relacionados -entre otros- con los gastos de
publicidad; la contratación de la empresa TRAFIGURA para participar de un
negocio convenido entre A.N.C.A.P. y PETROECUADOR; la construcción de
la planta de cal en Treinta y Tres y contratación de la empresa Pleno Verde
para el transporte de la cal; la cancelación de la deuda con PDVSA e
intermediación de la empresa EXOR; el convenio con la Armada Nacional
para la construcción de un remolcador y dos barcazas; las importaciones de
crudo en presunta infracción aduanera; los adeudos a PLUNA; la contratación
de una consultoría a Regional Norte de la Universidad de la República; y
supuestas irregularidades en A.L.U.R.
3°) Tras la indagatoria practicada, la Fiscalía solicitó oportunamente el
procesamiento del imputado RFSR y de otros Directores y funcionarios de
A.N.C.A.P., habiendo recaído en definitiva procesamiento únicamente
respecto del primero, y habiendo sido desestimados los recursos promovidos
por el Ministerio Público requiriendo el procesamiento de otros indagados en
la causa.
4°) RFSR ocupó la Presidencia de A.N.C.A.P. entre el 11 de mayo de 2010 y
el 16 de octubre de 2013, y en el transcurso de gestión, a partir de la prueba
incorporada a la causa, emergen plenamente acreditados los hechos que se
reseñarán.
II) HECHOS PROBADOS
A) LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA CON P.D.V.S.A.
1) En el año 2005 se suscribe en Caracas (Venezuela) el “Acuerdo de
Cooperación Energética”, entre Uruguay y Venezuela, en cuyo marco nuestro
país comienza a adquirir crudo a P.D.V.S.A. (Petróleos de Venezuela
Sociedad Anónima). En el año 2010, A.N.C.A.P. decide iniciar gestiones para
la cancelación anticipada de la deuda contraída con P.D.V.S.A., habiendo
viajado a Venezuela con varias propuestas, que no fueron aceptadas por la
empresa acreedora.
2) En el año 2011, la empresa EXOR -empresa financiera internacional de
origen holandés, con sucursales en Latinoamérica- se apersona al Sr.
Presidente del Directorio RS, ofreciendo sus servicios financieros para
elaborar una “ingeniería financiera” que satisficiera a ambas partes en una
operación de cancelación de la deuda generada por A.N.C.A.P. con
P.D.V.S.A. por adquisiciones de crudo desde el año 2005. El primer encuentro
se celebró en forma breve e informal, en ocasión de un almuerzo, en el mes
de noviembre de 2011, entre S y el Gerente de Servicios Compartidos JC por
la empresa uruguaya, y CA y AS por la empresa EXOR.
3) La empresa EXOR comienza así una ronda de contactos y elabora una
propuesta de ingeniería financiera favorable a todas las partes, mediante la
instrumentación de un fideicomiso bajo la administración de EXOR y de un
banco internacional como fiduciario (Societé Génerale). A.N.C.A.P. ahorraría
por esta operación una suma aproximada a los 200.000.000 U$S (doscientos
millones de dólares); la propuesta contaba en principio con la aprobación de
P.D.V.S.A.
4) EL 23 de marzo de 2012, A.N.C.A.P. -representado por RS- firma un
preacuerdo en Caracas con P.D.V.S.A. a fin de concretar la cancelación de
deuda, con intervención de Exor, pero en el mes de agosto del mismo año
2012, P.D.V.S.A. resuelve unilateralmente -sin conocimiento previo ni
cuestionamiento alguno por parte de A.N.C.A.P.- desplazar a EXOR del
negocio y sustituirlo primero por el BANDES y luego finalmente por el Banco
del Tesoro Venezolano, ejecutándose el acuerdo en diciembre de 2012, sin
intervención de EXOR, la cual resuelve iniciar acciones legales reparatorias
contra A.N.C.A.P. por daños y perjuicios.
5) Con posterioridad, en diciembre de 2014, y una vez que S cesara en la
presidencia de A.N.C.A.P., el nuevo Directorio de A.N.C.A.P. -a efectos de
transar amigablemente la contienda civil reparatoria- resuelve celebrar
simultáneamente una “Transacción sujeta a Condición” y un “Acuerdo de
Servicios” con EXOR, por el cual se otorgó a ésta exclusividad para intervenir
en una segunda operación de cancelación de deuda –que se había generado
desde la primera cancelación y que ascendía a un total aproximado a los
453.000.000 U$S (cuatrocientos cincuenta y tres millones de dólares)- y se
pactó que en caso de que la operación no se concretara, A.N.C.A.P. pagaría a
EXOR un 1,75% del total nominal de la deuda. Asimismo, por el acuerdo
transaccional, se suspendían los plazos del juicio civil iniciado, el cual
quedaría transado siempre y cuando A.N.C.A.P. cumpliera con el Acuerdo de
Servicios.
