Fiscalía de Delitos Económicos de 1º turno dispuso el archivo de la denuncia contra ex jerarcas por el contrato con UPM. No se constató ninguna ilegalidad.

 

Fiscalía de Delitos Económicos de 1º turno dispuso el archivo de la denuncia contra ex jerarcas por el contrato con UPM. No se constató ninguna ilegalidad.

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, dispuso el día 4 de enero el archivo de la denuncia presentada contra ex jerarcas estatales por irregularidades en la firma del contrato entre la empresa UPM y el Estado uruguayo.

En su investigación, el fiscal Rodríguez concluye que “no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente”.

CAPÍTULO I

DE LA DENUNCIA Y SUS FUNDAMENTOS

El 14 de julio de 2020, el Sr. Representante Nacional, Dr. E.L.H. presentó escritosolicitando se efectúe una investigación en lo que tiene que ver con el contrato y lasenmiendas a éste, que el Estado uruguayo suscribió con la empresa UPM, en fecha7/11/2017 y 5/4/2018, respectivamente.

Motiva la solicitud de investigación penal, el hecho de que el denunciante observados aspectos que a su juicio podrían configurar la presunción de delito por parte deautoridades del anterior gobierno.

En efecto, por un lado, refiere que el contrato original (en su versión en español)firmado por el Estado Uruguayo con la mencionada empresa establecía en su cláusula3.3.12 literal i, que UPM y/o el operador ferroviario de UPM, deberán pagar por el uso dela vía férrea (ya sea ante ROU o un tercero), a la entidad que disponga ROU, en total,cargos pagaderos solo por el tiempo de uso que no excedan: “i. durante los añoscontractuales 1 a 5: U$S 0,5 (5 centavos de dólar de los Estados Unidos de América) portonelada bruta/km, y ii. Durante y luego del año contractual 6: U$S 0,6 (6 centavos dedólar de los Estados Unidos de América) por tonelada bruta/km en cada caso, facturadosa UPM u a su operador de manera mensual”.

Señala en su denuncia, la discordancia existente en la redacción del contrato, desde quela suma expresada en números equivale a 50 centavos de dólar o 60 centavos de dólarrespectivamente, cuando la cifra expresada entre paréntesis contigua a las anteriores,indica 5 y 6 centavos de dólar también respectivamente.

Es decir, que la cifra indicada en números y en letras no es la misma.

Pero además señala, que en la versión en inglés del mencionado contrato, en lamisma cláusula, se establecieron cifras distintas de 0,5 y 0,6 centavos de dólar de losEstados Unidos de América.

O sea, una cifra notoriamente menor a la que figura en el contrato (versión enespañol).

Asimismo, llama su atención que en una cláusula final del contrato se acordó porlas partes que: “ en caso que surja alguna ambigüedad o discrepancia entre los textos eninglés y español del presente contrato, prevalecerá el texto en español”.

Considera irregular que habiéndose advertido tal discrepancia en los textos, y sintener en cuenta lo establecido en la cláusula antes referida, el 5/4/2018, se suscribió entrelas partes una “Enmienda al Acuerdo de Inversión de fecha 7/11/2017”, por la cual semodifica la cláusula 3.3.12 (i) -versión en español-, redactándola en forma igual a laestablecida en la versión en inglés del contrato.

Por lo tanto, entiende el denunciante, que el Estado Uruguayo a través de susrepresentantes, concordó con UPM de forma tal que le dio prevalencia a la versión eninglés de la multicitada cláusula por sobre la que originalmente surgía de la versión enespañol.

Que ello determinó un grave perjuicio para el país por la exorbitante diferenciaentre las sumas a pagar, incumpliéndose lo acordado en el propio contrato.

A su vez, hay otro punto que motiva su denuncia y es el que está dado por el hechode que, en la misma fecha en que se suscribió el proyecto de contrato de inversión(7/11/2017), por resolución 1052/017 de la Presidencia de la República, en el numeral 2º,se designóa los Sres. Secretario y Pro Secretario de la Presidencia y al Director de laOficina de Planeamiento y Presupuesto, a saber Dr. M.A.T., Dr. J.A.R. y Cr. A.G. parasuscribir el citado contrato en representación del Estado y en el numeral 3º se los facultópara que “… efectúen los ajustes del texto del contrato que pudieran surgir previo a sususcripción”.

