Fiscalía archivó investigación sobre compras del Ministerio de turismo bajo la gestión de Lilian Kechichian, la denuncia había sido presentada por el exministro German Cardoso

Fiscalía archivó investigación sobre compras del Ministerio de turismo bajo la gestión de Lilian Kechichian,la Fiscalía General de la Nación archivó este lunes la investigación sobre las compras y gastos que había hecho el Ministerio de Turismo desde marzo de 2020 a julio de 2021, además de contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021.







“Finalmente se hizo justicia”, expresó la exministra de Turismo Liliam Kechichian en un mensaje en Twitter en el que comunicó que el fiscal Gilberto Rodríguez solicitó el archivo de la denuncia que hizo el exministro Germán Cardoso contra ella y el exsubsecretario Benjamín Liberoff sobre las compras públicas durante su gestión en el ministerio.

El Ministerio Público había dispuesto una investigación, luego de que la comisión investigadora en la Cámara de Diputados por mayoría de la coalición de gobierno concluyera enviar todo lo recabado.

En el caso declararon Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff, entonces ministra y viceministro de Turismo, respectivamente, autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes e integrantes de la Unión General Armenia de Beneficencia. Finalmente, la indagatoria concluyó que no había ningún motivo para continuar con la investigación.

I DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
y B.L.
1- Con fecha 29 de setiembre de 2021, el Dr. P.L.G., presenta denuncia contrala Sra. L.K.,
en su carácter de ex Ministra de Turismo, por presuntasirregularidades que podrían
configurar la comisión de un delito de Abuso de Funciones encasos no previstos
especialmente por la ley, en el marco de lo establecido en el art. 162 del
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
Código Penal.
2- Los hechos que el denunciante pretende atribuir a la indagada, sin perjuicio del detalle
que a continuación se señalará, consisten en irregularidades en los procedimientos
administrativos de contratación correspondientes al periodo comprendido entre Mayo de
2012 a Marzo de 2020.
3- Sin ingresar en las apreciaciones subjetivas efectuadas por el denunciante, los
procedimientos cuyo análisis se reclama son: Expediente nº 2017-9-1-0001126,
correspondiente a la Compra Directa por Excepción n.º 247/2017, cuyo objeto era
elaboración de una crónica y reportaje mensual, y elaboración de una noticia semanal sobre
Uruguay; resultando adjudicataria la A.E., por un monto anual que ascendía a la suma de
USD 34.000, reportando un monto mensual de USD 2.374,35 más iva. Manifiesta el
denunciante que el procedimiento fue observado por el Tribunal de Cuentas en razón de
ausencia de procedimiento competitivo y falta de justificación de la causal de excepción
invocada. Expedientes n.º 201500802 y 201501052, correspondientes a las Licitaciones
Abreviadas n.º 19/2015 y 24/2015, cuyos objetos eran trabajos de obra en las piscinas de la
Plaza de Deportes de Canelones y Plaza n.º 11 de Montevideo, pertenecientes a la
DINADE (la entonces Dirección Nacional de Deporte); adjudicadas finalmente a la firma
A. S.R.L., por las sumas de $ 229.112 (mensual) y $ 1.102.636, iva incluido,
respectivamente. El denunciante expresa que ambos procedimientos fueron observados por
el Tribunal de Cuentas por incumplimiento de lo dispuesto en los arts. 48 y 65 del TOCAF,
y por las respectivas reiteraciones de gasto. Expediente n.º 201500904, correspondiente a la
Licitación Abreviada n.º 18/2015, cuyo objeto era la ejecución de trabajos de obra en la
piscina de la Plaza de Deportes de Tarariras – Departamento de Colonia, donde resultare
adjudicataria la firma F. y M. S.R.L., por un monto anual de $ 3.594.453. El denunciante
expresa que este procedimiento fue observado por el Tribunal de Cuentas, porviolentar los
principios de transparencia y publicidad, y por desconocerse aspectos
formales (inscripción en RUPE, constancia de visita, entre otros). Expediente n.º
201502788, correspondiente a la Compra Directa por Excepción n.º 634/2015, cuyo objeto
era impresiones en sitios digitales y plataformas (Mobile, Display, Youtube, y Facebook),
adjudicada a la firma S.L. (P.), por un monto total de USD 142.236. El denunciante
expresa en este caso, que el expediente no fue remitido al Tribunal de Cuentas y que no
fue cumplida la prestación contratada. Expediente nº 2014003401,
correspondiente a la Compra Directa n.º 721/2014, cuyo objeto fue la Adquisición de tres
embarcaciones. El procedimiento fue adjudicado a la firma A. B. T.
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
por un monto total de USD 126.000. Señala el denunciante que el Tribunal deCuentas
observó el gasto, el cual fue reiterado, pese a los incumplimientos por parte del
adjudicatario respecto a requisitos de los Pliegos de Condiciones, y del propio objeto
contratado.
4- Asimismo, y fuera de la denuncia concreta ya referida, en estas actuaciones se incluyó
las resultancias de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes conformada
a efectos de estudiar las denuncias sobre compras y gastos desde marzo de 2020 a julio de
2021, y la contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo
de 2010 hasta agosto de 2021 en el Ministerio de Turismo, cuyo “Informe en Mayoría” da
cuenta de irregularidades en los procedimientos de contratación ejecutados por la
denunciada Sra. L. K. y por el entonces Subsecretario de la cartera Sr.B. L..
II DE LA EVIDENCIA RELEVADA
En el marco de la indagatoria desarrollada, esta Fiscalía relevó la siguiente evidencia:
2- Informe en Mayoría de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes.
1- La denuncia formulada por el Dr. L. G., que obra en la novedad policial.
3- Acta parlamentaria N.º 12 de comparecencia de los Sres. B. K. y
5- En el contexto de la citada Comisión, el Diputado C. denuncia presuntas irregularidades
en la compra venta de un inmueble, en diciembre de 2011, entre el Ministerio de Turismo
y la U. G. A. a (UGAB), el que luego de varias instancias judiciales, no se concretó; y lo
relaciona directamente con un convenio celebrado en el mes de Octubre de 2015, entre
ambas partes, cuyo objeto fue el uso de las instalaciones del complejo deportivo de UGAB,
por un monto de USD 1.100.000, por el periodo comprendido entre octubre de 2015 y
febrero de 2020.