6) A.N.C.A.P. nuevamente incumple el acuerdo de servicios, por cuanto el
Poder Ejecutivo resolvió no otorgar los fondos para esta segunda cancelación
de deuda, y realizar la operación de cancelación de deuda sin la intervención
de EXOR; y por lo tanto EXOR se hacía acreedor al pago de la multa, que
ascendía a unos 8.000.000 U$S (ocho millones de dólares). Finalmente, como
última etapa de esta secuencia de hechos, A.N.C.A.P. resuelve celebrar con
EXOR una nueva transacción, en 2015, indemnizando a ésta en la suma de
3.100.000 U$S (tres millones cien mil dólares); A.N.C.A.P. no puede cumplir la
transacción, por cuanto el gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas; y
actualmente, se sustancia un juicio civil iniciado por EXOR contra A.N.C.A.P.
el cual se encuentra en etapa de casación.
7) A juicio de la Fiscalía, emergen de la actuación del entonces Presidente de
A.N.C.A.P., el imputado RS, actos arbitrarios en perjuicio de la Administración,
que se reseñarán:
a) en primer lugar, cabe expresar que la relación entre EXOR y A.N.C.A.P. se
trabó exclusivamente entre el representante de aquella y el Presidente del
Directorio RS, sin que conste la firma de ningún documento, acuerdo o
contrato en el que se establecieran concretamente las condiciones de la
intervención de EXOR, ni los derechos ni obligaciones de las partes.
Implícitamente, el Presidente de A.N.C.A.P. autorizó implícitamente a EXOR a
realizar gestiones ante P.D.V.S.A. y a elaborar un plan de ingeniería
financiera, a sabiendas de que la intervención de dicha empresa privada
internacional –que insumiría viajes, contactos y gastos- podría generar
derecho a legítimos reclamos de la empresa en cuestión, en caso de que la
operación finalmente no se concretara a través de su intermediación, como
efectivamente aconteció; por lo que era evidente que debían establecerse por
escrito el objeto y las condiciones de la intervención de EXOR.
b) no existió llamado a interesados, aún constando que desde 2009 existieron
varias consultoras interesadas en presentar un plan para la cancelación de
deuda; que luego sería puesto a consideración de P.D.V.S.A., pues
obviamente se requería su asentimiento. ¿Por qué se eligió a EXOR cuando
habían -y surge probado en autos a partir de las declaraciones de los
indagados- varias otras empresas y consultoras interesadas en el
negocio?¿De qué información dispuso EXOR para elaborar su propuesta?
¿Se trataba de información pública o EXOR tuvo acceso a información
privilegiada? Nuevamente en este caso, elementales razones de sentido
común y de transparencia obligaban a ANCAP a llamar a interesados para la
elaboración de un plan financiero para la cancelación anticipada de deuda.
Cualquier negocio en el que una empresa privada obtenga beneficios, como el
que nos ocupa, requiere un procedimiento transparente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 149 literal B del T.O.C.A.F. (Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera del Estado).
c) Pero aún si se entendiera que en el caso -por razones de confidencialidadno era viable el llamado a licitación, tal confidencialidad no podía extenderse
-como lo estableció la Sra. Jueza en el auto de procesamiento- a los restantes
miembros del Directorio ni a los servicios jurídicos del organismo. Al respecto,
véase que el Director A expresó: “los miembros de la oposición nunca fueron
informados de ciertas negociaciones” (fs. 2278); el director C explicó: “lo que
fue al Directorio fue la ratificación de lo actuado por el Presidente en un viaje
que hizo a Venezuela” (fs. 2309); el director G relata: “el tema llegó al
Directorio por marzo o abril de 2012” (fs. 2338); y el Gerente de los Servicios
Jurídicos, Dr. B, consultado respecto de la intervención de EXOR, contestó:
“desde Servicios Jurídicos nunca supimos de esas reuniones o
intermediaciones o gestiones que EXOR alega en su escrito de demanda” (fs.