Entiende el denunciante que esa facultad de representación se extinguía con lafirma del contrato y no más allá de él, por lo que los mencionados funcionarios no habríantenido poder de representación para suscribir la enmienda al acuerdo, lo que ocurrió el5/4/2018.

En base a lo expresado, entiende el denunciante que sería nulo lo actuado por losaltos funcionarios en ocasión de la enmienda y que tal extremo no se habría vistosubsanado por la resolución 154/018 del 9/4/2018 de la Presidencia de la República, queen su art. 1º convalidó lo actuado por Secretario y Pro Secretario de la Presidencia yDirector de la OPP “en relación a la suscripción de la enmienda al acuerdo de inversión ysus anexos”.

A raíz de lo manifestado estima el Sr. Representante Nacional que también existeuna irregularidad que podría implicar la presunción de ilícito penal, por lo que en definitiva,solicita a la Fiscalía, se proceda a la investigación de tales hechos.

CAPÍTULO II

DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN

I.1) Venido el caso a conocimiento de esta Fiscalía, se dispuso la agregación a lacarpeta investigativa de la siguiente documentación:

A) Testimonio del Contrato ROU – UPM, de fecha 7/11/2017 y sus anexos (versión enespañol).

B) Copia del “Agreement ROU – UPM”, de fecha 7/11/2017 (versión en inglés).

C) Copia de la “Enmienda al Acuerdo de Inversión” de fecha 7/11/2017, suscrito el5/4/2018.

D) Testimonio de la Resolución 1052/017 de la Presidencia de la República de 7/11/2017.

E) Testimonio de la Resolución 154/018 de la Presidencia de la República de 9/4/2018.

F) Documentación aportada por el denunciante:

a) Análisis Jurídico del Acuerdo (Rueda Abadie Pereira – Consultores).

b) Contrato complementario de abril de 2018.

c) Informe de la Facultad de Arquitectura.

d) Nota del MEF de 29/5/2020.

e) Nota del MTSS de 23/4/2020.

f) Nota del MTOP de 28/5/2020.g) Nota del MVOTMA de 11/5/2020.

G) Fotocopia autenticada del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 22ªsesión extraordinaria de fecha 3/6/2020 remitida por el Sr. Presidente de la Cámara a laFiscalía General de la Nación el 15/7/2020 y recibida el 16/7/2020 y posteriormenteremitida a la DPA y derivada por ésta a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de1º turno.

H) Documentación aportada por la Defensa de los imputados:

a) Testimonio de mails de fechas 7/4/2017, de 31/10/2017, de 26/10/2017, de 22/3/2018

.b) Documentación anexa a dichos mails como archivos adjuntos.

c) Testimonio de gráficas del canon que abonan los operadores por uso de vía férrea enforma comparativa en Europa.

d) Fotocopia de documento de AFE referido al Plan Estratégico de Desarrollo donde se establece la política tarifaria que aplica dicho ente para el cobro del canon a los operadores.

II.2) Asimismo, esta Fiscalía citó a fin de prestar declaración y así se efectivizó, alas siguientes personas:

a) En calidad de denunciante, al Dr. E.L.

b) En calidad de imputados, a los Dres. M.T., J.A.R. y al Cr. A.G.

c) En calidad de testigos, a los representantes de UPM, Ing. G.G. y J.S. y a la Dra. V.V. de Presidencia de la República.