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
A. D. ante la citada Comisión.
4- En respuesta a Oficio n.º 08/2022 de fecha 4 de mayo del corriente, el Ministerio de
Turismo remitió testimonios de los expedientes n.º 201403401, 201502788, 2017-9-1-
0001126 y 2015-2-9-0000450.
III APRECIACIONES PREVIAS
1- Previo a ingresar en el análisis concreto de los procedimientos denunciados, debe
destacarse que esta Fiscalía no procederá a una apreciación sobre la gestión de los
imputados, considerada como la toma de decisiones políticas, de mérito o conveniencia;
centrándose únicamente en aquellas irregularidades que pudieran detectarse, y en su caso,
apreciar si las mismas configuran conductas penalmente reprochables.
2- Debe tenerse asimismo presente, la situación institucional de la Dirección Nacional de
Deporte, luego Secretaría Nacional de Deportes; que fuera creada por la Ley No. 19.331 de
20 de julio de 2015 como órgano desconcentrado dependiente directamente de la
Presidencia de la República. Todos los cometidos y atribuciones que las leyes y decretos
5- Por su parte, en respuesta a Oficio n.º 09/2022 de fecha 9 de mayo de 2022, la Secretaría
Nacional de Deportes remitió testimonios de los expedientes n.º 201500904, 201501052 y
201500802.
6- En calidad de testigos prestaron declaración ante esta Fiscalía, los Sres. F. C., D. D. y
A. D.; y en calidad de imputados, el Sr. B.L. y la Sra. L. K..
A todas las evidencias ha tenido acceso la Defensa de los imputados, Dr. J. D.. Se deja
constancia, que el denunciante, Dr. L. G. fue citado vía telefónica y a la dirección de
correo electrónico constituida, sin que compareciera a las instanciasrespectivas.
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
asignaban en la materia de deportes al Ministerio de Turismo y Deporte pasaron a ser
competencia de la Secretaría Nacional del Deporte. A tales efectos se suprimió la Unidad
Ejecutora 002 «Dirección Nacional de Deporte» del Inciso 09 «Ministerio de Turismo y
Deporte», redistribuyéndose sus atribuciones y competencias a la Secretaría Nacional de
Deporte, así como todos los bienes, créditos, recursos, partidas presupuestales, derechos y
obligaciones. La ley No. 19.355, en su art. 86 dispuso la creación en el Inciso 02
«Presidencia de la República», la unidad ejecutora 011 «Secretaría Nacional del Deporte»,
con la naturaleza jurídica y los cometidos previstos en los artículos 1° y 2° de la Ley N.º
19.331, facultando a la Contaduría General de la Nación para reasignar los créditos
presupuestales correspondientes. Como es de estilo en los procesos institucionales de
transición, en tanto la nueva Secretaría Nacional de Deporte no tuviera efectivamente
asignados sus créditos presupuestales, el funcionamiento administrativo-financiero
permaneció en la órbita del Ministerio de Turismo, por ejecución de competencias de la
Dirección Nacional de Deporte. Ello implicó que se requiriera del ordenador de gasto
respectivo del Ministerio de Turismo (y Deporte, hasta ese entonces) para ejecutar las
decisiones y competencias de la Secretaría creada.
IV ESTUDIO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
A) LA PRUEBA DOCUMENTAL INCORPORADA A1_ LOS EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
1- EXPEDIENTE N.º 2017-9-1-0001126 – Compra Directa por Excepción n.º 247/2017
Con fecha 29 de marzo de 2017 se suscribe un Convenio entre el Ministerio de Turismo,
representado por la imputada L. K., y la A. E. S.A. Se trata de la primera agencia
internacional de noticias en español y la cuarta en el mundo, que elabora y difunde
diariamente servicios informáticos. El monto mensual de la contratación ascendía a USD
2.374,35 más iva; y el plazo del convenio fue de un (1) año, prorrogable automáticamente.
En el expediente obran las correspondientes constancias de crédito,compromiso y
afectación. Por Resolución ministerial de fecha 29 de junio de 2017, se autoriza el gasto
referido, amparándose la contratación en lo previsto en el art. 33 numeral
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
2- EXPEDIENTE N.º 201501052 – Licitación Abreviada n.º 24/2015
3) literal c) del TOCAF. Por Resolución del Tribunal de Cuentas n.º 2379/17 de 26 de julio
de 2017 se observa el Convenio suscrito y los gastos que de él derivan, por entender que no
se acreditó la causal de excepción invocada, y que el monto anual supera el tope límite de
la contratación directa. Por Resolución ministerial de fecha 23 de agosto de 2017 se
procede a reiterar el gasto, en virtud de considerar “I) Que la experiencia de promoción
informativa basada en el primer acuerdo con la A. E. se ha verificado extremadamente
positiva para el trabajo de posicionamiento internacional tanto del país,como del propio
Ministerio de Turismo. II) Se entiende pertinente dar continuidad al acuerdo con dicha
Agencia en tanto la misma realiza una amplia y satisfactoria cobertura
de todos los temas que involucran a esta Secretaría de Estado, tanto en el Uruguay como en
el exterior, por lo que a efectos de cumplir con las tareas sustantivas y con las obligaciones
asumidas, se insistirá en el referido gasto.” Obra, asimismo, informe de fecha 20 de marzo
de 2017, del Asesor del Ministerio, Sr. J. L. B., sugiriendo y fundamentando la
contratación. Lucen en el expediente las facturas correspondientes a los ejercicios 2017
(Mayo a Diciembre), 2018 (Enero a Diciembre) y 2019 (Enero a Marzo), en todos los
casos, debidamente conformadas.
Por Resolución ministerial de fecha 15 de setiembre de 2015, suscrita por el imputadoB.
L., se autoriza el llamado a Licitación n.º 24/2015, cuyo objeto es la ejecución de los
trabajos de obra civil en las piscinas abiertas de la ciudad de Canelones.Con fecha 15 de
octubre de 2015, se celebra el acto de apertura de ofertas, presentándose 4 oferentes: C. U.
S.A., P. S.A, R. Ltda. y A. S.R.L. Reunida la Comisión Asesora de Adjudicaciones,
elabora el cuadro comparativo correspondiente (art.66 del TOCAF), y en Acta de fecha 5
de noviembre de 2015, sugiere adjudicar a la empresa A. S.R.L., por resultar la más
conveniente para los intereses de la Administración. En forma consecuente, por
Resolución ministerial de fecha 17 de diciembre de 2015, se adjudica el objeto de llamado
a la citada firma, hasta por un monto total de $ 1.102.636, iva y leyes sociales incluidas.