1073).
d) En el acuerdo de Caracas del 23 de marzo de 2012, firmado por el
imputado S -si bien ad referendum de la aprobación del Directorio-, se
encomienda a EXOR la constitución de un fideicomiso con el banco fiduciario;
constando que un documento de tamaña importancia, como lo era la
cancelación de deuda por un monto millonario, múltiples cláusulas con
obligaciones y derechos de las partes, y la intervención de empresas
extranjeras, no contó con el asesoramiento jurídico para su firma. En efecto,
consta que únicamente se consultó telefónicamente un día antes de la firma al
Gerente de los Servicios Jurídicos del ente, Dr. LB, quien se encontraba en
Río de Janeiro en otra misión. Preguntado concretamente acerca de si era
habitual que Jurídica de A.N.C.A.P. fuera consultada con tan poco tiempo de
antelación sobre un acuerdo de esta magnitud y en forma telefónica, el Dr. B
contestó textualmente: “no es habitual para este tipo de contratos. En
A.N.C.A.P. existen muchos temas para informar de un día para el otro, pero
no en contratos de esta naturaleza” (fs. 4965).
e) Asimismo, frente al unilateral desplazamiento de EXOR por parte de
P.D.V.S.A., A.N.C.A.P. no realizó planteo ni cuestionamiento alguno, a
sabiendas de que ello podía generar –como efectivamente aconteció- un
reclamo por parte de EXOR contra A.N.C.A.P.. El acreedor (P.D.V.S.A.)
impuso inconsultamente sus condiciones, y desplazó unilateralmente a EXOR,
colocando en su lugar a intermediarios venezolanos, sin oposición alguna por
parte de A.N.C.A.P., cuando se trataba de una operación de cancelación
obviamente propuesta por el deudor, pero respecto de una deuda no vencida,
y en todo caso de un acuerdo favorable a ambas partes. No se entienden de
recibo sobre el punto las pretendidas explicaciones brindadas por el imputado
a fs. 4940 vta., cuando preguntado acerca de la ausencia de oposición de
A.N.C.A.P. al desplazamiento de EXOR, alegó: “porque A.N.C.A.P. no tenía
ningún tipo de compromiso firmado con la empresa EXOR…no podíamos
objetar el cambio por no tener ningún compromiso con EXOR”, por cuanto
surge que precisamente a partir del acuerdo de Caracas de marzo de 2012,
firmado por ambas partes interesadas (A.N.C.A.P. y P.D.V.S.A.), EXOR
quedaba incorporada a la operación, con las obligaciones y derechos y en las
condiciones allí pactadas.
f) En suma, la relación entre A.N.C.A.P. y EXOR se trabó casi exclusivamente
entre el imputado S y la empresa extranjera, sin conocimiento previo del
Directorio ni de Jurídica, y el entonces Presidente suscribió un acuerdo de la
naturaleza del que nos ocupa (cancelación de una deuda de más de
800.000.000 U$S), con intervención de una empresa extranjera no
seleccionada, sin más que una consulta telefónica a Jurídica con un día de
antelación a la firma. Y luego desplazada unilateral e inconsultamente por el
acreedor, generándose un juicio contra el ente.
g) La conducta desplegada por el presidente del Directorio configura la
comisión de actos arbitrarios cometidos en perjuicio de la Administración, por
cuanto –sin desconocer que las operaciones de cancelación fueron favorables
al ente, como cualquier operación de cancelación anticipada por otra parte,
pues de lo contario no se optaría por el pago adelantado- se obviaron las
normas de contabilidad y administración financieras del Estado, y se pactaron
obligaciones y contratos sin conocimiento previo de los restantes miembros
del Directorio y sin el asesoramiento adecuado de los servicios jurídicos.
h) La actuación arbitraria e irregular del imputado tuvo asimismo otras
consecuencias perjudiciales para el ente: fue generadora asimismo de la
“Transacción sujeta a Condición” y del “Acuerdo de Servicios” celebrados por
el nuevo Directorio de A.N.C.A.P. en diciembre de 2014, por las cuales el ente
debió obligarse a introducir nuevamente a EXOR en una segunda operación
de cancelación de deuda. Tanto el Tribunal de Apelaciones como la Suprema
Corte de Justicia relevan este aspecto, en ocasión de desincriminar la
actuación del nuevo Directorio, señalando que debieron hacer frente a una
situación ya consumada, generadora de responsabilidad para el ente: véase al
respecto la sentencia del Tribunal, en la que se expresa: “no corresponde la
imputación de tal ilícito a RB, GC y CA, quienes debieron implicarse
posteriormente para enfrentar y resolver una situación ya consumada…” (fs.
