La Internacional de Educación América Latina manifestó su apoyo a Fenapes luego del referéndum por la LUC en Uruguay, mediante un comunicado en el que advierten que 67 de los 502 artículos de la ley se aplicarán al sector educativo, lo perjudicarán, y menoscabarán el derecho a la educación de los educandos.
La Internacional de Educación América Latina y sus organizaciones miembro enviaron un mensaje de solidaridad a los sindicatos uruguayas que han liderado la campaña, en los últimos meses, para dar de baja artículos de la Ley de Urgente Consideración de Luis Lacalle Pou, «que atenta contra el derecho fundamental a la educación pública, gratuita y de calidad».
El plebiscito que se realizó el pasado 27 de marzo no superó el 50% requerido para derrocar la LUC, sin embargo, para la organización regional dejó en evidencia la fuerte oposición que existe en ese país contra el Gobierno actual, que se impuso con una diferencia de menos del 1%.
El comunicado advierte que 67 de los 502 artículos de la ley se aplicarán al sector educativo. Con lo cual se limita la participación de los docentes en la toma de decisiones educativas y facilita el ingreso de actores del sector privado en la conducción del sistema de educación nacional, además de eliminar el requisito de acreditar diez años de ejercicio de la docencia en la educación pública para poder integran un consejo de participación.
«La educación pública en Uruguay ha sido un ejemplo a nivel mundial. Por su estructura democrática, por tener una fuerte voz docente y por su lucha amplia por los derechos de su pueblo,» manifestó David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación.
Contra viento y marea las organizaciones sindicales y sectores populares de Uruguay impulsaron al país a un referendo para derrocar una serie de medidas impuestas por el gobierno que debilitarían la educación pública y alentarían la privatización.
El referendo que se votó este 27 de marzo, buscaba definir el futuro de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por el congreso uruguayo en 2020, que impone toda una serie de medidas que afectan desde la seguridad, la salud, los derechos laborales y la educación.
La LUC ha sido ampliamente criticada porque limita el derecho a la huelga, elimina la obligatoriedad de la educación pública, abre las puertas a la privatización y la intervención de capitales extranjeros en la educación.
67 de los 502 artículos de la LUC se refieren al sector educativo. Las medidas imponen una fuerte concentración de poder en manos del Ministerio de Educación y una limitación de la participación docente en la toma de decisiones educativas. Al mismo tiempo, se abre la puerta a nuevos actores, como el sector privado, en la conducción del sistema de educación nacional, al eliminarse, entre otros, el requisito actualmente vigente de acreditar diez años de ejercicio de la docencia en la educación pública para poder integrar un consejo de participación.
Solidaridad internacional con Uruguay
La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembro se han solidarizado con las afiliadas en Uruguay: FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), FUMTEP (Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria) y CSEU (Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay), quienes han realizado una poderosa campaña en defensa del derecho fundamental a la educación pública, gratuita y de calidad, del pueblo uruguayo.
Fuente: https://latamgremial.com/
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