En el expediente luce constancia de que la obra ya había comenzado a ejecutarse, dado los
plazos de cumplimiento establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares.
Asimismo, surge informe de la Dirección de Desarrollo Deportivo, firmado por el Arq. D.
D., de fecha 5 de enero de 2016,
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
donde se indica: “(…) esta dirección cumple en informar que fue sumamente necesario
comenzar con la ejecución de las obras en la piscina de Canelones, con anterioridad a la
intervención del presente trámite, dado que las condiciones de las instalaciones lo requerían
para prevenir posibles inconvenientes sanitarios de los usuarios.” Con fecha 13 de enero de
2016, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas observa el gasto por principio de
ejecución.
3- EXPEDIENTE N.º 201500802 – Licitación Abreviada n.º 19/2015
Por Resolución ministerial n.º 1272/15 de 7 de setiembre de 2015, se autoriza el llamado a
Licitación n.º 19/2015, cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las
piscinas techadas de la Plaza de Deporte de la ciudad de Canelones y de la Plaza n.º 11 de
Montevideo. Con fecha 5 de octubre de 2015, se celebra el acto de apertura de ofertas,
presentándose 3 oferentes: F. T., A. S.R.L. y N. S.A., descartando la oferta de la firma C.
U. S.A. por carecer de firma. Reunida la Comisión Asesora de Adjudicaciones, elabora el
cuadro comparativo correspondiente (art. 66 delTOCAF), y en Acta de fecha 16 de octubre
de 2015, sugiere adjudicar a la empresa N.S.A., por resultar la más conveniente para los
intereses de la Administración. En forma consecuente, por Resolución ministerial n.º
1685/15 de fecha 5 de noviembre de 2015, se adjudica el objeto de llamado a la citada
firma, por un monto mensual de $ 341.600, iva y leyes sociales incluidas. En forma
posterior, por informe de la Dirección de Desarrollo Deportivo, de fecha 12 de noviembre
de 2015, firmado por el Arq. D. D., se
indica: “(…) Evaluada y ajustada la planificación financiera de esta secretaría y atendiendo
a la diferencia de precio presentada en las propuestas de las distintas empresas (lo cual
surge claramente del cuadro comparativo que luce a fojas 70), se sugiere vuelvan los
presentes obrados a la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Turismo a fin de
dejar sin efecto la adjudicación realizada por Resolución n.º 1685/15 de 5 de noviembre de

  1. Asimismo, se entiende conveniente adjudicar el presente llamado a la empresa
    Atletix S.R.L. la cual cumple técnicamente con lo solicitado en el pliego del presente
    llamado.” Seguidamente, el Director Nacional de Deporte, Prof. F. C.,comparte lo
    informado precedentemente, y remite las actuaciones a la Dirección General
    de Secretaría. En forma compatible con el funcionamiento institucional de la Dirección
    Nacional de Deporte, inminente Secretaría Nacional de Deporte, según se señaló, los
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    compromisos y afectaciones respectivos, surgen suscritas por el Prof. F. C., en su carácter
    de Director Nacional de Deporte. Por Resolución ministerial n.º 1820/15, de fecha 25 de
    noviembre de 2015, se deja sin efecto la adjudicación original y se procede a adjudicar a la
    firma A. S.R.L., por un monto mensual de $ 229.112 iva incluido. En nuevo informe de
    fecha 9 de diciembre de 2015, de la Dirección de Desarrollo Deportivo,firmado por el Arq.
    D. D., se indica: “Esta dirección comunica que la Plaza de Deportes Nro 11 está
    realizando un convenio con la Armada Nacional quien brindará el servicio de
    mantenimiento como contrapartida del usufructo de las instalaciones por parte de sus
    funcionarios. Por consiguiente, se entiende conveniente dejar sin efecto la adjudicación
    correspondiente a dicha dependencia (Resolución Ministerial que luce a fojas89 y vta)
    manteniéndose incambiadas las condiciones referentes al mantenimiento de la piscina
    techada de la Plaza de Deportes de Canelones. (…)”. Con fecha 23 de diciembre de2015, el
    Prof. F. C., ya desde la Secretaría Nacional de Deportes, remite las actuaciones para nueva
    resolución, y con fecha 29 de diciembre de 2015 se emite un nuevo acto administrativo
    (Resolución n.º 2061/15) el cual rectifica la resolución anterior (N.º1820/15), en cuanto el
    objeto de la contratación será únicamente la ejecución de los
    trabajos de mantenimiento de las piscinas techadas de la Plaza de Deporte de la ciudad de
    Canelones, por un monto total de $ 984.580 iva incluido, por el periodo 1º de enero a 31 de
    agosto de 2016. Con fecha 4 de enero de 2016, la Contadora Delegada del Tribunal de
    Cuentas, expresa que la Sra. Ministra de Turismo no sería ordenadora de gastos de la
    Unidad Ejecutora Secretaría de Deporte para créditos del ejercicio 2016. Atento a ello, y
    por corresponder por competencia legal, el Presidente de la República, por Resolución de
    fecha 11 de abril de 2016, convalida lo actuado por la Ministra de Turismo,
    específicamente las resoluciones n.º 1820/15 y 2061/15. Las actuaciones son finalmente
    observadas por la Contadora Delegada por haber requerido la Administración requisitos
    formales no directamente vinculados a la consideración del objeto de la contratación,
    incumpliendo con lo previsto en el art. 48 del TOCAF. Asimismo, se señala que la
    adjudicación no se realiza de acuerdo a los criterios objetivos para la evaluación de las
    ofertas (art. 14 del Pliego de Condiciones Particulares), incumpliendo lo dispuesto en el art.
    65 del citado Texto Ordenado. Atento a estas observaciones, Presidencia de la República,
    por Resolución P/1193 de fecha 28 de junio de 2016, procede a la reiteración del gasto. Las
    facturas fueron conformadas por autoridades de la propia Secretaría Nacional de Deporte.