4360 vta.); y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en la que se
consigna: “cuando C, R y G aparecieron en escena, debieron enfrentar la
situación generada por el anterior Presidente del Ente (S) que había
contactado a EXOR y le había asegurado su participación en una operación
de cancelación de deuda de la que fue unilateralmente desplazada, por
decisión de la acreedora (P.D.V.S.A.)… lo actuado por estos indagados no
parece haber estado orientado por otro propósito que el de buscar una salida
o encontrar un mal menor ante una situación compleja, en la que EXOR
arremetía ante incumplimientos anteriores de A.N.C.A.P.” (fs. 4523 vta.).
i) En suma, y sin desconocer que la operación de cancelación de deuda fue
beneficiosa para A.N.C.A.P. -lo que no está en tela de juicio, pues la
imputación no refiere a la operación en sí sino a la actuación del encausado
en la misma, en cuanto a la introducción inconsulta de EXOR en la
intermediación y a la ausencia de oposición a su unilateral desplazamiento,
generadores de responsabilidad- la Fiscalía entiende que ha quedado claro
que: EXOR fue seleccionada sin procedimiento transparente, cuando es
admitido que existían otras firmas y consultoras internacionales
interesadas en elaborar propuestas financieras, por lo cual se
desconocen los criterios que se tuvieron en cuenta para su selección, no
bastando la explicación de que había sido propuesta por el acreedor;
que en todo caso, igualmente, el representante de EXOR ha dicho
enfáticamente en su comparecencia ante la Sede que “nuestro mandante
fue A.N.C.A.P.”, por lo que no puede alegarse que fue PDVSA quien
unilateralmente exigió la intervención de EXOR; pero que aún cuando
cualquier empresa debía contar con el beneplácito de ambas partes, lo
cierto es que A.N.C.A.P. no firmó ningún acuerdo con EXOR donde se
establecieran con claridad los derechos y obligaciones de las partes y el
objeto de la intervención de EXOR; que posteriormente se firma el
Acuerdo de Caracas de marzo de 2012, en la que sí se establecen las
condiciones de tamaña operación, y las obligaciones y derechos de las
partes, sin que conste un conocimiento previo de los restantes
Directores y contándose apenas con un más que escueto aval telefónico
del Gerente de los Servicios Jurídicos, un día antes de la firma; que
EXOR fue unilateralmente desplazada por PDVSA sin que conste la
mínima oposición de A.N.C.A.P. ni de su Presidente, y la cancelación se
efectivizó a través de otras entidades, cuando se trataba de una
operación que debía ser conveniente a ambas partes y en condiciones
convenidas por ambas partes; la unilateral eliminación de EXOR de la
operativa, insólitamente impuesta por el acreedor, no podía ni debía ser
tolerada por A.N.C.A.P., cuando la cancelación era una operación
conjunta, mutuamente aceptada y beneficiosa a ambas partes, por lo
cual ninguna de ellas podía imponer condiciones a la otra, y máxime
cuando un tal desplazamiento generaría reclamos por parte de la firma
desplazada; que por todas estas circunstancias –únicamente atribuibles
al Presidente del ente, pues no media intervención previa del DirectorioEXOR inició acciones legales indemnizatorias contra A.N.C.A.P., que
debieron ser posteriormente transadas por el Directorio siguiente.
B) EL USO DE TARJETAS CORPORATIVAS DE A.N.C.A.P.
El 24 de junio de 2011, durante el período de ejercicio de la presidencia
por el imputado, el Directorio de A.N.C.A.P. aprobó por Resolución No.
322/3/2011, un reglamento para el uso de las tarjetas corporativas en
A.N.C.A.P., denominado como “Procedimiento para el uso y administración de
tarjetas corporativas de Directorio”. En dicho Procedimiento se establecía que
cada Director tenía asignada una tarjeta; que el uso de la misma estaba
previsto para “pagos por gastos imprevistos que surjan en sus misiones de
trabajo”; que cada Director era responsable personalmente por los gastos
incurridos; y que mensualmente, en un plazo no mayor a dos días hábiles
posteriores al cierre de la tarjeta, cada usuario debía remitir a la Gerencia de
Relaciones Institucionales y Comunidad una copia del estado de cuenta y los
comprobantes de los gastos.