C) Copia de la “Enmienda al Acuerdo de Inversión” de fecha 7/11/2017, suscrito el5/4/2018.D) Testimonio de la Resolución 1052/017 de la Presidencia de la República de 7/11/2017.E) Testimonio de la Resolución 154/018 de la Presidencia de la República de 9/4/2018.F) Documentación aportada por el denunciante: a) Análisis Jurídico del Acuerdo (Rueda Abadie Pereira – Consultores).b) Contrato complementario de abril de 2018.c) Informe de la Facultad de Arquitectura.d) Nota del MEF de 29/5/2020.e) Nota del MTSS de 23/4/2020.f) Nota del MTOP de 28/5/2020.g) Nota del MVOTMA de 11/5/2020.G) Fotocopia autenticada del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 22ªsesión extraordinaria de fecha 3/6/2020 remitida por el Sr. Presidente de la Cámara a laFiscalía General de la Nación el 15/7/2020 y recibida el 16/7/2020 y posteriormenteremitida a la DPA y derivada por ésta a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de1º turno.H) Documentación aportada por la Defensa de los imputados:a) Testimonio de mails de fechas 7/4/2017, de 31/10/2017, de 26/10/2017, de 22/3/2018.b) Documentación anexa a dichos mails como archivos adjuntos.c) Testimonio de gráficas del canon que abonan los operadores por uso de vía férrea enforma comparativa en Europa.d) Fotocopia de documento de AFE referido al Plan Estratégico de Desarrollo donde seestablece la política tarifaria que aplica dicho ente para el cobro del canon a losoperadores.II.2) Asimismo, esta Fiscalía citó a fin de prestar declaración y así se efectivizó, alas siguientes personas:a) En calidad de denunciante, al Dr. E.L.b) En calidad de imputados, a los Dres. M.T., J.A.R. y al Cr. A.G. c) En calidad de testigos, a los representantes de UPM, Ing. G.G. y J.S. y a la Dra. V.V. dePresidencia de la República.

CAPÍTULO III

DE LAS RESULTANCIAS DE LA CARPETA INVESTIGATIVA Y DE LAS CONCLUSIONES QUE DERIVAN DE LA MISMA

III.1) EN CUANTO AL CANON ESTABLECIDO POR EL USO DE LA VÍA FÉRREA

Uno de los aspectos principales de la denuncia deviene de la diferencia existenteentre las versiones en español y en inglés del contrato, en cuanto al canon a pagar porUPM por el uso de la vía férrea por el transporte de la carga.

La diferencia trata de un aspecto sustancial, desde que en una de las versiones seestablece un canon de medio dólar por tonelada bruta/km, pero como se dijo entreparéntesis y en letras se estableció cinco centavos de dólar, extremo que no condice conlo anterior. Mientras que en la versión en inglés del contrato se acordó que el canon apagar fuera de medio centavo de dólar.

Lo que se trata aquí es de investigar si dicha circunstancia ocurrió por un errortipográfico al transcribir la cláusula o si estamos en presencia de una conducta ilícitadesplegada por quienes suscribieron los contratos.

A juicio de esta representación del Ministerio Público, la instrucción permitió develartal interrogante.

Así, quedó claro de la declaración prestada por los imputados T., R. y G., que encuanto al tema del canon manejado entre el Estado y UPM durante la negociación,siempre se tuvo presente que el monto a pagar sería el de medio centavo de dólar portonelada bruta/km, como en definitiva quedó redacto en la versión en inglés y nunca semanejó que el canon fuera medio dólar o cinco centavos de dólar (en forma contradictoriay no congruente) como surge del contrato en la versión en español.

Tal versión brindada por los denunciados se vio avalada por el testimonio brindadopor los dos representantes de UPM G. y S., los que en Sede de esta Fiscalía ratificaronlos dichos de los ex jerarcas estatales y fueron contundentes en cuanto a que jamás semanejó otra cifra que no fuera la estipulada en el contrato en idioma inglés, agregandoincluso que de haber sido cierta la cifra de medio dólar o medio centavo de dólar, laempresa no hubiera suscrito nunca el contrato, puesto que la cifra resultante haríaabsolutamente inviable el negocio.

Todos, imputados y testigos son coincidentes en sus declaraciones en lo que hacea que en definitiva se trató de un error tipográfico al transcribir la cláusula en el contratoen español, error que fue casi inmediatamente advertido, en los días siguientes a lasuscripción del contrato, a tal punto, que no fue el único error, sino que se detectaronotros más, que llevaron a que el 5/4/2018 se firmara la enmienda al acuerdo por la cual serectificaron dichos errores.