EXPEDIENTE N.º 201500904 – Licitación Abreviada n.º 18/2015
5- Compra Directa por Excepción N.º 634/2015
Surge de las actuaciones, oferta presentada por la firma P. (S. L.), por un
Por Resolución ministerial n.º 1262/15 de fecha 2 de setiembre de 2015, se autoriza el
llamado a Licitación n.º 18/2015, cuyo objeto es la ejecución de trabajos de recuperación
de la piscina situada en la Plaza de Deportes de Tarariras, Departamento de Colonia. La
afectación del crédito fue suscrita por el Prof. F. C., en su calidad de Director Nacional de
Deporte. Con fecha 21 de setiembre de 2015, se celebra el acto de apertura deofertas,
presentándose 4 oferentes: C. U. S.A., Q. S.A., F. y M. S.R.L. y S. S.R.L. Reunida la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, elabora el cuadro comparativo correspondiente (art.
66 del TOCAF), y en Acta de fecha 23 de setiembre de 2015, sugiere adjudicar a la
empresa F. y M. S.R.L., por resultar la más conveniente para los intereses de la
Administración. En forma consecuente, por Resolución ministerial de fecha 29 de
setiembre de 2015, suscrita por el imputado Sr. B.L., se adjudica el objeto de llamado a la
citada firma, por un monto total de $3.594.453, iva y leyes sociales incluidas. Con fecha 7
de octubre de 2015, el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas señala que no se
encuentra adjunta al trámite la oferta correspondiente al adjudicatario, vulnerando el
principio de transparencia y publicidad (art.49 del TOCAF), y no surgía la agregación de
constancia de visita de obra, requerida en el Pliego de Condiciones, vulnerándose el
principio de igualdad de los oferentes.Seguidamente luce mail donde se explicita
constancia de visita, según lo observado, y el Arq. D. informa que la oferta económica fue
estudiada por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y la misma quedó traspapelada por
un error involuntario en la oficina de la Asesoría Técnica de Arquitectura, por lo que se
procede a su agregación, constando fecha de presentación el día de la apertura de ofertas,
lo que es compatible con el Acta labrada en dicha oportunidad. Atento a la observación
del gasto formulada, por Resolución ministerial n.º 1530/15 de fecha 9 de octubre de 2015,
se procede a reiterar el gasto. Surge de las actuaciones los informes de avance de obra y
las facturas conformadas, en todos los casos,por autoridades de la Dirección Nacional de
Deporte.
La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
monto de USD 142.236, para la prestación de servicios de impresiones en sitios digitales
en las plataformas Mobile, Display, YouTube y Facebook. Por Resolución n.º 1960/15 de
fecha 11 de diciembre de 2015, se autoriza la pauta publicitaria a la referida empresa y por
el objeto señalado, a ejecutarse del 15 al 31 de diciembre de 2015, amparando el
procedimiento en lo previsto en el artículo 33 literal C) numeral 7 del TOCAF. La
Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas, observa el procedimiento con fecha 11 de
enero de 2016, por principio de ejecución, ya que el periodo de cumplimiento era del 15 al
31 de diciembre de 2015. Por Resolución ministerial n.º 165/16 de 15 de febrero de 2016,
se procede a la reiteración del gasto.
6- EXPEDIENTE N.º 2014003401 – Llamado a Comparación de Precios N.º 07/2014
En octubre de 2014, la entonces Directora General de Secretaría del Ministerio de Turismo
y Deporte, Esc. H. R., remite al Banco Interamericano de Desarrollo, los pliegos de un
llamado a Comparación de Precios, correspondientes a la adquisición de 3embarcaciones,
en el marco del Contrato de Préstamo 2601/OC-UR. Por informe de fecha 31 de octubre
de 2014, el BID no se opone al proceso solicitado, asignando un presupuesto de USD
100.000 para la adquisición. En forma consecuente, por Resolución ministerial n.º1735/14
de 12 de noviembre de 2014, se autoriza el llamado a Comparación de Precios N.º
07/2014. Se procede a efectuar las publicaciones de estilo, y con fecha 5 de diciembre de
2014 se procede al acto de apertura de ofertas, habiéndose presentado únicamente la
empresa A. Á. B. T.. Con fecha 8 de diciembre, el Ing. Naval E.G. elabora informe de la
propuesta presentada que incluye dos ofertas, sugiriendo su adjudicación, destacando que:
“(…) 3. Ambas ofertas son técnicamente aceptables, se ajustan a lo solicitado y existen
embarcaciones iguales o similares a las ofertadas funcionando normalmente en Uruguay.

  1. La firma B. presenta antecedentes técnicos suficientes. 5. La oferta más conveniente es
    la de las lanchas tipo monocasco, por USD42.000 c/u.” Por informe de fecha 29 de
    diciembre de 2014, el Coordinador del Programa MITURD/BID Prof. Á. L. señala que:
    “De acuerdo al análisis realizado por el Ing.Naval contratado por el BID, se recomienda la
    adjudicación al oferente A. B. T. por un monto por embarcación de USD 42.000
    totalizando la compra la suma de USD 126.000 (dólares americanos ciento veintiséis mil).
    Se eleva a consideración el proyecto de contrato a suscribirse entre el Programa
    MINTURD/BID y
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    A. B. T. (…)”. Atento a lo sugerido, por Resolución ministerial n.º2056/14 de 30 de
    diciembre de 2014, se adjudica el objeto del llamado a Comparación de Precios n.º
    07/2014 para la adquisición de tres embarcaciones nuevas para actividades de Turismo y
    Pesca Fluvial, a la firma A. Á. B. T., por un monto total de USD 126.000 iva incluido,
    suscribiéndose el respectivo contrato con fecha 24 de febrero de 2015. Remitidas las
    actuaciones para su intervención, la Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas señala que el
    contrato no se firmó ad-referendum de la intervención de precepto,por lo que no se ha dado
    cumplimiento a lo establecido en el art. 211 literal B) de la Constitución, contando el
    procedimiento con principio de ejecución. A su vez señala que del estudio de la única
    oferta surge que no se da cumplimiento al punto 4 del pliego en referencia al item
    “Solvencia de la empresa”, tampoco se incluye dentro de la oferta el periodo de validez de
    la misma, tal cual se solicita en el referido pliego, asimismo tampoco se da cumplimiento
    al punto 5 del pliego en el item que indica el desglose de los impuestos que correspondan;
    observando en definitiva, el gasto. El Coordinador del Programa MITURD/BID Prof. Á.