De la investigación practicada se desprende que el Sr. Presidente del
Directorio de A.N.C.A.P. Sr. RS hizo un uso indebido de las tarjetas,
incurriendo en múltiples gastos que no fueron debidamente justificados,
desconociéndose si obedecieron a compras realizadas con motivo o en
ocasión de sus funciones, o si por el contrario no respondieron a tales
motivos, existiendo serias presunciones –por las características de los gastos
y por la ausencia de explicaciones valederas por parte del usuario de la
tarjeta- de que efectivamente no guardaron relación con el ejercicio de sus
funciones como Presidente del ente. En efecto, surge probado que el
Presidente del ente hizo uso de la tarjeta en más de 300 (oportunidades), y
dentro de las compras realizadas, además de gastos en hoteles y restaurantes
-que podrían vincularse a actividades propias del cargo- figuran compras en
tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyería y
librerías, entre otros, en nuestro país y en el exterior, respecto de las cuales
no figuran comprobantes justificativos.
Si bien el encausado ha afirmado que tales compras obedecieron a motivos
funcionales, ello no se desprende de las características y naturaleza de los
gastos analizados, ni se encuentran debidamente justificados, y en la mayoría
de los casos el mismo no recuerda a qué concepto responden. Así, de un total
de gastos incurridos mediante el uso de las tarjetas, por un total superior a los
550.000 $ (quinientos cincuenta mil pesos uruguayos) y 38.000 U$S (treinta y
ocho mil dólares), surge que S únicamente efectuó un reembolso por 130 U$S
(ciento treinta dólares); no siendo bajo ningún concepto razonable que tamaña
cantidad de dinero responda a “gastos imprevistos”, que era el fin para el que
estaba previsto el uso de las tarjetas.
Consultado específicamente sobre determinadas compras inusuales, el
imputado manifiesta no recordar los motivos del gasto (fs. 2619), ni aún
tardíamente logró aportar en ningún caso comprobantes de los gastos
cuestionados. Asimismo, alegó oportunamente que había agregado cierta
documentación a A.N.C.A.P., que la misma se había extraviado y que existía
una investigación administrativa en curso (fs. 2619). Sin embargo, consta en
autos, a partir de las declaraciones del Secretario General del ente a fs.
4973-4974, que tal investigación se refería genéricamente a “determinar la
existencia o no de responsabilidades en torno al archivo y conservación de los
comprobantes de gastos efectuados por los Directores a través del uso de
tarjetas corporativas”, esto es, a la forma de conservación documental, y no
específicamente a un presunto extravío de documentación respaldante
supuestamente presentada por S; concluyendo la investigación sin atribución
de responsabilidades o faltas administrativas.
En definitiva, ha quedado acreditado que el entonces Presidente de
A.N.C.A.P. incumplió flagrantemente la reglamentación aprobada respecto de
las condiciones de uso de las tarjetas corporativas en el ente, utilizando la
misma para fines no previstos, y sin agregar la documentación respaldante de
los gastos, pese a que así lo exigía el “Procedimiento para el uso y
administración de tarjetas corporativas de Directorio”, aprobado por
Resolución Nº 322/3/2011, de 24 de junio de 2011. Considerando la
naturaleza, la cantidad y la cuantía de los gastos y los rubros de los comercios
en los que se utilizó la tarjeta, surgen serias e inequívocas presunciones de
que los gastos no pudieron obedecer en todos los casos a gastos imprevistos
“en las misiones de trabajo”; careciéndose por otra parte –y sin que ello
configure una inversión de la carga de la prueba- de explicaciones coherentes
brindadas por el enjuiciado respecto del origen y motivo de los gastos en
cuestión.
Se cuenta en autos con un minucioso y detallado informe de la Junta de
Transparencia y Etica Pública, de 20 de setiembre de 2017 (obrante de fs.
1933 a 1950), organismo asesor del Ministerio Público y del Poder Judicial en
todas las causas iniciadas por delitos contra la Administración Pública, el cual
concluye categóricamente que el enjuiciado hizo uso indebido de las tarjetas,
incurriendo en múltiples gastos que no fueron debidamente justificados y
respecto de los cuales concurren múltiples presunciones de que no guardaron
relación con el ejercicio de sus funciones.