Tal es así, que la funcionaria Letrada de la Presidencia de la República, Dra. V.V.,también es conteste en cuanto a que se trató de un error.

Las complejidades propias del contrato, lo extenso de su texto, las diversas áreasde distinta naturaleza reguladas en el acuerdo, las múltiples reuniones celebradas por losencargados de la negociación con la empresa, pero también las realizadas entre diversosorganismos del Estado (varios Ministerios), y en definitiva personas involucradas en todala operativa, condujeron a que se produjera el error aludido y la diferencia que surge deambos textos.

Pero las versiones brindadas se ven reforzadas por otros elementos que seagregaron a la carpeta investigativa.

Por ejemplo, el intercambio de mails existente entre los representantes del Estadoen fecha anterior y posterior a la suscripción del contrato y los archivos anexos a talesmails, revelan que efectivamente la cifra que se manejó por concepto de canon, fue el demedio centavo de dólar.

Es más, acompañó la Defensa de los imputados, gráficas internacionales de dóndese desprende los promedios que se pagan en otros países del mundo por concepto deuso de vía férreas para transporte de carga.

De las mismas se desprende, que incluso el canon fijado en el contrato (de mediocentavo de dólar por tonelada bruta/km), está en muchos casos por encima de lo que sepaga en otros países.

Es más, está por encima del canon que cobra AFE por el uso de la infraestructuraferroviaria, como emerge del Plan Estratégico de Desarrollo de dicha empresa, cuyotestimonio se aportó a la carpeta investigativa.

Pero por si todo ello fuera poco, más allá de que se advierte de que se trató de ungran error (como incluso lo indica alguno de los imputados en su declaración), extremoque debió haberse manejado con sumo cuidado y tenido en cuenta en la revisión de lostextos, debe primar en el análisis de la cuestión el sentido común.

En efecto, es obvio advertir que nunca se podían haber establecido dos cifrasdiferentes en cada uno de los idiomas en los que estaba redactado el mismo contrato.

Como así tampoco es admisible que en el texto en español se indicara una cifra ennúmeros y otra cifra diferente en letras.

Lo referido, es claro indicativo de que se trató de un error de tipeo, sin visos deilegalidad.

Pero además, es cierto lo alegado por la empresa al brindar su testimonio en laFiscalía a través de sus representantes, en cuanto a que, es tal la magnitud de ladiferencia que surge entre ambas cifras, que de darse por buena la de medio dólar portonelada bruta/km, como emerge del contrato en español, la cifra resultante de ello,estaría en exceso por encima del canon que se paga internacionalmente como surge delas gráficas agregadas y ya aludidas ut supra.

Sería tal la diferencia en millones de dólares, que UPM obviamente, como sereiteró por unos y otros actores, jamás hubiera suscrito el contrato por su inviabilidadeconómica.

Por lo tanto, advertidas ambas partes del error, ello justificó que con premura sesalvara la equivocación, suscribiendo la enmienda al citado acuerdo “a fin de solucionarlas referidas inconsistencias e imprecisiones”, como se hace constar en la resolución 154/018 de la Presidencia de la República, de fecha 9/4/2018.

En base a lo anterior, concluye esta Fiscalía, que en definitiva la corrección de taleserrores, no significó que se le hubiera dado prevalencia al texto en inglés del contrato, porsobre el que estaba en idioma español.

Y ello es así porque lisa y llanamente no se trató aquí de un tema de interpretaciónde las cláusulas del acuerdo (en cuyo caso debía darse prevalencia al contrato enespañol), sino de que lo que se constató fue un error de transcripción y redacción de lacláusula referida al pago del canon por el uso de la vía férrea.

No se hizo una interpretación de cláusulas oscuras o confusas sino que secorrigieron errores, lo cual es sustancialmente distinto a la hora de analizar lo actuado porambas partes contratantes.

Si se hubiera pretendido por el Estado uruguayo hacer prevalecer la cláusula en suversión en español, ello hubiera significado por un lado una equivocación y por otro una deslealtad.

