LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA AL SINDICATO UNICO DE POLICIAS DE URUGUAY.

LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA AL SINDICATO UNICO DE POLICIAS DE URUGUAY.

El sindicato policial emitió un comunicado.

A los señores legisladores, autoridades y medios de prensa en general.

Hace 6 meses que el SUPU está bajo intervención por resolución del Ministerio de
Educación y Cultura que dispararon nuestras denuncias por irregularidades en el
funcionamiento natural del sindicato.







Denuncias que realizaron el Presidente y Vicepresidente de la organización en virtud
de los reiterados desacatos por parte un dirigente electo, y varios designados, a las decisiones
que la Comisión Directiva tomaba conforme a las facultades y competencias estatutarias.

Estos desacatos a las resoluciones legítimas de la Comisión Directiva eran de orden
administrativo, pero también de orden económico, lo que era claramente inadmisible dentro
de una organización y, en especial, dentro de un sindicato.

El Ministerio de Educación y Cultura entiende que hay mérito en los elementos
aportados en las denuncias para intervenir el SUPU. Y desde allí las sorpresas no pararon de
sucederse.

Creímos que la intervención, ya no es su informe final, corregiría ciertos manejos de
los recursos económicos, en horas libres remuneradas (licencias sindicales) y manejo
administrativo, pero no solo no pasó sino que vino a consolidar en los meses pasados las
prácticas que motivaron las denuncias.

Los interventores tienen como mandato expreso del Mismísimo Ministro de Educación
y Cultura Pablo Da Silveira de: 1) dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en dos asambleas
simultáneas realizadas por fuera de las formalidades estatutarias, así como cualquier resultado
electoral convocado por las mismas, conformar adecuadamente el padrón social, 3) convocar a
Asamblea General y elecciones en forma estatutaria, con las garantías debidas para todas las
partes, sin perjuicio de asumir todas las potestades y obligaciones derivadas del ejercicio del
fin social.

Las resoluciones de las asambleas quedaron sin efecto, así como las cuestiones
electorales derivadas. Sobre el padrón social, nada se sabe más que la exclusión ilegítima y sin
proceso correspondiente del socio, militante y dirigente del compañero Miguel Barrios.

Denuncia presentada el 16 de agosto del 2022, ante el Mec. En cuanto a la conformación del
padrón social, ni noticias hemos tenido.

Tampoco hemos tenido noticias de una fecha para la asamblea de cara a iniciar el
proceso electoral, los recursos económicos del sindicato se le giran a los integrantes de la lista
3, pero no así para los integrantes de la lista 11. La distribución de las horas libres
remuneradas (licencia sindical) de un total de 2800 horas sindicales, los interventores dieron
2000 horas a la lista 3 y 800 a la lista 11.

Y nos preguntamos; éstas son las garantías debidas a las que hacía referencia el
Ministro Da Silveira? Creemos que no se han cumplido con los objetivos que el ministro
determinó como deber para los interventores. En la gestión, de la que son responsables,
durante estos 6 meses, no ha habido diálogo, informes, o reuniones de ningún tipo, todo a
sido una suerte de política de exclusión para con los integrantes de la lista 11.

Una luz de esperanza fue la resolución del Director de Asuntos Constitucionales,
Legales y Registrales cuando, por junio, realizó determinadas sugerencias como bajar a ciertos
integrantes de la lista 3 que además de estar entre las personas denunciadas por sus manejos,
al frente del manejo económico de las cuentas del sindicato.
Luego ciertas observaciones en respuesta a una denuncia que hicimos de la única
asamblea que se realizó, meramente para seguir trancando el proceso de vuelta a la
normalidad, donde dejó claro el Director que su criterio habría sido muy diferente al que
tomaron los interventores.

Sugirió que llegáramos a un acuerdo para los recurso y las horas sindicales, así lo
hicimos con propuesta escrita enviada el // con una propuesta para una distribución equitativa
de los mismos por razones de gestión, pero también de cara a una eventual campaña electoral.

Ese mail enviado por nuestra lista 11 a los integrantes de la lista 3, no tuvo respuesta
alguna, pero desde la 11 hemos demostrado voluntad de acordar, actuación de buena fe, y
paciencia, sobre todo paciencia para soportar primero las injusticias realizadas por algunos
integrantes de la otra lista y ahora por las decisiones de los interventores.

Se dijo que todas las decisiones previas a la intervención eran válidas y que no se podía
innovar, posteriormente a la intervención, ni en cargos, ni en gastos. Sin embargo el ex Srio.
General desplazado por la intervención aparece con un cargo de “Secretario de Ocupación” y
cobrando 23.000 pesos mensuales, lo que solo pudo ocurrir por acción de los interventores.

Otras personas figuran cobrando viáticos del dinero de los socios en cargos de los
cuales, en su momento, dijimos que no iban más, lo mismo con gastos que desde la Comisión
Directiva resolvimos que no se continuaran. Ni eso han cambiado, se profundizó el descontrol.

En el Ministerio de Educación y Cultura yacen los expedientes de las denuncias, no
éstas sino otras, contra las mismas personas por persecuciones a otros dirigentes por exigir
cumplimiento de formalidades o en ocasiones mera información en su calidad de fiscales
nacionales (2012), no logrando incluir el número de expediente en este comunicado, debido a
la falta de profesionalismo de quien se encarga de los registros en la oficina que corresponde y
el Ministerio de Educación y Cultura, lo dejó pasar.

Las mismas personas, que por 2019 tuvieron que dejar los cargos por violar los plazos
máximos para la reelección, que no entregaron los cargos en 2018 (Exp 2018-11-000-2672) a la
lista 20 que obtuvo un cargo en Directiva y un cargo en Comisión Fiscal, y el Ministerio lo dejó
pasar. Se proscribió a uno de los principales integrantes de la lista 20, y el Ministerio de
Educación y Cultura de aquel entonces, lo dejó pasar.

Tres veces iniciaron procesos de exclusión a ese mismo compañero (Miguel Barrios) en
tres oportunidades, y el Ministerio de Educación y Cultura, en virtud de las denuncias que ese
compañero presentó, declaró nulos todos los intentos de expulsión. Y el Ministerio de
Educación y Cultura, lo dejó pasar.





En medio de todo esto, miles y miles de pesos de los socios que siguen siendo
manejados por personas que no estaban legitimados para seguir en sus cargos (2018) o
desplazados por la intervención (2022) siguen desgastando al SUPU y el Ministerio de
Educación y Cultura, lo está dejando pasar (Exp. 2021-11-0001-3525 y 2022-11-0025-1069).

Desde la lista 11, vamos a esperar el informe final de la Intervención, pero tanto la
actuación de los abogados, las acciones de los integrantes que, bajo intervención, hayan hecho
un uso indebido de los recursos o viáticos, así como los incumplimientos que de esos manejos
resulten o los pagos fuera de los límites estatutarios y de las competencias van a ser objeto de
acciones sindicales de fuerza y de judiciales administrativas, civiles y penales como lo
establecen los estatutos.

INTEGRANTES Y MILITANTES DE LA LISTA 11.