III) OTRAS RESULTANCIAS
Consta asimismo que:
a) RFSR es oriental, casado, de 55 años de edad al tiempo del
procesamiento;
b) Fue procesado sin prisión por auto N° 459/2018, de 29 de mayo de 2018,
imputado de un delito de abuso innominado de funciones en régimen de
reiteracioń real con reiterados delitos de peculado (fs. 4002 a 4064);
c) Es primario absoluto, según surge de la planilla de antecedentes judiciales
obrante a fs. 4244.
d) El auto de procesamiento fue recurrido por la Defensa y por el Ministerio
Público, mediante recursos de reposición y apelación en subsidio. Fue
mantenido en primera instancia por Decreto No. 694/2018, de 17 de agosto de
2018 (fs. 4304 a 4313) y fue confirmado por Sentencia No. 562/2018, de 11 de
diciembre de 2018, pronunciada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de
4° Turno (fs. 4345 a 4364).
e) El Ministerio Público interpuso recurso de casación contra la sentencia del
Tribunal de Apelaciones, requiriendo el enjuiciamiento de otros indagados en
la causa (fs. 4373 a 4379 vta.), y el mismo fue desestimado por Sentencia de
la Suprema Corte de Justicia No. 117, de 13 de febrero de 2020 (fs. 4512 a
4524 vta.).
IV) PRUEBA INCORPORADA A LA CAUSA
La prueba de los hechos reseñados emerge de los siguientes elementos
probatorios incorporados a la causa (se deja expresa constancia que se
excluyen las pruebas obrantes en autos relacionadas con aspectos de la
gestión de A.N.C.A.P. que en definitiva no fueron objeto de imputación):

  1. Denuncia presentada por los representantes del Partido Nacional (fs. 1
    a 73), ratificada a fs. 74 y ampliada de fs. 643 a 648 vta., de fs. 1165 a
    1166, de fs. 1348 a 1349 y de fs. 1861 a 1862;
  2. Denuncia presentada por los representantes del Partido Colorado (fs.
    75 a 96 vta.), ratificada a fs. 97 y ampliada a fs. 809 y vta., 895 y vta. y
    1547 a 1551 y vta.;
  3. Denuncia presentada por los representantes del Partido Unidad
    Popular (fs. 21 a 202), ratificada a fs. 203;
  4. Denuncia presentada por los representantes del Partido Independiente
    (fs. 224 a 272), ratificada a fs. 273 y ampliada de fs. 1219 a 1227 vta.,
    de fs. 2856 a 2865 y fs. 3042 y vta.;
  5. Documentación aportada por A.N.C.A.P. (fs. 323 a 437);
  6. Informe del equipo multidisciplinario designado en autos (fs. 482 a 498);
  7. Declaraciones indagatorias del Secretario General de A.N.C.A.P. , MAT
    (fs. 743 a 748 y 4971 a 4974);
  8. Declaraciones indagatorias del Gerente de los Servicios Jurídicos de
    A.N.C.A.P., LJBF (fs. 1067 a 1080 y 4963 a 4965 vta.);
  9. Denuncia del entonces Diputado PLI, respecto de presuntas
    irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de A.N.C.A.P. (fs.
    1352 a 1353), presentada ante Fiscalía General de la Nación y puesta
    en conocimiento de la Sede por parte de la Fiscalía interviniente (fs.
    1365);
    10.Declaraciones indagatorias de AS (fs. 1725 a 1740 y 4978 a 4979);
    11.Declaraciones testimoniales de CAAS (fs. 1741 a 1750);
    12.Informe de la Junta de Transparencia y Etica Pública con relación al
    uso de las tarjetas corporativas en A.N.C.A.P. (fs. 1933 a 1950);
    13.Declaraciones indagatorias del Director DLL (fs. 1953 a 1958);
    14.Declaraciones indagatorias del Director FJAG (fs. 1963 a 1965);
    15.Declaraciones indagatorias del Director RB (fs. 1966 a 1969);
    16.Declaraciones indagatorias del Director JEM (fs. 2125 a 2129 y 3766 a
    3769);
    17.Declaraciones indagatorias del Director JJAC (fs. 2275 a 2284 y 4997 a
    4998);
    18.Declaraciones indagatorias de la Directora EBM (fs. 2285 a 2294);
    19.Declaraciones indagatorias del Director CCA (fs. 2300 a 2312);
    20.Declaraciones indagatorias del Director JAGC (fs. 2329 a 2351 y 4975
    a 4977 vta.);
    21.Declaraciones indagatorias del Director GRB (fs. 2357 a 2380 y 4985 a
    4986);
    22.Declaraciones indagatorias del Director JMCA (fs. 2414 a 2436, 3661 a
    3663 y 5006 a 5007 vta.);
    23.Declaraciones indagatorias del imputado Presidente de A.N.C.A.P.