Error o equivocación, porque ni siquiera la cláusula en español estaba bienredactada, desde que a esta altura conviene recordar que dicha cláusula en españolestablecía un monto en números pero otro distinto y discordante en letras, por lo que aúnen este caso, subsistirían las inconsistencias de la tal mentada cláusula.

Y ello es así porque lisa y llanamente no se trató aquí de un tema de interpretaciónde las cláusulas del acuerdo (en cuyo caso debía darse prevalencia al contrato enespañol), sino de que lo que se constató fue un error de transcripción y redacción de lacláusula referida al pago del canon por el uso de la vía férrea.No se hizo una interpretación de cláusulas oscuras o confusas sino que secorrigieron errores, lo cual es sustancialmente distinto a la hora de analizar lo actuado porambas partes contratantes. Si se hubiera pretendido por el Estado uruguayo hacer prevalecer la cláusula en suversión en español, ello hubiera significado por un lado una equivocación y por otro unadeslealtad.Error o equivocación, porque ni siquiera la cláusula en español estaba bienredactada, desde que a esta altura conviene recordar que dicha cláusula en españolestablecía un monto en números pero otro distinto y discordante en letras, por lo que aúnen este caso, subsistirían las inconsistencias de la tal mentada cláusula.Y, deslealtad, en virtud de que, como viene de analizarse, nunca estuvo en elespíritu y voluntad de los contratantes que la cifra a pagar por el uso de la vía férrea, nofuera aquella que en forma correcta se estableció en la versión en inglés, por lo quepretender imponer algo distinto sería contrario a los principios de buena fe y lealtad quedeben primar entre las partes de un contrato.

II.2) RESPECTO A LA CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN DE QUIENES SUSCRIBIERON LA ENMIENDA AL CONTRATO EL 5/4/2018

El segundo aspecto que, como se dijo motiva la denuncia, refiere a que eninterpretación del denunciante, las facultades de representación que tenían losfuncionarios T., R. y G. se agotaba con la firma del contrato, hecho que ocurrió el7/11/2017.

Es decir, que según lo sostiene el Dr. L., tales funcionarios no podían haber suscritoen representación del Estado la enmienda al contrato de inversión, el 5/4/2018.

Esta representación del Ministerio Público, no deja de admitir que tal circunstanciaadvertida con extrema precisión, puede generar dudas desde el punto de vista de la capacidad contractual.

Pero cabe acotar que la resolución 154/018 de la Presidencia de la República, defecha 9/4/2018, en su parte resolutiva, dispuso convalidar “lo actuado por los Sres.Secretario de la Presidencia de la República, Dr. M.A.T., Prosecretario de la Presidenciade la República, Dr. J.A.R. y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr.A.G. en relación a la suscripción de la Enmienda al Acuerdo de Inversión y sus anexoscelebrado entre la República Oriental del Uruguay y UPM el 7 de noviembre de 2017, quese anexa y forma parte de la presente Resolución”.

No cabe duda que con esa nueva resolución se pretendió subsanar cualquier dudaque pudiera existir en cuanto a la legitimación de los representantes del Estado uruguayo,para suscribir la enmienda posterior al contrato.

Se podrá discutir desde el punto de vista del derecho administrativo y del derechocivil, si esa convalidación bastaba para subsanar un defecto contractual, referido como sedijo, a la legitimación y capacidad de los comparecientes para suscribir la multicitadaenmienda. Pero ello escapa al ámbito de análisis del derecho penal, sin perjuicio ademásde que a nuestro juicio, la convalidación posterior operó, subsanando el defecto que ahorase advierte por el denunciante.

Ese extremo que se cuestiona en la denuncia, fue aceptado sin discusión por laotra parte contratante, la que tenía un interés directo, personal y legítimo a pretender quese corrigiera, de haber correspondido, el defecto aludido, si existiera el mínimo de dudaen cuanto a que el contrato pudiese verse afectado, dado la implicancia que ello podríatraer aparejado.

En definitiva tampoco aquí se advierte visos de ilegalidad desde el punto de vistapenal en lo actuado.


ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA. EMMILY LONG

           


CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

Por lo expuesto cabe concluir entonces, que no se verifica en la especie unadesviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente.