    L., solicita la insistencia del gasto de referencia, y por Resolución ministerial n.º 0744/15
    de 4 de junio de 2015, se procedió a la reiteración del gasto. Por nota dirigida al Programa
    MITURD/BID, de fecha 28 de julio de 2015, el Ing. Naval E. G. señala que, efectuado el
    control de cumplimiento respecto a una primera embarcación, no existen observaciones,
    habiéndose emitido una factura por la suma de USD 24.000 por tal concepto. En similar
    nota, de fecha 19 de octubre de 2015, el citado Ing. Naval indica: “Se informa sobre grado
    de avance del proyecto de construcción de tres lanchas de pasajeros. 1- Lancha Río de los
    Pájaros I, falta estudio de estabilidad y lastrado, tarea que puede resolverse en 10 días. El
    resto de los temas, como compás, bomba de mano, son de resolución inmediata, mientras
    que los libros náuticos, cartografía básica en papel, etc. quedan a cargo del MINTUR. 2-
    Lancha n.º 2, el casco tiene 50% de avance.Puede terminar antes de fin de año. 3- Lancha
    n.º 3, aún no se inició, parece difícil que con el actual ritmo de obras culmine antes de fin
    de año.” Con fecha 23 de octubre de 2015, en nuevo informe el Ing. Naval G. concluye
    (por los motivos que allí expone) que“(…) N. B. no ha cumplido con el plazo contractual
    para la entrega de la primera embarcación. (…)”. En Acta de fecha 29 de octubre de 2015,
    reunidos el Lic. C. P. su calidad de Coordinador del Programa BID/MT y el Sr. A. B.,
    acuerdan la rescisión parcial del contrato de adjudicación debido a dificultades en el
    cumplimiento del cronograma estipulado, respecto a la entrega de las dos embarcaciones
    pendientes. Por Resolución ministerial de fecha 14 de diciembre de 2015, se procede
    entonces a la
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    rescisión parcial del contrato suscrito oportunamente.
    7- EXPEDIENTE N.º 2015-2-9-00002450 – ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE
    TURISMO Y LA U. G. A..
    Por Nota de Octubre 2015, dirigida a la entonces Sra. Ministra K., el Directorde Desarrollo
    Deportivo de la Dirección Nacional de Deportes (Arq. D. D.)
    solicita concretar la firma de un convenio de usufructo de instalaciones deportivas de laU.
    G. A. de Beneficencia (UGAB) para usos varios, especialmente para los cometidos
    curriculares del Instituto Superior de Educación Física (ISEF); agregando el texto
    proyectado del mismo. El monto total del convenio era de USD 1.100.000 (a cargo dela
    Dirección Nacional de Deporte), por el periodo 2015 (a partir de la suscripción) a 2018.El
    objeto del acuerdo era el uso de las instalaciones del complejo deportivo “M. K.”:
    gimnasio principal, piscina cerrada calefaccionada, piscina cerrada para niños, áreas de
    circulación, salas contiguas al gimnasio principal, gimnasio cerrado 2,
    baños y vestuarios. Remitidas las actuaciones a intervención preventiva del Tribunal de
    Cuentas, por Resolución de fecha 18 de noviembre de 2015, se observa el Convenio por no
    constar en los antecedentes la acreditación de la realización de un procedimiento
    competitivo, así como tampoco la acreditación de circunstancias que funden en causales de
    excepción. Por Resolución de la Presidencia de la República, de fecha 16 de diciembre de
    2015, se procede a la aprobación del referido Convenio, reiterándose el gasto observado, y
    derivándose a la Dirección Nacional de Deporte. Obran en el expediente los compromisos
    financieros suscritos por el entonces Director Nacional de Deporte, Prof. F. C., y el
    Director de Desarrollo Deportivo, Arq. D. D.. Lucen, asimismo, los informes
    correspondientes a la verificación de las rendiciones de cuentas presentadas. Con fecha 26
    de noviembre de 2019, se suscribe un nuevo convenio, suscrito entre la Secretaría
    Nacional de Deporte, representada por el Prof. F. C. y UGAB, disponiéndose por
    Resolución de 28 de febrero de 2020 la transferencia respectiva por para de éste.Derivado
    a la Auditoría del Tribunal de Cuentas destacado ante la Presidencia de la República, se
    observa el gasto por contravenir los arts. 14 y 33 del TOCAF, y art. 211 literal B) de la
    Constitución de la República. Por Resolución de la Secretaría Nacional de Deporte, de
    fecha 10 de junio de 2020, suscrita por S. B., se procede a la
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    reiteración del gasto.
    A2_ ACTA N.º 12 DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA COMPARECENCIA DE
    LOS SRES. B. K. Y A. D. (UGAB)
    Con fecha 15 de noviembre de 2021 comparece ante la Comisión Investigadora de la
    Cámara de Representantes, los Sres. B. K. y A. D., en carácter de Presidente y
    Vicepresidente de la U. G. A. de B., con el fin específico de aportar información sobre el
    Convenio firmado por dicha Institución y el Ministerio de Turismo en el mes de Octubre
    de 2015. En tal sentido, manifestaron:
    a- Preguntados sobre si la Sra. K. ha integrado la UGAB, la respuesta fue negativa. Nunca
    formó parte de la Institución y por ende, ni de su Comisión Directiva u otro órgano.
    Afirmaron que ni ella ni ningún familiar integraron el padrón social.
    b- Respecto al Convenio, informan que el 28 de octubre de 2015 se firmó con D.,actual
    Secretaría Nacional de Deportes, por la suma de USD 1.100.000 correspondiente aun
    periodo de cinco años aproximadamente, comprendiendo la totalidad del complejo
    deportivo. Que al momento de la selección supieron que también estaban valorando una
    propuesta del Club N.. Luego en 2020 se procede a su renovación, por el plazo de un año,
    por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, y con el único objeto de utilización delos
    gimnasios, excluyéndose a la piscina.
    c- Los usuarios de las instalaciones fueron principalmente la FUBB y la FUBV.
    d- Consultados sobre cuál fue la participación de la entonces ministra K. en la negociación
    del acuerdo celebrado, el Sr. D. responde que: “En lo personal y siendo partícipe de todas
    las instancias, nunca conocí a la Sra. K., nunca tuvimos un trato directo (…) nunca
    tuvimos contacto con la Sra. K..” Agrega el Sr. K.: “(…) no hay un e-mail, no hay una
    llamada de teléfono, no hay una reunión presencial, en la cual hayamos tenido
    interrelación con la ministra en ese momento K.. (…) todas, absolutamente todas nuestras
    negociaciones, nuestra
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    documentación, nuestras constancias por escrito, verbales, cualquier audio que pueda surgir
    allí, porque siempre los hay, refieren a negociaciones con el profesor F. C.,quien se
    presentó siempre, y nosotros no tuvimos en ningún momento por qué dudar de ello, como
    delegado directo del señor presidente de la República, el doctor T. V., al respecto del tema.