    RFSR, debidamente prestadas en presencia de su Defensa (fs. 2606 a
    2634, 3651 a 3652 y 4939 a 4941);
  10. Declaraciones testimoniales del ex Subsecretario del Ministerio de
    Industria, Energía y Minería, EUO (fs. 4966 a 4970);
  11. Declaraciones testimoniales del Contador Delegado del Tribunal de
    Cuentas en A.N.C.A.P., LVF (fs. 4980 a 4981);
  12. Declaraciones testimoniales de la Gerenta de A.N.C.A.P. STPM (fs.
    4982 y vta.);
  13. Declaraciones testimoniales del ex Ministro de Industria, Energía y
    Minería, RK (fs. 4983 a 4984 vta.);
  14. Resoluciones de A.N.C.A.P. sobre los hechos investigados,
    documentación agregada en los Anexos documentales y demás
    resultancias de autos.
    V) DERECHO
    A) TIPIFICACIÓN
    La conducta del imputado RFSR se adecúa típicamente a las figuras
    delictivas previstas en el artículo 162 del Código Penal (“Abuso de funciones
    en casos no previstos especialmente por la ley”), por su actuación en la
    operación de cancelación de deuda con P.D.V.S.A. (reseñada en el Capítulo II
    literal A del presente libelo acusatorio); y en el artículo 153 del Código Penal
    (“Peculado”), por el uso irregular de las tarjetas corporativas (reseñado en el
    Capítulo II literal B del presente libelo acusatorio); debiendo responder en
    consecuencia por un delito de abuso de funciones, en reiteración real con
    reiterados delitos de peculado.
    En efecto, respecto del primer delito, la Fiscalía considera que el imputado
    incurrió en actos arbitrarios -formal y sustancialmente contrarios a las normas
    legales- cometidos en perjuicio del correcto y normal desenvolvimiento de la
    actividad administativa y generadores de reclamos indemnizatorias contra el
    organismo que presidía.
    Y respecto del segundo delito, surge que el Sr. RS hizo un uso indebido de
    los dineros públicos, apropiándose de sumas que no pudieron ser
    debidamente cuantificadas, configurándose la figura delictiva prevista en el
    artículo 153 del Código Penal (“Peculado”); se imputarán en principio
    reiterados delitos de peculado, por cuanto no cabe inferir una única resolución
    criminal sino distintas resoluciones en cada oportunidad de uso de la tarjeta
    en forma indebida.
    Ambos delitos se ven especialmente agravados en virtud de concurrir la
    circunstancia prevista en el art. 163 ter num. 1° del Código Penal, por tratarse
    de persona comprendida en el art. 11 literal K) de la ley 17.060, de 23 de
    diciembre de 1998.
    B) CIRCUNSTANCIAS ALTERATORIAS
    Como atenuante genérica se tendrá en cuenta la primariedad absoluta
    (analógica: art. 46 num. 13 C.P.).
    No se juzgan de aplicación circunstancias agravantes genéricas.
    PETITORIO
    Por lo expuesto y de conformidad a lo preceptuado en los artículos 3,
    18, 46, 50, 52, 58, 60, 66, 68, 80, 85, 86, 104, 105, 106, 153, 162 y 163 ter del
    Código Penal; y en el artículo 233 y siguientes del Código de Proceso Penal
    D.L. 15.032, el Ministerio Público a la Sra. Juez SOLICITA:
    Se condene a RFSR como autor responsable de un delito de abuso
    de funciones en casos no previstos especialmente por la ley
    especialmente agravado, en reiteración real con reiterados delitos de
    peculado especialmente agravados, a la pena de 18 (dieciocho) meses de
    prisión, 4 (cuatro) años de inhabilitación especial y a una multa de 500
    UR (quinientas unidades reajustables); siendo de su cargo las
    accesorias legales de rigor.
    Montevideo, 1o de diciembre de 2020.-
    LP
    Dr. Luis Pacheco Carve
    Fiscal Letrado Especializado en Crimen Organizado