Por ello, es menester recordar, como ya lo ha sostenido esta Fiscalía en otrasoportunidades, que el Derecho Penal, debe determinar si existió ilicitud en una accióndesplegada por el autor de aquella, esto es, si la conducta del agente se adecua a unanorma penal, que sanciona dicho proceder, para lo cual se requiere por imperio legal, queexistan elementos de convicción suficientes, Art. 118 del Código del Proceso Penalanterior o “… elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito yde la identificación de sus presuntos responsables …”, esto último en la redacción del art.266 del Nuevo CPP, concepto que se reitera en el art. 224.1 del citado cuerpo normativo.

Es decir, acudiendo al precepto constitucional, semiplena prueba de ello (Carta Art.15).

En ese sentido, jurisprudencia prestigiosa aplicable en la especie, y que mantienesu vigencia a pesar de los cambios normativos procesales, ha sostenido: “Como lo hadicho esta Sala en múltiples pronunciamientos, siguiendo las enseñanzas de VELEZMARICONDE, la decisión de enjuiciamiento constituye, ni más ni menos, que un juicio deprobabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación.

Por tal razón, el artículos 125 del Código del Proceso Penal requiere la existenciade un hecho delictivo y de elementos de convicción suficientes como para juzgar quedeterminado sujeto tuvo participación en el mismo.

Los requisitos reclamados por el artículo 125 ponen en evidencia la funcióninstrumental que cumple la instrucción presumarial en el proceso penal patrio.

La exigencia de “…suficiente…” que constituye la nota distintiva de la pruebareunida para procesar a un individuo, debe ser correlacionada con la requerida paracondenar que no es otra que la plena prueba.

Esa suficiencia requerida lo es en relación a los elementos de convicción es decir,suficientes probanzas que persuadan que el indagado tuvo participación en el delito”.

Y más adelante continúa diciendo el Tribunal: “Por tanto, la duda, es decir, laoscilación entre los motivos que conducen a afirmar y a negar la imputación, así como lacerteza negativa, esto es, la evidencia de que la imputación carece de fundamento, yasea porque el hecho no fue cometido, o no tuvo el imputado participación en el mismo, ono encuadra en figura delictiva alguna, etc., no autorizan a adoptar una decisión deenjuiciamiento.

En este contexto, y como viene de verse, la información presumarial no tiene otroalcance que comprobar los supuestos objetivos y subjetivos que informan la notitiacriminis, de forma tal que permitan ingresar a la etapa sumarial.

Se trata de establecer la necesidad o no de un desenvolvimiento ulterior de losprocedimientos en que, sobre principios parcialmente distintos a los de la etapapresumarial, se profundiza, desarrolla o amplía la instrucción ya cumplida.

Aunque referidos a otra realidad legal y, por tanto, con la reserva del caso, losconceptos insuperablemente expuestos por LEONE, que se transcribirán, se estimanaplicables a la especie que nos ocupa: “… la función del juez de la instrucción se concretaa investigar si existe o no el minimum de elementos suficientes para hacer que aparezcala utilidad de una fase ulterior del proceso. En cambio, si falta cualquier elemento o laspruebas aclaradas se presentan como modestas, marginales e ineficientes, que hagancreer al juez que no sean tales que puedan consolidarse o completarse en el juicio, lainstrucción aparece como no idónea para dar curso a la fase del proceso deconocimiento. De manera que la suficiencia de las pruebas en sede instructoria debecontemplarse en consideración a una favorable (o conceptuada tal) perspectiva deadquisición de ulteriores elementos de juicio…” (Tratado…, tomo II, pág. 118)”, “T.A.P. 2ºTurno, Mata, Preza, Gómez Tedeschi ®, S. 23/01.)

Traspolando los conceptos vertidos al nuevo proceso penal en el que lainvestigación no recae sobre el Juez pero sí sobre el Fiscal, será este último Magistrado elque deberá ahora valorar la evidencia reunida durante su investigación y que consta en lacarpeta investigativa y determinar si de ella emergen “elementos objetivos suficientes queden cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntosresponsables …”. Única situación que autoriza a la Fiscalía a solicitar la Formalización dela investigación (art. 266.1 del CPP), la que deberá reunir y contener los requisitosexigidos por el art. 266.2 del citado cuerpo normativo.

