Al haberse cumplido este lunes 37 años de la liberación de los últimos presos políticos en Uruguay, CRYSOL emitió un comunicado.

Presos políticos liberados en 1985

Al haberse cumplido este lunes 37 años de la liberación de los últimos presos políticos en Uruguay, CRYSOL emitió un comunicado.

La Asociación que nuclea a los ex presos políticos de la dictadura uruguaya, ha emitido un comunicado tras haberse cumplido este lunes 14 de marzo, el 37 aniversario de la liberación de los últimos presos políticos:

«Se cumplieron este lunes 37 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura. Uruguay comenzaba a vivir nuevamente en el marco de las libertades y derechos conquistados. Celebramos, además, nuevamente, el Día de la y del ex preso político en este lugar emblemático de memoria, de homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos.

En estos tiempos insólitos que nos toca vivir, reafirmamos nuestro pasado militante al cual no renunciamos, reafirmamos nuestra identidad de luchadores sociales y políticos, reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y la libertad que ayudamos a forjar y nos expresamos enfáticamente a favor del Sí en el referéndum del próximo 27 de marzo para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que significan un gran retroceso en la vida del país.

Lo hacemos ratificando nuestro compromiso de siempre con el futuro del país, con horizontes de cambios profundos por los que siempre batallamos y que obviamente, siempre incluyeron, y hoy más que nunca lo hacen, la igualdad de género.

En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, fuimos privados de nuestra libertad, juzgados y condenados por tribunales militares sin garantías de ningún tipo, sin asistencia legal, luego de días, semanas o meses de estar secuestrados, sometidos a torturas y tormentos, de aislamiento y de incomunicación con el mundo exterior.

Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, las atrocidades sufridas por miles de personas, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, y de promover el juzgamiento y el castigo penal de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

La actuación de la justicia, del Poder Judicial es la manera de generar anticuerpos democráticos, ¡Es la única manera de evitar que las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y policiales vuelvan a ocurrir!»








«Luego de la derrota de la dictadura, al regresar a la democracia, una de las primeras resoluciones adoptadas por el Parlamento, mediante la ley 15 737, fue suscribir la Convención Americana de DDHH y de aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH, de una manera voluntaria, en un verdadero acto de soberanía, para ratificar el compromiso del país con las normas de DDHH.

En Uruguay, el poder judicial es el único órgano estatal que tiene competencias plenas y totales para investigar, para allanar domicilios, tomar declaraciones compulsivamente, con el uso de la fuerza pública si es necesario, para acceder a los archivos, requerir información, incautar documentación, privar de la libertad y sancionar.

Es una auténtica vergüenza que en nuestro país, a más de 41 años del histórico plebiscito en que el pueblo uruguayo masivamente dijo NO a la constitución propuesta por las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo ocurrido en Chile y

Argentina, solo un puñado de terroristas estatales haya sido condenados y procesados y que se pretenda amnistiarlos y/o concederles prescriptivamente el beneficio de la prisión domiciliaria para disminuir el impacto de la pena judicial.

La Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH del pasado 15 de noviembre en el caso Diana Maidanik y otros es un claro y potente pronunciamiento contra el Estado uruguayo y contra el Poder Judicial por no proveer la justicia que los casos ameritan y por haber violentado el legítimo derecho de las víctimas y de sus familiares.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue observada porque hasta ahora desconoce el carácter de crímenes de Lesa Humanidad de las atrocidades cometidas, tolera permisivamente todas las artimañas legales de los denunciados, permite, incluso, todas las prisiones domiciliarias que se solicitan, vulnerando la normativa vigente y las solicitudes de nuevos procesamientos transitan lenta y burocráticamente,

La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ha sido un gran acierto. Ha permitido revitalizar las causas sepultadas y enterradas. Ante los feroces ataques que recibe, sin respaldo gubernamental, es notorio que no tiene la fuerza suficiente para movilizar al poder judicial. La reciente sentencia de la Corte Interamericana es un claro alegato al trabajo realizado y un mandato directo al gobierno.

Las presiones para que el Poder Judicial no actúe son enormes y están a la vista de todo el mundo. Las campañas de prensa y mediáticas son notorias. Las acusaciones destempladas y sin fundamentos de varios senadores nostálgicos son conocidas. Incluyen las recurrentes declaraciones de los centros militares o sus allegados pretendiendo victimizarse cuando han tenido todas, absolutamente todas, las garantías legales para ser juzgados.

Para superar las secuelas del terrorismo de Estado, el modelo a seguir es la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y el cumplimiento de las recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas en lo referido al pasado reciente y a las debidas reparaciones.

En este país hubo dictadura y hubo terrorismo de Estado desembozado. La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país, en el marco de la injerencia constante y agobiante en el continente de Estados Unidos. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco suspendió los Consejos de Salarios, impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 y comenzó a militarizar gremios en conflicto.

Tuvo, como no podía ser de otra manera, el apoyo de los grandes sectores del campo, del comercio, de la banca y de la prensa como El País. Fue un proyecto de nación en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. Y fue, como ha quedado demostrado, una tragedia nacional.»





«Como colectivo seguimos militando con el recuerdo de todas y de todos los compañeros que ya no están, a quienes honramos y homenajeamos cada 14 de marzo, el día de la y del ex preso político uruguayo.

Por eso estamos hoy acá y venimos todos los años, a este acto simbólico y militante. A rendirle nuestro sincero homenaje a los que ya no nos acompañan y a nuestros Detenidos Desaparecidos, con toda la fuerza de nuestros corazones: presente compañeras y compañeros!

Con nuestras banderas de lucha desplegadas al viento,

Por la victoria del Sí en Defensa Propia Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación
Nunca Más terrorismo de Estado!!

CRYSOL»