    Y la parte llamémosle más ejecutiva u operativa del contrato, las instancias más directas
    con respecto a las áreas deportivas, eran por parte del arquitecto D. D..(…). Al respecto de
    la firma, creo que es el momento también de aclararlo, se nos explicaba que en razón del
    tema de la votación del presupuesto nacional,por un lado, lo que era la Dirección Nacional
    de Deporte, que ya estaba definido y ya estaba presentado el proyecto, estaba para la
    votación, para constituirse en Secretaría Nacional de Deporte, ya tenía inclusive alguien
    designado, ya se sabía que iba a ser el profesor F. C. quien iba a estar al frente y que eso
    iba a estar directamente delegado en Presidencia de la República, que salía de la égida del
    Mintur, pero si no me equivoco, por quince o dieciocho días de diferencia, no quiero
    equivocarme al respecto, la firma le correspondía administrativamente a la entonces
    ministra K..”
    e- Interrogados respecto a la venta del inmueble sito en Ciudadela 1414, propiedad de la
    Institución, señalaron: “(…) respecto a cuáles fueron las razones por las que no se concretó
    la compra venta del inmueble por parte del Ministerio, claramente es resorte de esa cartera
    saber por qué no se concretó la compra del inmueble. De parte de la U. G.A. de B. no
    tenemos conocimiento de cuál fue el cambio de política o el cambio de criterio. (…) En
    segundo lugar, si el convenio, por el usufructo del complejo deportivo, fue parte de la
    negociación en la conciliación referida al negocio no concretado del inmueble de la calle
    C.; corregido. De alguna forma, el vínculo que se había generado originalmente por el
    tema de la compra-venta del inmueble derivó en contactos con el gobierno, con las
    autoridades, para tratar de resolver, de la mejor manera posible, un primer acuerdo por la
    compra-venta de un inmueble en el cual se requirió una inversión importante por parte de
    la central de la U. G. A. de B.. (…) Por la misma responsabilidad que hablaba K.
    recientemente, nosotros somos ciudadanos uruguayos. Más allá de ser representantes de la
    U. G. A. deB., tenemos criterios éticos que no obedecen a un criterio meramente
    comercial.Es decir, si la U. G. A. de B. actuaba de acuerdo al incumplimiento de un
    preacuerdo firmado por la calle C., en cuanto a términos monetarios, el resarcimiento y lo
    que hubiera correspondido por la no ejecución de ese
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    contrato de compra-venta hubiera sido mayor que lo que se pueda haber acordado por este
    contrato que tiene otro espíritu totalmente diferente (…).”
    B) LAS DECLARACIONES PRESTADAS
  2. Prof. F. C.: fue Director Nacional de Deporte desde 2005 a 2010, luego en 2015 asume
    nuevamente como Director Nacional de Deporte, y en julio de 2015 es designado como
    Secretario Nacional de Deporte, en la nueva institución creada por la Ley No. 19.331.
    Expresa que, en esta segunda etapa, el entonces Presidente de la República Dr.T. V. le dio
    indicaciones de que todo el tema deporte lo tratara directamente Presidencia – Secretaría de
    Deporte, con la salvedad que había cuestiones administrativas que requerían la
    intervención de las autoridades del Ministerio de Turismo. Cuando comienza a
    operabilizarse el nuevo presupuesto, en enero 2016, allí adquieren autonomía financiera.
    Manifiesta que, con la eliminación del Cilindro, se hizo notoria la carencia de canchas
    aptas para entrenamiento y desarrollo deportivo, especialmente basketball. En virtud de
    esa necesidad, se efectúa un relevamiento de complejos deportivos, tanto infraestructuras
    públicas como privadas, dentro de un plan general, el cual se presenta al entonces
    Presidente de la República y éste lo aprueba. En Montevideo se identificaron dos espacios:
    Club N. y UGAB. Allí conoce las instalaciones y toma contacto con sus autoridades.
    Consultado sobre la frustrada adquisición del inmueble sito en calle C., que se destinaría a
    la sede de la Secretaría Nacional de Deporte, indica que fue él quien toma la decisión de
    no mantener el compromiso de compra venta, ya que no reunía las características que se
    requerían, resuelve su rescisión, y se comunica a la U. G.A. B.. Simultáneamente se los
    convoca para la celebración del convenio de octubre de 2015, con destino al usufructo de
    las instalaciones de UGAB. Sin embargo, es enfático en destacar que no se condicionó la
    rescisión del compromiso de compra venta a la firma del convenio posterior. En ese
    proceso nunca participó la entonces ministra K. ni el Subsecretario L. Tampoco fueron
    consultados sobre este tema. Los aspectos resolutivos fueron coordinados directamente
    entre la Secretaría Nacional de Deporte y Presidencia de la República. En lo que respecta a
    laelección de las instalaciones deportivas de UGAB, señala que se trataba de la
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    infraestructura más ajustada, porque si bien estaba también el Club N., nunca se pudo
    llegar a avanzar en las negociaciones con sus autoridades. Por su parte UGAB tenía varios
    beneficios edilicios y operativos. Sobre las negociaciones, ni la entonces ministra K. ni L.
    participaron ni fueron consultados; y los asesoramientos jurídicos fueron brindados desde
    la propia Presidencia de la República.
    2- Arq. D. D.: en 2008 fue convocado como asesor del Prof. F. C.. En 2010 fue Director de
    Infraestructura de la Dirección Nacional de Deporte, y en 2015 se desempeñó en el equipo
    de la Secretaría Nacional de Deporte como Gerente Nacional de Deporte. Su competencia
    era la de un Director General, con atribuciones como ordenador de gasto. Casi todas las
    contrataciones pasaban por su dependencia, y trabajaba coordinadamente con la entonces
    Ministra K., durante el tiempo de transición hasta la institucionalización de la Secretaría
    Nacional de Deporte (2015). Consultado sobre la Licitación No. 19 señala que la
    modificación de la adjudicación efectuada fue estrictamente por razones presupuestales, y
    se ajustó el objeto a las necesidades, ya que había un convenio con la Armada para el
    mantenimiento de las piscinas de una de las plazas, por ello se desagregó de la
    adjudicación ese punto. Respecto a la participación de la entonces Ministra K. fue la de
    firmar los actos de adjudicación, pero no fue consultada sobre el fondo, de hecho luego
    Presidencia ratifica lo actuado. La materia era de Deporte pero por la transición
    institucional firmaba la Ministra. Consultado sobre su participación en la compra venta del
    inmueble sito en C. XXXX, con destino a la Dirección Nacional de Deporte, señala que
    intervino en su búsqueda, y fue seleccionada por su ubicación y beneficios edilicios.