En ese sentido, en sentencia 348/018 el Tribunal de Apelaciones de 3º turnosostuvo: “El Colegiado señala, en primer término, que no comparte la posición sustentadapor el MP “en cuanto a que la formalización de la investigación sea un mero ‘… actoformal de comunicación de la investigación que se está desarrollando’.” Así sostuvo: “Enel ordenamiento procesal penal patrio a texto expreso se establece que la formalizaciónde la investigación tiene importantes consecuencias, mucho más allá de las queresultarían de un ámbito simplemente informativo: “… aparejará la sujeción del imputadoal proceso y dará comienzo al sumario (art. 16 de la Constitución de la República).Cuando se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá elefecto previsto en el art. 80 de la Constitución de la República (inciso final del art. 266 delNCPP), y en los hechos significa además la inscripción en el Registro de Antecedentesdel Instituto Técnico Forense. Asimismo, esa vinculación del imputado con el proceso quese inicia habilita por ejemplo a que la Fiscalía solicite una medida de máxima coercióncomo lo es la prisión preventiva, entre otras (art. 221.1 NCPP). Y más allá de todas lasconsideraciones legales que vienen de realizarse tampoco puede obviarse la innegableestigmatización irreparable que tal sujeción implica. Debe tenerse presente además quela actividad del Juez en esta audiencia no se limita a ser un simple controlador delcumplimento de los requisitos de la solicitud Fiscal y escucha de la comunicación Fiscal;el Juez debe resolver el planteo del Ministerio Público”, agregando que ese“pronunciamiento dice referencia al análisis de tal planteo desde un punto de vistasustancial ya que los defectos formales del mismo debieron ser observados y subsanadoscon anterioridad (art. 266.3 NCPP) … En ese sentido no se comparte totalmente laargumentación de la Sra. Fiscal Letrado actuante en cuanto a que “… no le correspondeal Juez en esta etapa la emisión de un juicio de valor definitivo sobre la antijuricidad delhecho y/o su imputación al sujeto” … Pero el hecho de que no se deba exigir unadefinitiva calificación delictual de la conducta del imputado no implica que el Juez, comoya se expuso no deba pronunciarse sobre “la comisión de un delito” y la participación delimputado en el mismo. Evidentemente que si el Juez actuante no alcanza elconvencimiento respecto a estos dos extremos no corresponderá admitir la formalizaciónde la investigación; o sea: si los hechos expuestos por la Fiscalía no configuran delito o sino surge que el imputado tuvo participación en ellos no se podría admitir tal solicitud deformalización. Por ello se considera correcto que el Juez actuante en la audiencia deformalización de la investigación haga un ponderado análisis primario, provisorio de losplanteos de las partes en base a las argumentaciones que éstas hagan de la informaciónrecolectada y la contradicción que genera la parte contraria (inciso 4º art. 264 NCPP) yse pronuncie respecto a aquellos dos extremos”.

Los argumentos vertidos anteriormente confirman y avalan la necesidad de que siel Fiscal solicita la formalización, deberá tener en su carpeta investigativa la evidencia(semiplena prueba) que determine la existencia de elementos de convicción suficientespara que el Juez pueda hacer lugar a dicha formalización.

Como viene de expresarse, y adaptando tales conceptos al sistema procesalacusatorio ahora vigente, los elementos de convicción reunidos al presente, y queemergen de la carpeta investigativa fiscal, a pesar de la investigación desarrollada, no sonprecisamente suficientes, como para dar paso a la fase prevista en el art. 266.1 del nuevoCPP, que implica la judicialización de la investigación.

Por lo expuesto, el Ministerio Público, considerando que no existen diligenciaspendientes que desarrollar en la investigación y que las actuaciones cumplidas no hanproducido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria, conforme lo estipulado por el art. 98.1 del CPP, dispondrá el archivo, sin perjuicio de las actuaciones,notificándose de dicho archivo y sus fundamentos al denunciante y a los imputados.

Montevideo, 4 de enero de 2021