El Frente Amplio emitió un comunicado de prensa

La Bancada de Ediles del Frente Amplio de Rocha rechaza la actitud del
Intendente Departamental, quien en respuesta a un pedido de informes
realizado por un miembro de este cuerpo, ha vertido información falsa, no
coincidente con la realidad, demostrando una vez más su desprecio por la
tarea de contralor de la Junta Departamental.








Al comparar la repuesta dada por el Sr. Intendente Umpiérrez en el mes de
junio 2021 al pedido de informes realizado por el edil Silva Más y lo relevado
por el Tribunal de Cuentas de la República a solicitud de la Junta
Departamental, surge que el primero informó una cifra por gastos de publicidad
de $618.000 desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021 mientras que el
TCR detalla gastos por ese mismo concepto y período por $1.723.729, (tres
veces más que lo informado por el Intendente).
La respuesta al pedido de informes es absolutamente falsa, no coincidiendo ni
el monto total, ni ningún monto mensual. Para cada uno de los meses se
informan cifras de gastos sensiblemente menores a las registradas por el
T.C.R.
El pedido de informe es una facultad Constitucional del edil (art. 284 de la
Constitución) para ejercer su función de control otorgada por el art. 273 de la
Constitución.
El responder al pedido de informe es una obligación Constitucional del
Intendente (art. 284 y 285 de la Constitución) para que el edil pueda ejercer su
función y la repuesta falsa es una violación a esa obligación impuesta por la
Constitución.





Dicha violación está prevista en el art. 93 de la Constitución como causal para
la intervención del Senado como órgano que juzgue la conducta de las
autoridades allí mencionadas y al Intendente por remisión del art. 296 de la
Constitución.

La entrega de información falsa sobre datos disponibles en el sistema contable,
es un menosprecio a los roles constitucionales que caben a los ediles que no
tiene antecedentes en el departamento, además de lo grave que resulta el
ocultamiento y la tergiversación sobre dineros públicos a la población en
general.

Se deja señalado como una violación a la Constitución, como una actitud de
poco apego a la institucionalidad y en definitiva socavamiento a la credibilidad
de la democracia, lo cual rechazamos enfáticamente.