    Cuando asumió el Prof. C. resuelve no mantener el compromiso. En lo que respecta a la
    elección de las instalaciones deportivas de UGAB, objeto del Convenio, señala que se
    trataba de la infraestructura más ajustada, si bien también estaba el Club N., aunque nunca
    avanzaron las negociaciones con las autoridades de este último. La selección de UGAB
    fue en el marco de un proceso de búsqueda de instalaciones como plan nacional
    (especialmente dirigido al basketball y beach volley), en el marco del relevamiento
    efectuado a nivel público y privado, y no lo vincula con la rescisión de la compra venta del
    inmueble. En forma detallada da los fundamentos de la selección de este complejo, el uso
    de cada instalación (piscina,gimnasios, etc.) y los montos asignados a cada objeto y en
    cada etapa del Convenio y su
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    4- Las declaraciones efectuadas por los imputados en sede de Fiscalía y en presencia de su
    Defensa, resultaron compatibles con las circunstancias de los hechos antes señalados por
    los diversos declarantes y lo que surge de las actuaciones obrantes.
    V ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL
  3. Corresponde ahora, una vez analizados los hechos y las evidencias, determinar si la
    investigación permite sostener la existencia de un caso con relevancia jurídico penal con
    respaldo evidencial/probatorio idóneo al efecto.
  4. En este sentido, se estableció como teoría del caso determinar si los denunciados,
    ajustaron su actuar a la comisión de un presunto delito de ABUSO INNOMINADO DE
    FUNCIONES conforme a lo previsto en el art. 162 del Código Penal, justamente porque la
    residualidad que caracteriza al tipo, impide su configuración cuando la conducta
    investigada, es capaz de sujetarse a la descripción de otro modelo de injusto.
    renovación, y en el contexto del presupuesto anual de la propia Dirección Nacional de
    Deporte. Sobre las negociaciones, ni la entonces ministra K. ni L.participaron ni fueron
    consultados desde la Secretaría Nacional de Deporte y Presidencia de la República, pese a
    que luego se inicia el trámite desde el Ministerio de Turismo, ello por el periodo de
    transición hacia la Secretaría Nacional de Deporte.
    3- Cr. A. D.: básicamente reitera los conceptos ya vertidos en la Comisión Investigadora
    de la Cámara de Representantes, señalados más arriba; ratificando la no participación de
    la entonces ministra K. en el proceso de negociación y resolución del convenio celebrado
    entre Ministerio de Turismo y UGAB, ni en las instancias de adquisición del inmueble
    sito en C. XXXX.
  5. Para ello y como ha sido sostenido en el ámbito de la litigación por docentes como
    MORENO; la investigación fiscal debe orientarse en razón de cumplir la “trilogía” fáctico,
    jurídica y evidencial probatoria, para así conformar un hecho (fáctico) de relevancia penal
    (jurídico) que sea capaz de sostenerse en evidencias que se incorporen como pruebas
    admisibles, conducentes y pertinentes que permitan lograr acabadamente en el decisor; la
    certeza razonada (art. 142 CPP) acerca de la verosimilitud de los hechos constitutivos del
    tipo penal, y así obtener la satisfacción de la pretensión penal reclamada por el Estado, con
    la consecuente responsabilización y sanción penal.
  6. Es así que iniciada la instrucción, la teoría fiscal fue puesta en conocimiento de los
    denunciados para el acceso de ensayo a la debida defensa legal que mandata la ley en
    mérito a los principios de probidad y buena fe en la litigación; permitiéndoles entonces
    poder articular su defensa, conociendo de antemano toda la información producida,
    participando de ella con propuesta de diligenciamiento al rescate de información de valía;
    conociendo los extremos que hacen al delito o delitos que se le pretendan comprobar, para
    así determinar la pertinencia de información de calidad que corrobore la postura de cargo
    de la fiscalía, de los denunciantes y de los denunciados con la que procuren hacerse valer.
  7. Dicho esto; las evidencias en cuya búsqueda se embarque la investigación; han de
    quedar enmarcadas en la comprobación de la conducta dolosa de los imputados, que
    conlleve un “abuso del cargo” (constatando hechos que supongan, desvío, abuso o exceso
    del poder público), la identificación y naturaleza típica del “acto arbitrario” y el potencial
    ”perjuicio de la Administración o de los particulares”, siguiendo el carácter como se dijo,
    residual del reato, su conducta de peligro y que “no se halle especialmente previsto en las
    disposiciones del Código o de las leyes especiales”.
  8. En este sentido; es preciso decir que si bien se han detectado e identificado en el marco
    de la indagatoria desarrollada, irregularidades de naturaleza administrativa, vinculadas
    fundamentalmente a incumplimientos de normas del TOCAF, la primera conclusión a la
    que se ha podido arribar, luego de su pormenorizado análisis y ponderación, es que las
    mismas no constituyen per se conductas penalmente reprochables. } Ello por cuanto: – Las
    reiteraciones de gasto operadas se encuentran previstas en el propio artículo 211 literal B)
    de la Constitución, y resultan, por lo menos en los casos analizados, como parte de
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
  9. Es por ello que el presunto delito que se atribuye a los imputados debe ser distinguido de
    cuestiones bien distintas como el orden administrativo, jurisdiccional administrativo o de
    responsabilidad política. Esto implica que, aunque pudiere existir responsabilidad de los
    gobernantes por los actos cometidos o decisiones que se adopten en la vía administrativa, la
    decisión sobre los elementos que llevan a la existencia de un posible reato penal no pueden
    ser la réplica de aquellos aspectos que le son ajenos. Porque no solo son vías
    independientes que conllevan posibles decisiones adversas, las unas a las otras, sino porque
    además el delito previsto en el art. 162 del Código Penal, se compone de aspectos
    administrativos que hacen a la descripción de la materia prohibida; pero que tan luego, han
    de ser encastrados en el modelo previsto y atribuido a una intención (vista esta como
    voluntad inteligente) de realización de los aspectos que hacen al tipo de injusto.
  10. Porque el abuso innominado de funciones se castiga a título de dolo directo (en algunas
    circunstancias pudiere admitirse el dolo eventual) lo que requiere en sus autores la
    conciencia y voluntad de realizar la conducta antijurídica. Conciencia como elemento
    intelectivo del comportamiento que lleva ínsito la voluntad de realización y que supone el
    procesos de contratación administrativos de estilo, que no permiten concluir la existencia
    de abuso, exceso o desviación de poder atribuible en forma intencional a los imputados.
    Incluso, en alguno de los casos, los actos administrativos fueron ratificados por Presidencia
    de la República, o dictados por ésta. – Las contrataciones cuestionadas fueron cumplidas,
    esto es, los servicios o suministros prestados, por lo tanto, las necesidades de la
    Administración no se vieron vulneradas. – En aquel caso donde pudo verificarse un
    incumplimiento manifiesto del proveedor (Llamado a Comparación de Precios N.º
    07/2014), se procedió en forma inmediata a la rescisión parcial, lo cual deviene en un
    actuar diligente de la autoridad administrativa, buscando evitar un mayor perjuicio para la
    Administración; sin perjuicio de señalar que además el procedimiento se enmarcaba en un
    convenio específico con BID. – Así constatadas irregularidades administrativas, tampoco
    resultan imputables a los denunciados, B. L. y L. K.;enmarcándose los actos dictados en el
    proceso de transición entre la Dirección Nacional de Deporte y la Secretaría Nacional de
    Deporte, en el segundo semestre del ejercicio 2015,
    que involucran al Prof. F. C. y al Arq. D. D.. Pero incluso, estos hechos relevantes
    administrativamente han sido ratificados con razón de fundamentos que expresaron ambos
    en sus correspondientes declaraciones.
    conocimiento de que se está ejecutando el delito específico, y voluntad como aspecto que
    hace al impulso de la acción en la que se dirige el querer de ella. En el marco de la teoría de
    la acción, por la primera se representa el evento hacia el cual se dirige el querer y por el
    segundo, el impulso de esta voluntad consciente de realización. Ya sea que se persiga una
    concepción causalista de la culpabilidad, donde el dolo o intención de realizar el tipo penal,
    se encuentra dentro de la culpabilidad (y entonces su apreciación no es una cuestión de
    tipicidad, sino de culpabilizar la conducta); o finalista de ella; que incluye la porción
    acromática de la intención que emigra y se coloca en la descripción típica de la acción
    (dolo típico/tipo doloso); el proceso analítico se coarta o bien a nivel de la “tipicidad”
    descartando la existencia subjetivamente descriptiva del tipo; o bien se mantiene la
    existencia del injusto, pero no puede ser culpabilizado, pues no se verifica la
    “culpabilidad”. En ambos casos la consecuencia es la no punibilidad y con ello la
    prescindencia de todo juicio o reproche de responsabilidad penal para la adscripción de una
    pena. Lo que no exonera de otras resultancias foráneas al ámbito de lo punible.
  11. En mi opinión, el examen de subsunción de las conductas llevadas a cabo por los
    denunciados, deben ser analizadas exclusivamente desde el tipo penal. En este sentido
    entiendo que “no han cometido delito alguno” y particularmente el “abuso innominado de
    funciones”. No solo por la valoración jurídico penal que se realiza de cada uno de los
    aspectos que componen al ámbito de la ilicitud (o marco de la conducta prohibida) sino al
    “conocimiento” (ni siquiera aún la comprensión) de ella por el que se impulsa la voluntad
    realizadora del delito.
  12. Pese la residualidad que inviste al delito establecido en el art. 162 del Código Penal, no
    se ha advertido en el contexto de la teoría del caso desarrollada, la realización de otro tipo
    penal comprendido en el Código Penal (dentro o fuera de los delitos contra la
    Administración Pública) o leyes especiales, por lo que el estándar de verificación se halla
    en la figura denunciada y comunicada a las partes como objeto de instrucción. El tipo del
    abuso exige el ejercicio de un “abuso del cargo” (actuación con separación, abuso o exceso
    del poder público funcional) el ordenamiento o comisión de “un acto arbitrario” realizado
    “en perjuicio de la Administración o los particulares” con el carácter residual aludido antes.
    Y para obrar “con dolo de realización” debe el agente conocer conscientemente que realiza
    la conducta prohibida (ni siquiera aún en este estadio, le es exigible la comprensión o
    desvalorización de las razones de la ilicitud). 11. Tener conciencia del obrar, es actuar con
    La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
    conocimiento de voluntad (consciente) realizadora, es decir; el sujeto sabe que está
    abusando de su cargo, que está cometiendo u ordenando la realización de un acto
    (arbitrario) y sabe también que ello implica un probable peligro de verificación del
    perjuicio moral y/o económico tanto para la imagen de la Administración, cuanto para los
    particulares. Pero ocurre que, como el carácter de los elementos del tipo penal, exigen no
    solo una descripción objetiva, sino un sentido de significación puesto que debe conocerse
    qué es en términos jurídicos el abuso del cargo que al mismo tiempo conlleva la
    verificación objetiva del acto arbitrario (sinalagma funcional que vincula el abuso con la
    arbitrariedad); determina que la intención deba ser valorada por el sujeto, es decir; que
    debe conocer, pero también comprender que lo que está haciendo involucra un acto de
    exceso o desvío del poder funcional y que con ello, comete un acto reñido con la
    arbitrariedad. El dolo de tipo y de culpabilidad, se fusionan ya que en este delito aparece
    hartamente difícil escindir la voluntad de querer el delito con la comprensión de su
    antijuridicidad. Cuanto mayor son los términos de comprensión de los aspectos que hacen
    ilícita la conducta, mayor es el rango de exigencia para determinar la intención dolosa y la
    valoración que el sujeto realiza del carácter ilegal de la conducta.
  13. En definitiva, y por todo lo expuesto anteriormente, este Fiscal procederá al archivo de
    estas actuaciones, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 del Código del Proceso Penal,
    por entender que los hechos denunciados (pese a que pudieren constituir, en algunos casos
    de los historiados, irregularidades de naturaleza administrativa); no constituyen delito
    pasible de reproche penal.
    Montevideo, Agosto 12 de agosto de 2022.
    Fiscal solicitante: GILBERTO CARLOS RODRIGUEZ OLIVAR